Tres frentes preocupan al Ejecutivo y a la Justicia

Todavía está pendiente de resolución si la Corte Suprema concederá los recursos interpuestos en la causa sobre la reforma constitucional. Viernes de elecciones.
La semana que comienza hoy será intensa y no necesariamente por la proximidad del fin del año. En materia institucional, tres serán los frentes que, seguramente, acapararán el interés de los poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia.

En primer lugar, aún está pendiente que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la admisibilidad de los recursos extraordinarios federales deducidos por el Colegio de Abogados y, principalmente, por el Gobierno contra la histórica sentencia que aquella pronunció el 8 de setiembre.

La decisión de la Corte es importante, porque ella tiene que determinar si están dados los requisitos para que la Corte Suprema de la Nación revise el fallo que, al haber hecho lugar parcialmente a la demanda de los letrados, declaró nulas e inconstitucionales varias disposiciones de la Carta Magna reformada en 2006; entre ellas, nada menos que la que facultaba al Poder Ejecutivo a organizar -por decreto- el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), órgano previsto para la selección de los jueces inferiores.

En el plano estrictamente procesal, la Corte debió ser integrada con Salvador Ruiz, vocal de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, por un supuesto empate entre los otros cuatro miembros (Antonio Gandur, René Goane, Alberto Brito y Ebe López Piossek) sobre la procedencia del recurso interpuesto por los letrados. Estos sólo cuestionan el punto de la sentencia relacionado con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Hasta ahora, sólo el Colegio de Abogados consintió la integración con Ruiz, pero no el Gobierno (el demandado), aunque históricamente no ha sido costumbre del Estado o de quien lo representa recusar magistrados -menos aún sin causa-, cosa que sí suelen hacer los litigantes particulares, por ejemplo, por enemistad con un juez, algo que no se concibe respecto del Estado. Entonces, primero debe quedar firme si, finalmente, Ruiz intervendrá.

Una ley muy cuestionada

Si la Corte rechazara el recurso del Gobierno, amén de que este podrá insistir con una queja, se fortalecerá el criterio sostenido en la sentencia del 8 de setiembre por la mayoría (Gandur, Goane y López Piossek), según el cual sólo fue anulada la integración del CAM por decreto del PE, pero no la exigencia de que los jueces sean seleccionados por concursos. Esto tiene relación con el segundo tema relevante de la semana: el concerniente a la Ley 8.136, que, contrariamente, posibilita que los poderes políticos designen directamente jueces interinos sin ningún mecanismo de selección que permita constatar la idoneidad o antecedentes jurídicos de los postulantes para los diferentes cargos.

Precisamente, el ciudadano Alfredo Gómez y el Colegio de Abogados -por separado y por vías procesales diferentes- requirieron a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordene una medida cautelar que suspenda el mecanismo establecido por la Ley 8.136, porque contraviene la previsión constitucional de la celebración de los concursos públicos o el criterio de la mayoría de la Corte, según argumentó la entidad profesional. Esta delicada situación está también pendiente de resolución.

El tercer tema es la efervescencia que generó en Tribunales que el próximo viernes, después de casi una década, vuelva a haber elecciones internas en la Asociación de Magistrados. Esto, a raíz de que irrumpió un sector denominado “Compromiso”, que postula a López Piossek para la presidencia, y que se opone a la conducción del oficialismo, que promueve a Ester Valderrábano de Casas (lista “Justicia y democracia”) para igual cargo. Aunque no fue el único, el episodio que desencadenó la ruptura fue, precisamente, el anteproyecto que un grupo de ochos jueces presentó al vicegobernador, Juan Manzur, y que sirvió de base para que la Legislatura sancionara la polémica Ley 8.136. Esto permitió que el gobernador, José Alperovich, aprovechara y dijera que la norma respondía a lo que habían solicitado los magistrados, lo que avivó más aún las discrepancias internas.

“No buscamos deteriorar al Gobierno”

El viernes, durante su asunción como nuevo presidente del Colegio de Abogados, Eudoro Aráoz, fue terminante: “el principio de la independencia del Poder Judicial es inclaudicable, ya que hace a la esencia del sistema democrático y republicano de división de poderes”. No obstante, también dirigió un claro mensaje al gobierno de José Alperovich. “no buscamos un enfrentamiento ni pretendemos su deterioro. No pretendemos desplazarlo del poder ni disputárselo, porque reconocemos su legitimidad de origen y, como no puede ser de otra manera, respetamos el veredicto popular. Tampoco estamos sometidos a intereses políticos subalternos ni somos un grupo de presión”, precisó.

En el auditorio de la entidad, que estaba colmado, el letrado concretó un emotivo llamado. “Frente a las circunstancias en que nos toca vivir, los hombres tenemos dos alternativas: las aceptamos resignadamente, mansamente, pensando que son realidades inmutables e inconmovibles, o luchamos para modificarlas y para hacer del ámbito que nos rodea un lugar mejor, digno de ser vivido, confortable, que nos contenga y que nos permita desarrollarnos en la búsqueda eterna e inconclusa de la felicidad. Nosotros preferimos la segunda alternativa, que le da sentido a nuestra existencia. Para tal tarea contamos con la extraordinaria herramienta del diálogo, instrumento fecundo para zanjar las diferencias entre los seres humanos”, subrayó.

Aráoz insistió en la misma idea: “les ofrecemos al gobernador y al Poder Legislativo nuestra colaboración, nuestra mano tendida en la búsqueda de las soluciones que la Justicia requiere. Les decimos también que, escuchando el pedido de nuestro obispo, monseñor Luis Villalba, estamos dispuestos al diálogo que nos permita construir consensos para superar el estado de colapso existente en nuestros Tribunales. Siempre encontrarán en nuestro Colegio, atento su carácter de auxiliar de la Justicia, un aliado permanente en la construcción de más y mejor institucionalidad”.

Del acto participaron René Goane, vocal de la Corte Suprema; los magistrados federales Raúl David Mender y Daniel Bejas; el rector de la Unsta, Juan Carlos Veiga; los decanos de las facultades de Derecho de la UNT, José Luis Vázquez, y de la Unsta, Gilda Pedicone, y el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Carlos Andreucci. En cambio, no asistió nadie del Gobierno.

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