Una tregua con el campo para evitar la pesadilla perfecta.

Por: Carlos Pagni.

Néstor Kirchner no debió esperar a los encuestadores que le mostrarían, el miércoles pasado, cómo la suerte electoral del Gobierno dependerá de su ductilidad para alcanzar una tregua con el campo.

Dos noches antes había autorizado una gestión reservada de Julio De Vido para una negociación con la dirigencia rural.

La intención es sentar a la mesa a los líderes agropecuarios con la excusa de un acuerdo económico social con todos los sectores.

La estrategia fracasó el año pasado, cuando se quiso aplicar al conflicto por las retenciones móviles. Con mucho menos poder, es posible que Kirchner encuentre más dificultades. Pero el ensayo se realizará igual, hasta fines de febrero.

Para que nadie aparezca cediendo, el Gobierno prefiere que otros empresarios sirvan de nexo con la "oligarquía destituyente". La misión inicial se le encomendó a Jorge Brito, el presidente de Adeba. También aquí se repite la historia: Brito intentó, en lo peor de la guerra del año pasado, mediar con Luciano Miguens, que presidía la Sociedad Rural (Bruno Quintana ofreció los salones del Jockey para los encuentros).

Brito, que anoche reunió en su chacra de Punta del Este a industriales y banqueros, se acercó la semana pasada a Hugo Luis Biolcatti, el sucesor de Miguens. Paradoja para los ejercicios intelectuales del grupo Carta Abierta: ¿por qué el interlocutor preferido del Gobierno es el presidente de la Rural? "Es directo, cumple, le tenemos confianza", dicen en la Casa Rosada. El aprecio por Biolcatti es la otra cara del odio que le tienen allí a Eduardo Buzzi, de Federación Agraria.

La pretensión oficial es, por lo menos, tener un canal de diálogo con el campo. No se trata sólo de una jugada electoral. El festival de anuncios corre el riesgo de parecer un ritual autista cuando la recesión comienza a estragar la economía. Si además, en medio de la crisis, se reproduce el estallido rural del año pasado, la pesadilla es perfecta.

El objetivo de Kirchner lleva el sello de su voluntarismo. El Gobierno ya debe estar al tanto de las condiciones de Biolcatti para cualquier aproximación. En principio, no participará de negociación alguna sin el resto de la Mesa de Enlace. Tampoco irá a una reunión multisectorial si antes no se satisfacen los reclamos de los productores: "Nosotros debemos interpretar a una legión que presiona desde la base", explican en la Rural. El inventario de exigencias es conocido: retención cero para los granos -con excepción de la soja- y las economías regionales; un programa de aliento a la ganadería y la lechería, con mejora en el precio que reciben los tambos; eliminación de las restricciones a las exportaciones, lo que incluye derogar los superpoderes de la Oncca. A esta agenda se le agrega un drama coyuntural: la terrible sequía, que requiere de incentivos fiscales para los chacareros y suspensión de las ejecuciones bancarias.

Para la soja el campo podría aceptar una reducción progresiva de retenciones. El precio sigue recuperándose. El viernes pasado subió 5% y llegó a 388 dólares por tonelada. Nada que festejar: uno de los factores del aumento es la sequía argentina y brasileña. En consecuencia, mejorarán los ingresos de quienes no vendieron su cosecha de 2008, pero bajará el volumen producido este año.

El brote dialoguista del Gobierno es tardío y entusiasma poco. "Podemos sugerirles las medidas, ellos pueden anunciarlas y nosotros, en ese caso, iremos administrando la tregua; pero fotos, no", dice uno de los dirigentes rurales.

Danza de candidatos rurales

Sin embargo para el plan electoral de Kirchner la aproximación se hace indispensable. La clase media de los grandes centros urbanos ya se inclinó hacia la oposición en 2007. Por eso el PJ del interior depende de los votos agrarios. Es inimaginable que los productores bendigan a los Kirchner. La guerra a muerte del año pasado arruinó ese vínculo. Pero el matrimonio podría aspirar a que, al cabo de varias concesiones, la discusión agropecuaria deje de ser el eje de la campaña en las provincias. Sólo sobre esta hipótesis puede esperar algo de candidaturas como la de Carlos Reutemann.

