Los cambios por decreto para reducir los juicios por accidentes laborales comenzaron a recibir los primeros cascotazos en la Justicia. El miércoles, el primer día hábil después de la feria judicial, la Justicia Nacional del Trabajo recibió 1.100 demandas, 800 de las cuales correspondieron a accidentes de trabajo, más del doble del nivel habitual, según informaron fuentes judiciales a Clarín.

En su mayoría los reclamos impugnan el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), invocando los fallos previos de la Corte que declararon inconstitucional las comisiones médicas, el corazón de la reforma decretada la semana pasada.

Las comisiones son un paso obligado para el trabajador accidentado antes de acceder a la Justicia. Recién después, si no está conforme, el damnificado puede apelar en tribunales aunque solo en el domicilio de la comisión que intervino.

La mayor cantidad de accidentes laborales ocurren en la provincia de Buenos Aires, pero el grueso de los juicios se ejecutan en la Capital, donde se encuentran los 80 juzgados y 10 salas del fuero laboral. “Los abogados preferimos los tribunales laborales de la Ciudad, porque reconocen mayores montos de indemnización e intereses de acuerdo a la inflación, y actúan más rápido que la justicia provincial”, dijo a Clarín el especialista en riesgos laborales Horacio Schick.

La Corte ya había cuestionado las comisiones en los fallos “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti” y “Obregón”. En sus sentencias consideró que son los jueces y no los médicos quienes deben juzgar un accidente laboral, y que todo ciudadano tiene el derecho constitucional de acceso libre a la Justicia así como a una debida defensa letrada.

La nueva reforma, en cambio, reinstala la obligatoriedad de las comisiones médicas, un reclamo de las aseguradoras para reducir las demandas judiciales, en particular las que llegan al fuero porteño. Pero su aprobación por decreto fue cuestionada por la CGT. La semana próxima, asistirá al debate del DNU en el Senado, junto a la CTA y la UIA.

Ahora el plan oficial es descentralizar la atención de las comisiones médicas. El Gobierno les inyectó el miércoles $135 millones y prevé crear 9 delegaciones en el conurbano bonaerense a partir de marzo, como adelantó Clarín. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) dispuso en la resolución 214/17 el aporte de $ 31 millones de la ANSES y $104 millones de las ART. Es un incremento del 30% de los fondos asignados en 2014, la última actualización. Esto permitirá, según la SRT, cubrir gastos y agilizar los trámites.

En tanto, la Federación de Colegios de Abogados (FACA), se pronunciará en los próximos días contra los cambios. “El efecto buscado (por el decreto) no es que los trabajadores no inicien juicios sino que se demore el pago por parte de las ART”, advirtió Eduardo Massot, el titular de FACA.

El año pasado se registraron 127.000 juicios, según la cámara de las aseguradoras (UART). La cifra equivale a un 20% de los 660.000 de accidentes detectados por SRT.