Además también ordenaron la iniciación de sumarios administrativos internos para delimitar responsabilidades de funcionarios dentro del propio instituto, ya que de las irregularidades se sospechan se cometieron en otros municipios, dan cuenta de la posible existencia de cómplices que acreditaron los avances y firmaron los certificados de obras que permitieron que los fondos siguieran llegando a las comunas.

El presidente del instituto Santiago Ros aseguró que toda la información, los sumarios y la investigación están en manos de la Fiscalía de Estado de la provincia, donde determinarán qué grado de conocimiento tuvo cada empleado del organismo y sus directos superiores.

Paralelamente, ordenó un relevamiento en los 75 municipios para determinar con exactitud el estado de las obras que faltan y los motivos de los eventuales retrasos, información que terminarán de procesar en quince días.