Se conoció el decreto que traspasa de Nación a la Ciudad los Institutos de menores, también conocidos como “dispositivos penales juveniles (centros socioeducativos de régimen cerrado); como así también el dispositivo de supervisión y monitoreo (cuerpo especial de seguridad y vigilancia)” y desde ATE expresaron su preocupación por el futuro de una parte de trabajadores y pidieron que se discutan “políticas de atención y egreso” de los jóvenes.

Emiliano Bisaro, vocal de la sección Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado expresó que “a priori el problema del circuito penal juvenil no es la dependencia. Independientemente de la jurisdicción los institutos de encierro vulneran los derechos de los chicos. Es paradójico discutir la dependencia del circuito penal pero no las políticas de atención y egreso”.

Además Bisaro planteó sus reservas sobre el futuro de parte de los trabajadores que desarrollan sus tareas en los institutos de menores. “Otro interrogante es que hoy hay afectados en los institutos penales 700 trabajadores. Una parte es cuerpo de seguridad, que pasarán a depender de la Ciudad. No está claro qué pasará con los otros los operadores o talleristas y los administrativos”, analizó.

“Cada vez que se discute el circuito penal adolescente nos sentimos obligados a decir que la baja de la edad de imputabilidad no soluciona nada. El segmente de pibes que cometen delitos es insignificante respecto al total”, completó Bisaro.