El Gobierno debería desconfiar de la neutralidad electoral del campo. No sólo Eduardo Buzzi especula con presentarse como candidato. La jerarquía de la Rural ejerce sobre su ex presidente Miguens una presión insoportable para que integre las listas del Pro en la Capital Federal.

No conforme con eso, Biolcatti envió una carta de fin de año a sus asociados aconsejándoles: "Debemos postularnos también como fiscales de mesa. Si no estamos dispuestos a dar un día de nuestras vidas para cambiar las cosas, no nos quejemos después, cuando todo sigue igual".

Por su lado, Mario Llambías dialoga con Margarita Stolbizer, pero no está seguro de lanzarse en la provincia de Buenos Aires: debería renunciar a su mandato en CRA, que vence en octubre.

Las demandas sindicales

Kirchner supone que los demás sectores mediarán en su entredicho con el campo. Acaso se trate de un prejuicio, secuela de los tiempos en que era más poderoso. Es cierto que la industria recibió, salvo un nuevo régimen de accidentes de trabajo, casi todo lo que esperaba del frustrado "Acuerdo del Bicentenario". Pero la agenda tiene ahora otra complejidad. Los empresarios pretenden un dólar de 4 pesos. Pero, como el real se ha ido revaluando, el Gobierno no está dispuesto a ir más allá de 3,80.

Para garantizar ese equilibrio, los sindicatos deberían moderar sus reclamos. Hugo Moyano informó a su entorno sobre un desayuno a solas con De Vido, el martes pasado. Según él, no habló de una pauta salarial. Pero la CGT podría sugerir a sus gremios no exceder una franja que va del 15 al 20 por ciento.

Para una caída de actividad como la que se prevé -en enero podría ser del 12 por ciento interanual, es decir, histórica-, esa exigencia desencadenaría despidos en las pymes de la industria y el comercio. "El problema más delicado del Gobierno no llegará del campo sino del conurbano", advierte un economista independiente.

Kirchner quiere aprovechar el tiempo que le queda a Juan Carlos Lascurain al frente de la UIA para cualquier negociación. Lascurain será reemplazado en abril por Héctor Méndez, un candidato de sesgo liberal apadrinado por el sector alimenticio. Más allá de las cordiales relaciones de Méndez con algunas fuerzas vivas del kirchnerismo -la empresa Electroingeniería, por ejemplo, a la que representa en Transener-, el ciclo ultraoficialista en la conducción de la UIA está por terminar.

Kirchner deplora la llegada de Méndez pero también está enemistado con el padrino de Lascurain, Paolo Rocca. Intervino Transportadora Gas del Norte (TGN), de la que Techint es accionista, por un default entre cuyos motivos figura un contrato impago de YPF, donde reina su amigo Sebastián Eskenazi. Pero el conflicto con Rocca tiene otro motor desde el viernes pasado: el Gobierno vetó un programa de reducción de actividades en Siderar y, en consecuencia, la empresa postergó una inversión de 1200 millones de dólares. Es el efecto de una caída universal en la demanda de acero que Guillermo Moreno pretendía neutralizar subsidiando un plan canje de calefones.

Frente a estas dificultades, las bancas que Sergio Massa y Sergio Chodos ofrecen a la UIA para que comparta la administración de los créditos de la Anses son insignificantes. Además, ¿irá la UIA a ese mini Banade después de haber denunciado la incautación de los ahorros jubilatorios?

El miércoles pasado, en Olivos, los encuestadores dictaminaron que, para ganar las elecciones, Kirchner debería iniciar un ejercicio de diálogo. Pero ¿por qué suponer que a sus habituales interlocutores corporativos los ilusiona que él triunfe en octubre? La declinación viene con esos rigores. Para la pacificación, ya no es tan importante que Kirchner quiera. Ahora hace falta que pueda.

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