Tras el anuncio presidencial, advierten que el esquema de control de fondos es insuficiente

Desde Poder Ciudadano, Cippec y ACIJ dijeron a lanacion.com que los mecanismos para la auditoría del reparto y la ejecución de las obras públicas "quedaron obsoletos" frente a la creciente actividad estatal; además, exigieron una nueva ley de contrataciones y compras
La dimensión de las inversiones en obra pública anunciadas hoy por el Gobierno es paralela a la preocupación demostrada casi de inmediato por las ONGs que se dedican al seguimiento de las políticas públicas.

Representantes de Poder Ciudadano, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), lamentaron que el anuncio del plan de obra pública que encabezó Cristina Kirchner no haya incluido alusión alguna a cómo se controlará la distribución de los 71.000 millones de pesos comprometidos al programa ni a cómo se controlará la ejecución de cada uno de los proyectos.

Advirtieron además que las herramientas de control existentes "son obsoletas" y que no alcanzan para hacer frente a la creciente intervención del Estado en distintas áreas frente a la crisis económica mundial. Por ello, concluyeron, el plan anunciado hoy en Olivos aparece, según evaluaron, como "una tormenta perfecta para la corrupción".

Emergencia y riesgo. "Una vez más, el Poder Ejecutivo va a salir a hacer contrataciones sin planificar, con un sistema de control obsoleto y repleto de falencias. La emergencia vuelve a corrernos y en situaciones de emergencia la discrecionalidad se potencia", alertó Laura Alonso directora ejecutiva de Poder Ciudadano, ante una consulta de lanacion.com. "Anunciar un plan millonario bajo un marco regulatorio tan débil es un escenario más que tentador para que surjan intercambios corruptos. Estamos ante una tormenta perfecta para la corrupción", añadió.

Para la especialista, el plan de obra pública, que prevé una inversión inicial de 71.000 millones de pesos, debería ir acompañado por la sanción de una nueva ley de compras y contrataciones. "Si el Congreso puede aprobar tan rápido algo tan sensible como el blanqueo de capitales, bien podría sancionar una ley que garantice compras y contrataciones transparentes, incluso incorporar un sistema electrónico como los que ya existen en México, Chile, Brasil y Guatemala", planteó.

Según Alonso, esa ley debería contener un reglamento con "requisitos mínimos" para áreas como "el manejo de pliegos, la capacitación y selección de las empresas que se adjudiquen las obras y el control de la gestión y los resultados". En particular, advirtió sobre la importancia de que se garantice el acceso a la información "durante todo el proceso".

La especialista volvió a poner el foco en los riesgos que avizora en los anuncios conocidos hoy. "Nada indica que vaya a haber más controles que ahora y el riesgo más grande es que se consoliden los clubes de de constructoras beneficiados por el Gobierno. Podemos estar perdiendo otra oportunidad de mejorar realmente la infraestructura nacional", concluyó.

Esquema obsoleto. El director ejecutivo de ACIJ, Gustavo Maurino, por su parte, advirtió sobre las "deficiencias estructurales" que le atribuyó a los principales mecanismos de control vigentes, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Auditoría General de la Nación (AGN).

"Faltan recursos humanos y técnicos y la mayoría de los controles se hacen mucho tiempo después de terminadas las obras y de manera muy superficial. El problema central es que tenemos un esquema de control pensado para un Estado mínimo y no para un Estado como el actual que está interviniendo fuertemente para enfrentar la crisis", razonó en declaraciones a lanacion.com.

Transparencia. Para Maurino, los principales ejes para garantizar el control eficiente de planes como el anunciado por la Presidenta son: que la distribución de las inversiones guarde relación directa con las necesidades de las poblaciones beneficiadas, que se controle que las obras se completen en los plazos estipulados y que todas las instancias del proceso sean "absolutamente transparentes".

"Tiene que quedar claro cómo y para qué se gasta cada peso. Si no hay justificación transparente y los recursos se distribuyen discrecionalmente según fidelidades políticas vamos a tener razones para preocuparnos por el éxito del plan", alertó.

El director ejecutivo de Cippec, Nicolás Braun, por su parte, señaló que el plan de obra pública tendrá el mismo "control deficiente" que otras iniciativas del Gobierno.

"El control será el que ya existe, que es escaso y pobre. La Sigen está controlada por el Poder Ejecutivo y la AGN hace una auditoría casi formal y ex post. No veo que vaya a haber más control que ese", dijo a lanacion.com. Braun consideró que para garantizar mayor equilibrio en torno al destino de los fondos "hay que aumentar la transparencia en el proceso presupuestario, dar capacidad de acción efectiva a la AGN y garantizar mayor acceso a la información".

Elecciones en la mira. A la hora de evaluar cómo se hará la distribución del dinero destinado a los proyectos de infraestructura, fue tajante. "La asignación va a surgir de una combinación entre las prioridades técnico estratégicas del plan y de prioridades políticas claramente apuntadas a las necesidades relacionadas con que 2009 es un año electoral".

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