Tras el escándalo, la ONCCA paga pero con más controles

Deberá ser aprobado por los abogados del Estado. Y habrá nuevas exigencias.
Después de más de un año de hacer la vista gorda, y forzada por el escándalo de los subsidios truchos que investigó Clarín, la ONCCA volvió a hacer lo que dice la más elemental de las reglas de la administración pública: que todos los pagos oficiales deben ser revisados por abogados del Estado antes de consumarse.

Ayer, el organismo -que desde octubre preside el kirchnerista Juan Manuel Campillo- repartió 11,6 millones de pesos entre tamberos y ganaderos. E informó en un comunicado que, "de esta forma, la ONCCA reanuda los pagos de compensaciones, esta vez con más controles que vuelven al sistema más seguro y transparente".

Sobre esa mejoría de los controles se destacó especialmente que "las autorizaciones emitidas cuentan con el dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Agricultura".

Es curioso el comunicado. Allí la ONCCA anuncia que volvió a hacer lo que nunca debió haber dejado de hacer. Es decir, someter sus expedientes a la mirada de los profesionales del Servicio Jurídico Permanente del Estado. Toda una admisión de culpas previas. Y es que algo tan elemental no se hacía desde hace más de un año.

La Resolución 2839 (secreta, porque no se publicó en el Boletín Oficial), firmada el 13 de agosto de 2008 por el ex jefe de la ONCCA y ahora de la AFIP, Ricardo Echegaray, dispuso que ese requisito ya no era necesario. De ahí en adelante, los millonarios pagos de compensaciones al sector privado (unos 1.600 millones de pesos, sólo en 2009) ya no tuvieron dictamen de la Dirección de Jurídicos de Agricultura, donde revistan los abogados de planta del Estado. El visto bueno lo comenzó a dar una "Coordinación Técnica y Legal" de la propia ONCCA, que nunca fue creada formalmente (el organismo todavía carece de estructura) y que quedó al mando de Christian Ingratta, un abogado marplatense amigo de Echegaray.

La admisión de Campillo, ex ministro de Economía de Santa Cruz, sobre el clima que reinaba en la ONCCA no se quedó allí. El comunicado subrayó que "también se reforzaron los controles cruzados con otros organismos del Estado, como la AFIP y el SENASA". Las sucesivas investigaciones publicadas por Clarín, que ya dieron origen a tres causas judiciales, mostraron que tampoco ese cruce se hacía bien. Es el caso del feed lot Paseo de las Lagunas, de Carlos Casares, al que se le pagaron 10 millones de pesos cuando una simple consulta al SENASA hubiera mostrado que declaró una cantidad de animales diez veces superior a la real. Y hasta el propio Echegaray tropezó con la falta de controles él mismo propició. En 2008, firmó subsidios para un monotributista cordobés de apellido Ferreyra, al que días antes había incluido en una denuncia penal.

Como el titular de la AFIP, Campillo es un funcionario con un largo legajo de servicios prestados al ex presidente Néstor Kirchner. Pero no por "pingüino" parecer estar dispuesto a dejarse salpicar por las irregularidades cometidas por sus antecesores. La semana pasada, el nuevo titular de la ONCCA emitió una resolución en la que establece que las firmas que reclamen compensaciones deberán presentar "un certificado de existencia" emitido por autoridades municipales o provinciales. Intenta evitar la repetición del caso más grosero de esta larga saga, el del changarín marplatense Benjamín Tapia, al que le "inventaron" un feed lot para desviar casi 1 millón de pesos

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