Con los ecos del triunfo de Alberto Fernández todavía calientes, los ministros de Economía de las provincias volverán a reunirse mañana en Buenos Aires con una agenda que incluye la pulseada que libran con el ahora presidente saliente, Mauricio Macri, en pos de cosechar una mayor compensación tras el fallo de la Corte nacional de principios de octubre que ordenó proteger a la coparticipación de la erosión por las medidas pos-PASO presidenciales.

Más allá de que los mandatarios vieron como un avance positivo que Balcarce 50 haya destrabado el inicio de los pagos, el malestar se instaló en torno al tenor del monto propuesto -serían unos $2.629 millones hasta fines de enero-, al que consideran insuficiente frente a un costo fiscal para las provincias del orden de los $45 mil millones. Y con el fin de año, cargado de mayores compromisos (como el aguinaldo), sobre sus espaldas.

“Obvio que las provincias no quedamos conformes”, enfatizaron ayer desde cercanías de un gobernador a Ámbito Financiero. En algunos distritos, la propuesta de reparación no llega ni al 15% de lo reclamado, y la mirada está puesta en arrancarle una mayor compensación a Macri antes de que entregue el mando a Fernández.

Para mañana, en rigor, está previsto un encuentro de agenda de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), con ministros de Economía de todas las provincias. El cónclave en torno a la puja por los fondos se desarrollará luego de ese primer compromiso.

Tal como lo informó este diario, la semana pasada la Casa Rosada comenzó a remitir recursos a las 15 provincias que cosecharon una cautelar en el máximo tribunal nacional para frenar -y compensar- el impacto de un mix de medidas proconsumo que incluyó la suba del piso de Ganancias y la quita del IVA a los alimentos de la canasta básica.

Esa estrategia oficial incluyó el pago de una primera cuota en las últimas horas de $674 millones a esa quincena de distritos (en carácter de “retroactivo”), mientras que además define un goteo diario de coparticipación hasta fines de enero que eleva ese monto a unos $2.629 millones, según fuentes provinciales a partir de la orden de pago que la Secretaría de Hacienda elevó al Banco de la Nación Argentina.

Pero ese monto está muy lejos del costo fiscal de cerca de $45 mil millones que denuncian los gobernadores para la totalidad de las provincias.

Por eso analizarán con lupa el número propuesto por la cartera de Hernán Lacunza para definir los pasos a seguir, atados a una decisión política de los mandatarios y a la necesidad de garantizar el flujo de recursos presupuestado para el caliente último tramo del año, que incluye el pago del segundo medio aguinaldo. Una movida que además incluye a distritos que no accionaron judicialmente contra Nación, pero que recibieron la promesa de que también serán compensadas -por razones de “equidad fiscal”- vía un decreto que aún no se plasmó -afirman- en los hechos.

Será un primer paso, ya que en las provincias aspiran a contar con información oficial de la AFIP para terminar de pulir el monto de compensación que dejaría conformes a los gobernadores. Una instancia en la que ya intervendría formalmente la CFI, como órgano de referencia en torno a la aplicación de la ley de coparticipación federal de impuestos.

Los pagos al Gobierno nacional se destrabaron luego de una escalada de intimaciones de 15 provincias a Nación –incluso con la amenaza de denuncias penales- en pos del cumplimiento de un fallo de la Corte que le ordenó cesar la poda de la coparticipación por el impacto de las medidas post PASO de Macri.

La embestida, aunque con estrategias diferentes, corrió por cuenta de los 15 distritos que lograron la cautelar: Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.