ESTEBAN RAFELE Buenos Aires

Mientras se discute el papel de la Unidad de Información Financiera (UIF) en los casos de posible lavado de dinero vinculados al empresario Lázaro Báez, el Gobierno decidió ayer darle más poder al organismo que preside José Sbattella, que tendrá ahora rango de Secretaría de Estado.

Según el decreto 469/2013, publicado ayer en el Boletín Oficial, Sbattella tendrá ahora rango de secretario de Estado y deberá nombrar seis altos funcionarios en 90 días, además de ampliar la planta con la que cuenta la UIF.

La norma llega en momentos en que el desempeño de la dependencia es seriamente cuestionado por la oposición política, que le recrimina a Sbattella no haber detectado oportunamente o haber ocultado actividades ligadas al lavado de dinero de Lázaro Báez y los autoimputados Leonardo Fariña y Federico Elaskar.

Según la UIF, el organismo respetó el procedimiento de investigación de lavado de activos “en los casos de Fariña y Elaskar”. “En los casos citados, la información obtenida por la UIF, cuando tomaron estado público, no resultaba de suficiente entidad para realizar la elevación a la Procelac, (ya que) se estaba llevando a cabo el procedimiento investigativo interno”. La Procelac es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, una fiscalía creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó a fines del año pasado.

El titular de la Procelac, Carlos Gonella, fue denunciado ayer por el legislador porteño de Proyecto Sur Julio Raffo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al “no imputar a Lázaro Báez” en la causa por lavado.

El viernes, el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Lázaro Báez, a su hijo Martín, al contador Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi, esposo de Iliana Calabró, por presunto lavado de dinero. Y expresó un “profundo malestar por advertir que los Reportes de Operaciones Sospechosas son judicializados cuando ya el suceso es de público conocimiento por difusión mediática y o de cualquier otro tipo, todo lo cual, obviamente, conspira con el éxito de cualquier investigación”, señaló.

Según la UIF, los ROS que envían los sujetos encargados de informar presuntos casos de lavado “llegan electrónicamente” y “son analizados automáticamente por una ‘matriz de riesgo’ que establece su nivel de alerta en base a parámetros objetivos, lo que elimina la posibilidad de selección arbitraria”.

La nueva estructura, dicen cerca de la UIF, “no cambiará la cuestión conceptual” con la que se venía trabajando.

En este contexto, la reestructuración de la UIF adquirió una lectura política obvia: el organismo recibe más poder en momentos en que es seriamente cuestionado desde la oposición.

Sbattella comenzó a trabajar en el nuevo diagrama de la UIF hace un año y medio, a poco de asumir en la entidad y mientras apuraba los cambios que exigía el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no sancionar a la Argentina.

Según la nueva estructura, Sbattella tendrá a su cargo un secretario general ejecutivo y, debajo de éste, cinco directores: de asuntos jurídicos, de análisis, de formación y comunicación institucional, de seguridad y sistemas informáticos y de administración. Con excepción de la Dirección de Administración, las otras áreas ya existían. Además, habrá una unidad de Auditoría Interna, que funcionará en sincronía con la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Y otras tres direcciones nuevas: una de Coordinación y Representación ante Organismos Internacionales, una de Régimen Administrativo Sancionador (encargada de instruir los sumarios) y una de Supervisión.