La tregua: YPF aceptaría que sus supervisores sigan en gremio Jerárquico

La tregua entre YPF y la dirigencia del personal Jerárquico petrolero plantea interrogantes de cara a cuál será la salida concreta a un conflicto en el que las posiciones han aparecido hasta ahora irreductibles: la petrolera reivindica su derecho a contar con supervisores propios para ejercer la operación de sus yacimientos, mientras el gremio ha venido enfatizando que esa nueva modalidad implica una reducción de puestos de trabajo.
Aunque no hubiera tal impacto, el principal perjuicio para el sindicato es la potencial pérdida de afiliados, porque los nuevos jerárquicos pasarían al SUPeH. La clave está en el compromiso asumido por la compañía en el acta firmada el viernes último, por la cual se compromete a incorporar al personal bajo el convenio 511, es decir que los supervisores mantendrían su afiliación al gremio conducido por José Lludgar.

La reubicación de los 44 operarios que se hallaban en disponibilidad fue la solución inicial para deponer la medida de fuerza. Según el acta que se habría labrado el viernes 3 en el Ministerio de Trabajo, la petrolera se compromete a reubicar a esos operarios bajo el Convenio 511, que es el que rige la actividad del personal Jerárquico.

El hecho encierra un dato clave para la posible salida del conflicto. Es que además de la reducción de mano de obra, el gremio afrontaba la posible pérdida de su masa de afiliados, porque al pasar a revistar bajo YPF, los supervisores serían encuadrados bajo el Sindicato Unido del Petróleo e Hidrocarburos (SUPeH), ex SUPE (Petroleros del Estado).

"Nosotros no tenemos problemas en que los supervisores pertenezcan a un sindicato u otro -dijo una fuente de la petrolera-, pero el encuadre gremial no lo decidimos nosotros, sino el Ministerio de Trabajo de la Nación".

En tanto el conflicto requiere de una salida política, es probable que en las negociaciones entabladas en el ámbito nacional haya habido algún tipo de guiño legal respecto de esa alternativa, que en definitiva es una de las llaves para superar el conflicto.

En efecto, según confiaron fuentes conocedoras de la negociación, otra de las cláusulas del acuerdo firmado el viernes tendría previsto incorporar en los pliegos de la licitación en curso el Convenio 511, con lo cual también la totalidad de los supervisores a ser incorporados por la compañía mantendrán su afiliación al sindicato Jerárquico.

Reacción del SUPeH

Ante la evolución de los hechos, el SUPeH publicó ayer una solicitada en la que reivindicó su representatividad sindical sobre los empleados jerárquicos de YPF y OPESSA, dando cuenta de las resoluciones ministeriales que avalaron dicha cobertura gremial.

"Casualmente, las fechas de esas resoluciones y acuerdos con la operadora coinciden con los focos de conflicto en las cuencas petroleras", resumió una fuente sindical local, criticando al sindicato que alguna vez tuvo a su cargo la representación de los trabajadores de la Y.P.F estatal.

Según esa misma interpretación, quedaron al descubierto "los acuerdos que hizo la operadora con el SUPeH generando situaciones de conflicto en todas las provincias petroleras, cuando en realidad los propios trabajadores y los gobiernos están reclamando para mejorar los precios internos del crudo y el gas, para favorecer planes de inversión y que significan mejoras para la misma operadora, en todos sus puntos de producción y comercialización: por eso no se entiende cuál es el juego de los Eskenazi".

De todos modos, se aceptó que con el acuerdo del viernes "se le empieza a doblar un poco el brazo a la operadora, pero el conflicto no estará terminado hasta que haya una total certeza del sostenimiento de los puestos de trabajo".

YPF rechazó críticas de diputados provinciales

Por otra parte, desde la operadora se rechazaron los argumentos críticos planteados por los diputados provinciales en el análisis que divulgó el petrolero Carlos Gómez ante Legislatura, tras evaluar el pliego licitatorio.

"No hay ninguna posibilidad de que la licitación implique reducción de puestos de trabajo", dijo una fuente de la petrolera, al tiempo que rechazó las críticas por el hecho de que no se contempla la posibilidad de cláusulas indexatorias durante los tres años de contrato: "Por la ley de emergencia económica en el país, ningún contrato puede incluir ese tipo de cláusulas -se indicó-, pero sin embargo está dada la posibilidad de negociar y acordar en caso de reivindicaciones salariales. De hecho esto es lo que ocurrió en los últimos años, porque tampoco los contratos vigentes tenían contemplados los mecanismos de ajuste y durante estos años se ha podido reconocer incrementos salariales y mayores tarifas, como se hizo durante 2009".

Otro de los focos del debate está dado por la previsión del pliego para cotizar en base al convenio de la Federación petrolera nacional, cuando la mayoría de los salarios de las provincias son muy superiores a ese convenio. "Esto se ha hecho para fijar un punto común en una licitación nacional, porque de lo contrario no hay forma de comparar las ofertas -respondieron voceros de la empresa-. Se toma como base ese convenio pero a partir de ahí las empresas hacen su cálculo y establecen cuánto tendrán que pagar a sus trabajadores por el tipo de servicio cotizado, pero lo hacen partiendo de una base común, que actúa como un piso y no como un techo. Lo mismo en relación a la antigüedad: se fijó una base de 5 años, pero a partir de ahí las empresas calcularán cuánto más tienen que pagar de acuerdo a las condiciones de sus empleados. Se buscaron puntos comunes para poder determinar cuáles son las mejores ofertas", enfatizaron.

Así las cosas, las miradas se dirigen hacia el 15 de diciembre: YPF avanzará con la licitación y los gremios se niegan a aceptar reducción de puestos laborales y pérdida de afiliados. Una ecuación de compleja resolución, en un año con final todavía abierto.

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