Tres nuevos fallos condenan al estado en la demanda de judiciales.

La Cámara Contencioso Administrativa dictó tres nuevos fallos relacionados con el reclamo de magistrados y empleados judiciales por la mejora salarial que el Superior Tribunal les denegara en 1991.
Las sentencias, en todos los casos, son adversas para el Estado, al igual que la que ya diera a conocer el mes pasado el Superior Tribunal ad hoc que resolvió el primer reclamo sobre el tema.

Como se preveía, la Cámara no se apartó del criterio sustentado por el STJ ad hoc, y en sus resoluciones también planteó que en el ’91 el Superior Tribunal debió haber extendido al resto de la estructura judicial el aumento de más del 100% que se dieron los ministros de ese órgano.

Aquella vez, las autoridades del Poder Judicial se duplicaron los ingresos mediante la creación de un “suplemento” que consideraron quedaba al margen del régimen de porcentualidad que beneficiaba a jueces inferiores, funcionarios y empleados.

Bola de nieve

Como ya había sucedido con una situación similar ocurrida en 1985 (que se resolvió en 1998, también condenando al Estado), el polémico aumento del ’91 originó una demanda salarial masiva que ahora representa para el erario público una impactante bola de nieve. La magnitud del aumento denegado en su momento, más la generosa actualización que deberá hacerse de las sumas no abonadas, hace pensar que la provincia terminará teniendo que afrontar una obligación financiera descomunal, que algunos sitúan por encima de los 1.000 millones de pesos.

En el juicio por el conflicto salarial de 1985, el Estado tuvo que abonar más de 100 millones de pesos a jueces, funcionarios y empleados judiciales, aunque el proceso se resolvió en menos tiempo (trece años, contra 18 que demoró en dirimirse la segunda demanda) y el aumento denegado era muy inferior (un 25 por ciento, la cuarta parte del aumento que dio lugar al juicio actual).

Los tres fallos de la Cámara involucran tanto a jueces como a funcionarios y agentes de la justicia provincial. Un expediente beneficia a Osvaldo Néstor Fleitas, Elba Dolores Páez, Leonardo Martín Zossi, Orlando Roberto Barrera, María Norma Robledo, Eduardo Elías Maskarinec, María Blanca Zacarías, Ana Albertengo, María Josefa Maina, Inés Justina Minich, Susana Irene Carvallo, María Eulogia Díaz, Juan Manuel Romero y Roque Rolando Ruiz. Una segunda causa fue promovida sólo por Ana María Piedra de Portal, y la tercera a Sandra Isolina Kleisinger y Patricia Mayer.

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