El trauma de la sucesión

Por Natalio R. Botana

El Gobierno y la oposición coinciden en un punto, luego de las sesiones parlamentarias que culminaron con la sanción de la ley de medios audiovisuales. Cualesquiera que fuesen las justificaciones y críticas, la ley en cuestión no sobresale como el instrumento constitutivo de una mejor democracia, sino como un resorte estratégico para encarar el combate por la sucesión en 2011. Esta es la coincidencia.

La lejanía de esta fecha y la cercanía de estas maniobras nos muestran que la sucesión en la cumbre del poder presidencial sigue siendo un asunto traumático. Los ejemplos abundan a fuer de repetidos. Alfonsín, de la Rúa y Duhalde no concluyeron sus períodos constitucionales; Menem, empecinado en forzar un tercer mandato, terminó envuelto en el desprestigio; Kirchner, en fin, reprodujo su poder en el curso del actual mandato de su sucesora para asegurar su regreso después de estos cuatro años.

El equívoco que deriva de estas consideraciones es que esa sucesión, tan lejana por cierto, está provocando un enorme desperdicio de esfuerzos cuando el país debería asistir, mediante la acción consensuada de sus representantes, a una tarea de reconstrucción en los ámbitos del federalismo, del régimen fiscal, de la política energética y de las acciones encaminadas a superar el flagelo de la pobreza. Estas exigencias del buen gobierno están en suspenso mientras planean sobre el escenario los signos de una batalla tan incomprensible para la opinión pública como obsesiva para quienes hoy ejercen el poder.

Debido al trauma de la sucesión y a la impostación del temperamento hegemónico sobre el componente republicano de nuestra democracia, los temas vitales atinentes al desarrollo y a las relaciones de equidad entre los ciudadanos quedan relegados a un segundo plano en tanto se calientan los motores para los comicios presidenciales de 2011. Esta fecha, tan actual en la imaginación de los gobernantes, es una amenaza siempre al acecho que adopta como referencia el derrumbe de los presidentes previos a los Kirchner.

Tal vez el debate en torno a los medios se entienda con más claridad según esta perspectiva. Parecería que hoy están en juego entre nosotros dos concepciones. Ambas arrancan en los siglos XVIII y XIX, momento en el cual va cobrando cuerpo la idea de que la opinión pública goza de una autonomía garantizada por las constituciones y las leyes. Esta esfera amplia de la sociedad civil debería estar regida por amplias garantías para dar marco al ejercicio de la libertad.

Esquemáticamente expuesto, éste es el principio de legitimidad del gobierno limitado. Para este principio, el monopolio más peligroso, en orden al ejercicio de la libertad de comunicación, es el monopolio de los gobiernos. La ley, en consecuencia, debe tener la virtud suficiente para cortar las alas de la concentración del poder dondequiera pretendan levantar vuelo, en especial en la esfera del Estado.

En la vereda opuesta florece el principio basado preferentemente en la expresión mayoritaria del demos democrático. En términos operativos, este principio diría que, en el tenso contrapunto entre lo público y lo privado, la soberanía del pueblo, que se hace manifiesta mediante una mayoría, tiene la facultad de influir con energía sobre la opinión.

La capacidad de síntesis con que Juan Domingo Perón resumía sus ideas quedó palmariamente demostrada en esta frase de 1951: "?la preparación de la opinión pública en un país soberano es parte de la soberanía que ejerce el gobierno". Desde luego no se trataría, en este caso, de las acciones de apoyo que determinados medios privados realizan a favor de un gobierno en particular, sino de la articulación estatal de esos medios reducidos, en la posición extrema, a un aparato oficial de difusión.

Es sabido que Perón regresó al país en 1973 con una visión superadora de aquellas terminantes proyecciones de la soberanía popular que él pretendía encarnar. En todo caso, el planteo de estas concepciones permite echar alguna luz sobre los conflictos que genera el choque entre ambas. Es difícil encontrar en las experiencias concretas de los regímenes de libertad una circunstancia en la cual prevalezca absolutamente una u otra concepción. Los comportamientos de lo privado y de lo público están por cierto entremezclados. La dinámica de los medios privados, guiada por la innovación, conduce al crecimiento y a la expansión; la dinámica del poder del Estado conduce, por su parte, a aplicar regulaciones.

El cuadro se complica cuando el trauma de la sucesión comienza a cosechar sus frutos. Estos no tendrían consecuencias negativas si se asumiera que la sucesión política y la alternancia están inscriptas en el desarrollo normal de la democracia (normalidad que se advierte en las sucesiones que tendrán lugar durante este año y el venidero en Uruguay, Chile y Brasil). Sí, en cambio, estos efectos son mucho más graves cuando los gobernantes asumen el cargo presidencial como una suerte de mandato de refundación del país a largo plazo basado en una verdad superior a la de sus contrarios.

De aquí a establecer que los medios de comunicación son los fabricantes de una conciencia falsa en el público fraguada por sus propietarios hay un trecho muy corto. Si las verdades son sólo aquellas que transmiten los gobernantes, es lógico pensar entonces que las imágenes que circulan en la sociedad sean producto de un engaño deliberado. Rota esa membrana opaca, la verdad del poder podrá refulgir sin intermediarios, en un vínculo transparente con el pueblo que lo ha elegido.

Los problemas estallan cuando los gobernantes sufren la inclemencia de una realidad que no se ajusta a esos esquemas. Si bien es cierto que los medios no son un incontaminado reflejo de lo que a diario acontece, también es cierto que los desaciertos de los gobernantes obedecen a otras causas que la opinión, en general, comprueba y soporta con ánimo crítico. Para padecer la inflación no es preciso leer los diarios, escuchar la radio o prender el televisor: basta con ir al supermercado.

En esta encrucijada entre lo que es y lo que el poder supone que es, se agita y estremece el ánimo por alcanzar el triunfo electoral. Hace más de sesenta años, el político e historiador Ramón J. Cárcano consignaba, en un admirable ensayo de memoria, que en la Argentina "es un sistema no reconocer lealmente la derrota".

Anclado en tradiciones difíciles de doblegar, ese sistema aún persiste. El mensaje del electorado el 28 de junio trazó límites y planteó la necesidad de pactar políticas; la respuesta del Gobierno consistió en saltar hacia adelante, desconociendo lo que realmente ocurrió y aduciendo que ese resultado fue producto de las deformaciones instrumentadas por los medios.

Con una teoría semejante, la voluntad libre del pueblo y la autonomía de la ciudadanía tienen escasa entidad. Estos atributos sólo son valiosos cuando se acoplan a la voluntad del gobernante. Así se reproducen los equívocos y se hacen más ásperas las relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Mal pronóstico, aunque todavía estamos a tiempo de modificar el rumbo. De lo contrario, nuestro régimen constitucional corre serios riesgos de empantanarse después del 10 de diciembre en la inacción. ¿Ruge el león, o es más bien un felino acorralado que lanza zarpazos sin ton ni son?

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