Tres denuncias contra Ríos por el casamiento gay

Las demandas fueron impulsadas por la fiscal Karina Echazú y por los abogados Demetrio Martinelli y Alejandro de la Riva. Por ello, la Justicia solicitó ayer al Poder Ejecutivo toda la documentación vinculada con el decreto que ordenó la realización en Ushuaia del primer matrimonio de personas del mismo sexo.
La Justicia fueguina dispuso ayer formalizar ante el Poder Ejecutivo provincial un requerimiento de presentación de toda la información vinculada con las actuaciones administrativas que posibilitaron que la pareja integrada por Alejandro Freyre y José María Di Bello contrajera matrimonio ante el Registro Civil de Ushuaia. Esta diligencia se concertó en Casa de Gobierno, la Jefatura de la Policía Provincial y las oficinas de la Dirección del Registro Civil.

Esta actuaciones se dieron en el marco de la investigación iniciada por el requerimiento de instrucción impulsado de oficio por la fiscal Karina Echazú y las denuncias formuladas por el convencional constituyente fueguino (MC) y ex legislador provincial por el MPF Demetrio Martinelli y el abogado Alejandro de la Riva ante el Juzgado de Instrucción a cargo del doctor Javier de Gamas Soler, pero que por excusación de éste recayeron sobre el juez en lo Civil y Comercial Alejandro Fernández.

La excusación del Juez de Gamas Soler se fundó en el hecho de que el magistrado había sido objeto, tiempo atrás, de un pedido de jury presentado entre otros por la actual mandataria provincial, circunstancia ésta que ya había motivado el apartamiento del juez en otra causa en las que se encontraba involucrada la Gobernadora.

Según la información a la que pudo acceder EDFM, la primera de las denuncias presentadas fue la de la fiscal Karina Echazú; posteriormente la de Martinelli, las que se formalizaron el último día hábil del año pasado, y a las que ayer se sumó la de De la Riva.

Demetrio Martinelli confirmó ayer a este medio su denuncia, la que dijo apunta contra la gobernadora Ríos; el secretario de Comunicación Institucional, Leonardo Gorbacz; la Secretaría legal y Técnica, Eleonora Di Maio; el titular del INFUETUR, Pablo Pfurr; los funcionarios del Registro Civil que intervinieron en el casamiento; el titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Claudio Morgado, y contra Freyre y Di Bello.

Indicó que en la presentación solicita se investigue la posible comisión de una importante y variada cantidad de supuestos delitos, entre los que enumeró el incumplimiento de deberes de funcionario público; instigación a cometer delito; delitos contra el estado civil; matrimonio ilegal; falsedad ideológica de instrumento público; malversación de caudales públicos, asociación ilícita y violación a la ley antidiscriminatoria, en los que los denunciados tendrían diversa responsabilidad, en función del rol que jugo cada uno de ellos en la concreción del primer matrimonio gay.

Para el denunciante, la determinación adoptada por la titular del Ejecutivo provincial reviste una "trascendencia institucional de la máxima gravedad", por cuanto se estaría ante "una maniobra tendiente a que gente que no se podía casar en su lugar de domicilio se case en otra parte, y para ello se recurrió a una sentencia que no es aplicable en esta jurisdicción, que no está firme porque que está apelada ante la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y que además está suspendida en sus efectos por una resolución dictada por un Juez Federal con competencia específica en materia Civil". Interpretó que con esta decisión "la Gobernadora pretendió legislar sobre derechos de fondo. Es decir, lo que no pudo cambiar como diputada nacional pretende imponerlo como Gobernadora por decreto". Martinelli evalúo que con esta conducta Ríos también excedió el marco jurisdiccional del cargo que ocupa, por cuanto "interpretó si es valido o no el Código Civil que es una facultad que corresponde únicamente a los jueces", lo que implica una clara afectación al principio de división de Poderes que da sustento al sistema de Gobierno que rige por Constitución en la Argentina, y por ende en Tierra del Fuego.

Martinelli precisó que el fallo argumentado para dar sustento a la decisión de la Gobernadora tenía alcance únicamente para el Registro Civil de la Cuidad de Buenos Aires en la que Freyre y Di Bello pretendieron concretar el matrimonio, "por lo que hay ninguna decisión judicial vigente en la Provincia que sostenga que el artículo 172 del Código Civil esta suspendido", con el agravante que, a su entender por expresa disposición política de la Gobernadora se violentó también la normativa que regula el trámite de casamiento, que establece que "la autorización (para el enlace) debe ser peticionada (ante el Registro Civil) con 10 a 15 de antelación, para dar plazo a la gente a que pueda presentar alguna oposición, si alguien considera que existe algún impedimento legal para que ese matrimonio se realice". Derecho este que no pudo ser ejercido por ningún habitante de la provincia por el marco de reserva con que desde el Ejecutivo se manejó el tema, lo que vulnera también el principio republicano de publicidad de los actos de Gobierno.

Demetrio Martinelli no descartó, incluso, la posibilidad de que se configure el delito de asociación ilícita, habida cuenta la cantidad de funcionarios públicos, de diferentes dependencias, que habrían tenido intervención en esta cuestión.

Cambio de domicilio bajo la lupa

Una de las diligencias concretadas ayer por la Justicia parece estar apuntada a determinar cómo se concretó el cambio de domicilio a Ushuaia de Freyre y Di Bello, o por lo menos de uno de ellos, para intentar cumplir así con ese requisito ante el Registro Civil de la Capital Provincial. De allí el requerimiento de información formalizado ante la Jefatura de Policía.

De acuerdo a la información extraoficial a la que accedió este medio, ningún efectivo de la fuerza habría certificado que Freyre y Di Bello habitaban en la dirección que denunciaron como su domicilio en Ushuaia. Ello en función de que entre el 20 y el 24 de diciembre pasado, un funcionario del Poder Ejecutivo –que según trascendió habría asumido recientemente en su cargo– se habría comunicado telefónicamente con la Secretaría General de la Jefatura para indicar que se ordenara se extendiera, sin mayor trámite, el certificado de domicilio en cuestión, orden que habría sido impartida a un suboficial de la fuerza.

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