A través de una carta, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le exigió a la gobernadora María Eugenia Vidal la clausura de todos los calabozos de comisarías. En tanto, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, sostuvo que la superpoblación carcelaria "es motivo de preocupación" y adelantó que también harán reclamos al Ejecutivo bonaerense. 

Las reacciones surgen a partir del incidente que derivó en el fallecimiento de siete presos tras un incendio en la comisaría primera de Pergamino.

La CPM, por medio del escrito, solicitó a la gobernadora Vidal una audiencia urgente y pidió que se repiensen las políticas de seguridad “desde una perspectiva integral y de Derechos Humanos”. En este sentido, según dio a conocer a través de un comunicado, insistió en el cierre de los calabozos de las comisarías provinciales “ya que ninguno está en condiciones de alojar personas”.

Asimismo, desde el organismo enviaron una nota a diputados y senadores provinciales con el fin de promover medidas que “bajen los índices de prisionizacion” y requiriendo la creación de una comisión bicameral para investigar “a los funcionarios intervinientes” en la tragedia de Pergamino.

La CPM, que patrocinará a los familiares de las víctimas en la ciudad del norte bonaerense, denunció también el caso ante la ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo al cual había advertido en 2015 sobre la situación de riesgo de vida que corrían las personas alojadas en comisarías. 

Por otro lado, el procurador bonaerense Conte Grand detalló que “la superpoblación carcelaria es una preocupación del Ministerio Público” y explicó que están “trabajando para determinar bajo qué circunstancias murieron” las víctimas de Pergamino. 

En este sentido, adelantó que harán “los reclamos correspondientes al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para que cumpla con las normativas nacionales e internacionales y alcanzar estándares para las personas en situación de encierro”. 

La situación crítica de las comisarías provinciales ya había sido advertida durante el fin de semana por los Defensores Generales Departamentales de la provincia de Buenos Aires, quienes entendieron que el suceso de Pergamino no fue un "hecho aislado" y que “ningún detenido debería haber estado allí”. 

A través de un comunicado, los defensores generales argumentaron que en las comisarías bonaerenses se alojan “en condiciones de hacinamiento alrededor de tres mil personas” e instaron a que “se adopten urgentemente las medidas necesarias para evitar eventos” como el de Pergamino