Tras varias demoras, el Jurado investigará a Gallardo y a Rey

Lo decidió ayer por unanimidad. Es por haber autorizado las escuchas telefónicas que derivaron en un escándalo político nacional. Ambos están suspendidos y si se comprueban irregularidades, podrían ser destituidos.
Tras sucesivas demoras, el Jurado de Enjuiciamiento decidió ayer iniciar una investigación preliminar, que puede derivar en un proceso de destitución a los suspendidos jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey, quienes firmaron los pedidos de intervenciones telefónicas que derivaron en un escándalo político nacional.

Ambos jueces habían firmado los pedidos de escuchas al dirigente de la AMIA, Sergio Burstein, el empresario Carlos Ávila, otros hombres de negocios y abogados, a pedido de los policías misioneros que ya fueron procesados -sin prisión preventiva- por el juez Norberto Oyarbide, quien investiga la causa.

Los miembros del Jurado, después de su conformación con diputados y tras rechazar la excusación de dos ministros del Superior Tribunal, decidieron ayer pedir a Omar Muyal, instructor del sumario administrativo que había iniciado el STJ, un informe detallado de la actuación de los magistrados, al igual que un pedido a Oyarbide para que remita copias de las actuaciones para determinar si los jueces cometieron algún delito. A la vez, al juez Fernando Verón, quien llevaba en Posadas una causa paralela, que cesó cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la competencia federal, se le requirió las copias de toda su investigación.

En cambio, se rechazó la idea de los diputados José Garzón Maceda y Oscar Redzuk de pedir todos los expedientes que tienen pedidos de intervención telefónica desde que asumieron como jueces Gallardo y Rey.

La situación de los jueces es complicada si se tiene en cuenta que Oyarbide avanzó con procesamientos de los policías misioneros y los secretarios de ambos magistrados involucrados en los expedientes de las escuchas. El juez porteño había pedido el desafuero de ambos para poder indagarlos, cosa que fue negada por el Superior Tribunal de Justicia.

Sin embargo, hasta ahora, todo el procedimiento de Oyarbide fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia, que consideró que le corresponde la competencia para la investigación y por la Cámara Federal que ratificó el procesamiento con prisión preventiva del desplazado jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" y el espía Ciro James, quien trabajaba para el gobierno de Mauricio Macri . Los camaristas destacaron "la posibilidad cierta de estar frente a un aparato paraestatal de espionaje de dimensiones".

El tribunal de alzada destacó que contiene "pruebas contundentes" de que Palacios participó en la intervención ilegal del teléfono celular del dirigente de la comunidad judía, Sergio Burstein.

Además, de la asociación ilícita, a Palacios, James, los policías misioneros Diego Guarda, Raúl Rojas y Rubén Quintana, Oyarbide los acusa de "fraude a la administración pública", que tiene una pena de prisión de dos a seis años.

Según Oyarbide, las órdenes de interceptación telefónica dictadas por la justicia misionera eran "legales pero ilegítimas" y esa intervención de dependencias oficiales para efectuar las escuchas provocó "un perjuicio patrimonial a las arcas del Estado Nacional".

El juez sostuvo que las falsas informaciones con las que se obtenían las escuchas estaban "revestidas de un manto de presunta legalidad, que oculta la ilegitimidad de las mismas, circunstancia que a todas luces dificulta el descubrimiento de esas maniobras delictivas".

Si se advierte que todos los involucrados hasta ahora habrían participado de un delito, los magistrados misioneros deberán demostrar que no tenían conocimiento de lo que firmaban, lo que a su vez, también se convertiría en una irregularidad.

Según señalan abogados locales, la intervención telefónica es una medida judicial y no policial, por lo que la "responsabilidad es de los jueces de Instrucción Nº 1 y Nº 2, el primero por haberla dispuesto y el segundo, por haberla prorrogado". Advierten que el artículo 221 del Código procesal Penal le otorga esa facultad al juez y de ningún modo a la Policía.

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