A más de dos meses de la declaración del testigo Mario Hernán Mitre, quien reveló que autoridades del Poder Legislativo mantuvieron en un depósito de su propiedad los recibos de los “gastos sociales”, los detalles de ese supuesto traslado se mantienen en reserva.

Por eso, el legislador radical Eudoro Aráoz, quien tramita una demanda para que se difunda quiénes fueron los beneficiarios de los millonarios subsidios repartidos en el año electoral, le envió ayer una nota formal al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para que brinde informes sobre la presunta manipulación de los comprobantes.

Como el presidente de la Legislatura se encuentra en uso de su licencia anual, el requerimiento debería llegar al despacho del titular subrogante del cuerpo colegiado, el legislador oficialista Julio Fabio Silman. 

En el escrito, Aráoz recordó que en noviembre pasado, cuando Mitre se presentó a declarar ante el fiscal federal N° 1, Carlos Brito y evidenció la supuesta operatoria con los recibos, ya le había enviado una nota a Jaldo requiriendo explicaciones. “Esta nueva solicitud se funda no sólo en esta falta de respuestas, sino también en la negativa de las autoridades del Poder Legislativo a cumplir con la medida cautelar dictada por la Sala II en lo contencioso administrativo, que designa como depositario judicial de esa documentación al vicegobernador”, remarcó el legislador radical.

Una declaración clave

El 10 de noviembre, Mitre declaró en la Justicia Federal que, entre el 25 y el 27 de agosto-días después de la derogación de las “ayudas sociales a personas- fue contactado por un funcionario del Poder Legislativo para que le alquilara un local de su propiedad, ubicado en calle Corrientes 45. En su declaración, a la cual accedió LA GACETA, Mitre aseguró que celebró un “contrato verbal” con la Cámara en ese momento, a cambio de $ 5.000 mensuales. 

El comerciante añadió ante el fiscal federal que, días antes de su declaración, había observado desde una ventana lateral del depósito, varias cajas de cartón que tenían la leyenda “Año 2015 - subsidios Legislatura”. Ante esto, Mitre hizo constatar con escribana la situación y se presentó como testigo en tribunales. Además, aportó recibos de pago por el alquiler en los que consta la supuesta firma del subtesorero legislativo, Diego de Piero, y de una persona identificada como Ricardo González (no consta si ocupa algún cargo público).

Aráoz, en la nota presentada ayer, insistió para que las autoridades de la Legislatura den alguna explicación oficial sobre la llamativa operatoria. “Solicito que se acredite (...) qué funcionario tomó la decisión (...), si se dejó constancia de la documentación trasladada, (...) y día y horarios en que se produjo”, señaló el legislador radical.

El opositor plantea una demanda ante el fuero contencioso para acceder al detalle de los beneficiarios de los $ 615,6 millones ejecutados como gastos sociales en 2015. Alega que, como se trata de información pública, la Legislatura debe exponer esa documentación.