Por: Juan Alfaro.

En una rueda de prensa desde la Quinta de Olivos, ayer el presidente, Alberto Fernández, junto a Cristina y varios gobernadores del país anunció el plan para negociar la deuda pública del país. El marco de la pandemia mundial por el Coronavirus y la cuarentena que rige en el país, cambiaron completamente el escenario.

El ministro Economía de la Nación, Martín Guzmán fue el vocero de la oferta del país a los acreedores, que todavía no aceptaron. Los pagos se retomarían recién en 2023 –tres años de gracia- con un cupón de interés de 2,33 por ciento. "Hay consenso de que Argentina hoy no puede pagar nada", dijo el funcionario nacional.

"Esto es una suerte de default virtual. Quisimos que todos entendieran que tenemos un compromiso común de salir de esta situación", dijo Alberto Fernández.

En ese marco, con el gobernador, Axel Kicillof que anticipó en varias oportunidades que la estrategia bonaerense con la deuda será “seguir los pasos de Nación”, ahora se espera por la propuesta que la Provincia le hará a sus acreedores.

Según pudo saber CRONOS por altas fuentes de Gobernación, la “Provincia va a presentar su oferta en los próximos días, con el mismo marco analítico que la Nación”.

“Continúa el diálogo con los acreedores en busca de una salida consensuada”, agregaron.

El 6 de abril, el gobierno bonaerense presentó un documento titulado “Marco para la sostenibilidad de la deuda pública”, que hizo el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia presidido por Pablo López. “La provincia de Buenos Aires está atravesando una aguda crisis económica y social”, advirtieron en ese texto.

En esa línea, el Gobierno provincial insistió en que la “deuda pública es insostenible” y adelantó que la estrategia de reestructuración se basará en “consensuar un período de gracia de magnitud suficiente para que la Provincia pueda volver a retomar un sendero de crecimiento”.

Además, resaltan que “los objetivos fiscales” se plantearán “considerando la crítica situación social y de infraestructura”. En este punto, el compromiso es no reducir más los gastos fijos y esenciales y tratar de no perjudicar la inversión directa.

En el documento, se destacó que la deuda elegible bajo legislación extranjera para reestructurar es de 7.148 millones de dólares.