Tratan proyectos para auditar la gestión de Toledo en Yerba Buena

Tratan proyectos para auditar la gestión de Toledo en Yerba Buena

A la nueva composición del Concejo Deliberante le preocupan los casi 500 nombramientos firmados por el ex jefe municipal. Ediles quieren controles internos y externos.

Los nuevos están dispuestos, hasta cierto punto, a levantar las alfombras y sacudir el polvo. Los viejos han hecho llamadas. “¿No era que habíamos acordado que no iban a ir donde los periodistas?”, les recriminan. Turbulento. Esa palabra describe el ambiente político de Yerba Buena, por estos días. La polémica por los casi 500 nombramientos del ex intendente Daniel Toledo retumba por todas partes. Para empezar, al Concejo Deliberante de esa ciudad han ingresado dos proyectos de ordenanzas para que se revisen esas designaciones. Y para continuar, el sucesor de Toledo, el intendente radical Mariano Campero, les ha dado a dos de sus funcionarios más íntimos -el jefe de Gabinete, Manuel Courel, y el secretario de Gobierno, Julio Rossi- la misma misión: que investiguen los legajos de personas que fueron titularizadas en la planta municipal permanente en los últimos seis meses.

Los unos y los otros

En su edición del domingo último, LA GACETA publicó el contenido de una serie de archivos de la dirección de Recursos Humanos de ese municipio. En esos expedientes, la directora del área, Alcira Cativa, objeta los nombramientos de los ex directores de Asuntos Jurídicos, Carlos Alvarez; de Saneamiento Ambiental, Guillermo Yanicelli; y de Deportes, Patricio Mesón. En sus argumentos, Cativa le recuerda a Toledo que el personal de gabinete debe cesar sus funciones, de modo automático, cuando acaba la gestión de quien los ha contratado. No obstante, los tres ex directores fueron incorporados en la categoría 19 del escalafón. Desde la vereda de enfrente, el ex secretario de Hacienda, Roberto Biscardi, aseguró que existe una ley provincial que ampara las incorporaciones de funcionarios políticos. “Además, se trata de gente que tuvo un excelente desempeño”, justificó.

¿Dos veces empleado?

La situación de Alvarez tiene un agregado. Esta semana, Recursos Humanos le entregó unos papeles a Campero, para que evalúe una supuesta incompatibilidad de cargos. Sucede que, hasta octubre -al menos- el asesor letrado se desempeñó como director de la Dirección General de Transporte de la Provincia. Pero Cativa posee una nota, enviada por él mismo, con fecha del 10 de septiembre, en la que acepta su designación en la planta permanente del municipio. Consultado al respecto, Alvarez declaró: “en ningún momento tuve dos cargos. Durante ese período, pedí licencia en la Municipalidad”.

La hermana de Rossi

Otro caso sonado es el de Adriana Rossi, la hermana -justamente- de Julio Rossi, el funcionario que Campero puso a inspeccionar los nombramientos. Fue subdirectora de Turismo de Toledo. Hoy, su apellido aparece dentro de esa tanda de titularizados. “Ella ha sido nombrada de modo desprolijo. He sido el primero en admitirlo. Si su designación tiene que caer, caerá. Vamos a dar el ejemplo. Los nombramientos irregulares serán dados de baja. En el caso de las personas trabajadoras, luego se les hará una contratación. Aquí los únicos que tienen que tener miedo son los ñoquis”, aseveró el secretario. También la directora de Cultura, Florencia Ortiz Mayor, fue efectivizada sin que hubiera un contrato administrativo previo, según trascendió.

Ecos en el recinto

Dilucidar esas cuestiones será, ahora, tarea de los nuevos gobernantes. Javier Jantus -presidente del Concejo Deliberante- anticipó que en la primera sesión de este cuerpo -anunciada para la semana que viene- podrían tratarse las iniciativas del macrista Pedro Albornoz Piossek, para que se forme una comisión investigadora compuesta por concejales, y/o del radical Lisandro Argiró, quien propone que se contrate una auditoría externa municipal. “No es cierto, como dice Biscardi, que los funcionarios mencionados hayan tenido un buen desempeño. Basta con ir a ver la cantidad de juicios que tiene la Municipalidad en los juzgados de apremios para darse cuenta de que Alvarez, por ejemplo, no hizo nada”, acusó Jantus.

En el proyecto, Albornoz Piossek razona, además, que los casi 500 nombramientos han causado un incremento económico. Por ende, teme una crisis financiera. “Hay que dejar a salvo a los agentes que realmente cumplen tareas administrativas”, arguyó. Para ello, propone la conformación de un comité que esté integrado por los presidentes de cada bloque y que tenga una duración de 90 días.

La idea de Argiró consiste en la contratación de una auditoría externa, que realice un control integral del presupuesto, del patrimonio, de las finanzas y de las normas municipales. “Luego de dos períodos con las mismas autoridades, se hace imprescindible contar con datos objetivos e imparciales”, explicó. Esta tarea -según su boceto- estaría a cargo de una universidad nacional. Ambos proyectos están siendo analizados por las comisiones del Concejo a las que les compete. Todavía no han decidido si los dos tendrán dictamen, o se elevará solamente uno.

En definitiva, la herencia genera inquietud entre los recién llegados, que sacuden la alfombra por la ventana.

La gestión anterior habría incumplido una ordenanza

La composición anterior del Concejo Deliberante, había aprobado -en marzo pasado y con los votos de los ediles afines a Daniel Toledo- un proyecto para titularizar al personal contratado de la Municipalidad y de la Secretaría del cuerpo deliberante. “Aquellos agentes que se encuentran en carácter de personal contratado ... quedarán titularizados en la planta permanente”, dice la ordenanza. Así las cosas, para que Toledo pudiera nombrar a una persona -según lo reglado-, esta debía haber sido antes empleada municipal, entre otros requisitos. En los nombramientos de Patricio Mesón, Guillermo Yanicelli, Carlos Alvarez y Florencia Ortiz Mayor, por ejemplo, habría un incumplimiento de esa ordenanza, al menos.

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