Tras cuatro días de parálisis, hoy vuelve la actividad a los Tribunales.

El Gobierno ofreció un incremento de 240 a 500 pesos y los judiciales responden mañana. Optimismo en el Ejecutivo y en la Corte. Mejor clima entre los empleados. Dicen que la tensión se está descomprimiendo.
El conflicto judicial parece comenzar a solucionarse luego de que el gremio judicial obtuviera las dos terceras partes de sus pretensiones de aumento salarial.

El gobierno ofreció ayer una suba integral de entre 240 y 500 pesos por empleado, consistente en el pago de 230 pesos no remunerativos ni bonificables desde el primero de abril, más el pago de un ítem remunerativo y bonificable de entre 132 y 157 pesos que se incorporará a la asignación de clase desde el primero de junio (el adicional Necesidades Extraordinaria de Servicios) y además se subió del 25 al 33% el pago del adicional por Código Procesal Penal (entre 110 y 130 pesos más) para los empleados que trabajan en las oficinas fiscales.

"Si la mayoría acepta se firmará y se levantará el paro, si hay rechazo, vamos a continuar el plan de lucha", dijo el secretario general del gremio, Carlos Ordóñez.

No obstante el clima entre los empleados -aún con algunas discusiones- estuvo mucho más distendido que en días anteriores. Por arte de magia "se levantó" la reunión prevista por la dirigencia del gremio con los candidatos cobo-radicales Ernesto Sanz y Mariana Juri y se suspendió la visita a Mendoza de la conducción nacional de la Federación Judicial.

Si bien ayer los empleados continuaron con las medidas de fuerza, los funcionarios judiciales trabajaron normalmente y la actividad se llevó adelante por la presencia de las guardias. Para hoy y mañana se espera la realización de asambleas a primera hora y una actividad normal desde media mañana en adelante. "El conflicto entró en una situación de descompresión", destacó el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares.

"El jueves me reuní con la Asociación de Funcionarios Judiciales quienes aceptaron el levantamiento de las medidas de fuerza. Ya se trabaja con normalidad en este sector. El Sindicato de los empleados ha vuelto a las asambleas. Podemos pensar que (este martes) tendremos un servicio hábil de trabajo y no inhábil para la Justicia. El conflicto se desarrolla en un marco de racionalidad y los temas pendientes pueden discutirse en el marco de la convenciones colectivas y las paritarias", destacó el titular de la Corte.

En la Casa de Gobierno también se transmitió optimismo sobre una salida acordada y la aceptación mayoritaria entre los judiciales, para el día de mañana.

Suprema Corte

"Cuando se discuten salarios aparecen conflictos, y éste se prolongó más allá de lo esperado. Se profundizó al punto de tener días sin servicio en la Justicia, por lo que debimos adoptar medidas extremas para que haya guardias mínimas", enfatizó Nanclares.

Reconoció la existencia de "preocupación en la Corte para que el conflicto se resolviera" y -en respuesta al Ejecutivo- enfatizó "los pocos resortes institucionales que tiene la Corte" que "no permiten hoy formular una política salarial independiente de la del Ejecutivo".

Asimismo destacó que "se tomó la decisión de ofrecer el máximo posible de las economías presupuestarias por 7,5 millones que estaban destinados a cubrir vacantes y a algunos proyectos concretos del Poder Judicial que vamos a resignar". No obstante, consideró que estas reasignaciones de partidas "en principio, no afectarán la aplicación del Código Procesal Penal en la provincia".

"Entiendo que el Ejecutivo trata de formular una política salarial coherente para todos los sectores y busca ser equitativo con unos y otros. Pero por allí un refuerzo presupuestario podría mejorar algún adicional o blanquear zonas en negro sin que se altere la política remuneratoria. Tampoco proponemos un aumento diferenciado sino un destino presupuestario con el que puede contar la Provincia", dijo Nanclares.

Consultado sobre un eventual reflotamiento del "enganche" salarial, Nanclares manifestó que "discutir el enganche no es parte de la convención colectiva", y agregó que "yo propondría que la convención colectiva avanzara más allá de lo salarial, y entre otras cosas discutir sobre un escalafón adecuado a las circunstancias actuales y a las posibilidades financiera de la provincia".

Con relación al descuento de los días de huelga, Nanclares subrayó que "los días no trabajados no se pagan. Esto lo resolvió la Corte provincial en un fallo que es doctrina judicial de la Corte. En paros anteriores hemos hecho los descuentos en la medida en la que se ha identificado a quien no trabajó. En este caso son cuatro días de paro. No incluimos aquí los estados de asamblea porque, aunque la situación era irregular, los servicios básicos se prestaban. El no pago de los días de paro no es una sanción y esto se debería atender, ya que es el mismo caso de una inasistencia injustificada", concluyó Nanclares.

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