Horacio Rodríguez Larreta mandó a sus funcionarios a dar la cara por la tragedia de Time Warp, la fiesta electrónica en la que murieron 5 personas y otras 5 están hospitalizadas.

Las primeras versiones sobre la tragedia de la fiesta Time Warp, que radican en una causa en el juzgado del juez federal Sebastián Casanello, apuntan al consumo de una droga de diseño experimental conocida como "Superman", como denunciaron varios de los chicos que asistieron a la mega fiesta en las redes sociales.

Pese a ello, luego de un debate interno durante el fin de semana, un sector del gobierno porteño sugirió que había que dar explicaciones para evitar las comparaciones con la tragedia de Cromañón, en la que como primera medida el entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra se escondió y negó su responsabilidad en el hecho.

El gobierno entró en contacto con los padres de las víctimas a través de personal técnico de los ministerios de Salud y Desarrollo Social. Los padres pidieron que no se difundiera la lista de muertos y heridos.

La estrategia

Una de las impulsoras de esa postura fue la vice primera de la Legislatura, Carmen Polledo, una de las apuntadas por el episodio del sábado por la vinculación de su esposo con la concesión del predio de Costa Salguero.

Desde su entorno explicaron a LPO que el marido de la legisladora es dueño desde 2004 del 10 por ciento de la sociedad que tiene el control de los pabellones de Costa Salguero que se llama Costa Salguero S.A, que a su vez le paga a la empresa Telemetrix S.A. para que organice eventos, como la fallida fiesta electrónica.

El primero en salir a explicar fue el vicejefe Diego Santilli, que sin mucho rigor técnico desligó al gobierno porteño de la responsabilidad por las muertes y aseguró que “la seguridad de las puertas para adentro es responsabilidad de la organización”.

El enviado por Larreta a la Legislatura para dar el informe del Ejecutivo fue Matías Álvarez Dorrego, el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), encargado de las habilitaciones que otorga la Ciudad para eventos como el del sábado.

El PRO ahora acompañará el pedido de informes que la oposición terminará de redactar mañana para que el jueves sea tratado sobre tablas. El bloque oficialista no aceptará, sin embargo, la interpelación del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, que pide un sector de la oposición.

La explicación de la AGC

Dorrego se presentó en la comisión de Desarrollo Económico esta tarde y respondió algunas de las preguntas de más de 10 legisladores, en una concurrida reunión en la que participó la mitad de los diputados porteños.

El funcionario detalló los pasos que se toman para habilitar un local como el utilizado para la fiesta y remarcó que se permitió que entraran 13 mil personas, cuando el predio tiene espacio para 20 mil. De esta manera, negó que haya habido una sobrepoblación del predio.

Dorrego explicó que la asistencia, según una inspección que se hizo a las 3.12 am del domingo, fue de 10.900 personas.

Esa inspección en la madrugada del domingo, realizada por tres inspectores, se sumó a las que se hicieron entre 24 y 48 antes de la fiesta, en primera instancia y cuatro horas antes de la apertura de las puertas, según indica la norma.

El funcionario explicó que Maximiliano Nahuel Avila firmó como organizador, “asumiendo la responsabilidad de sus competencias y su incumbencia técnica”, aunque el juez Casanello ordenó esta noche la detención de Adrián Conci.

Dorrego explicó además que la empresa Siseg aportó &5 vigiladores y que las fuerzas de seguridad se encargaron de la seguridad externa y perimetral. El titular de la AGC señaló que la Policía sólo puede entrar si hay una denuncia de un delito dentro del predio y que Prefectura aportó 20 efectivos de 21 a 6.

A su vez, la empresa Semec prestó el servicio de 2 ambulancias y 5 médicos y Sec SRL aportó 10 socorristas y un puesto de atención. Dorrego señaló que en el acta cierre del evento, los inspectores fiscalización y control dejaron constancia de que estaba todo en regla.

El agua

La inquietud principal de la oposición fue la falta de agua, que de acuerdo a algunas versiones podría haber causado la muerte de los jóvenes, ante la posibilidad de que hayan consumido un estupefaciente.

Según Dorrego, en el artículo 7 del permiso, se garantizó que habría agua potable en todo momento en zona de baños. Según testigos, el agua se cortó en un momento de la fiesta.

El funcionario agregó que según las inspecciones el agua no faltaba en el sector generales y en el VIP no faltaba y que además había un dispenser al lado de los generadores. La oposición lo cruzó puesto que según los legisladores esos dispenser tienen capacidad para 20 litros, una cantidad insuficiente para 13 mil personas.

Dorrego repitió que no se cortó el suministro según la inspección, que había 80 baños químicos y un puesto en el que se repartía agua, además de la venta en las barras.

El titular de la AGC señaló que la investigación de la venta de droga en la fiesta quedó en manos de la Justicia Federal porque no es competencia de la Ciudad, aunque aclaró que los inspectores no detectaron venta de droga durante el evento.

Los legisladores de la oposición también cuestionaron que se vendieron entradas desde febrero, antes de que la organizadora tuviera la habilitación.