Tras las acusaciones por desidia, la Corte se apresura por resolver las causas de corrupción ligadas a Romero

Tras las acusaciones por desidia, la Corte se apresura por resolver las causas de corrupción ligadas a Romero

Ayer, el aparato de prensa romerista que posee la Corte de Justicia dio a conocer el rechazo de ese tribunal a un recurso planteado por la empresa Plumada S.A

SALTA.- Puesto en evidencia por una investigación periodística de El Intransigente, en torno a determinadas causas penales por graves hechos de corrupción, el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas, busca ahora revertir las acusaciones por desidia en ese tribunal con fallos expeditivos.

El caso de Plumada S.A. era otro de los expedientes que el alto tribunal venía pasando de un despacho a otro sin emitir un fallo, en este caso se trata de un análisis de neto corte civil, pues el planteo realizado por la empresa giraba en torno a un aspecto de forma.

El objetivo principal, sin embargo, era evitar la devolución de 3 millones de pesos pagados por el ex gobernador, Juan Carlos Romero, equivalente al 30 % de adelanto en un negociado con la digitalización de documentos históricos.

En esta causa penal, abierta por los delitos el ex juez de transición 1, Esteban Dubois, procesó a tres ex funcionarios romeristas acusados de "arreglar” una contratación millonaria en favor de Plumada S.A., una firma con fuerte vínculo con Romero.

Dubois procesó nada menos que a la ex ministra de Educación, María Ester Altube; el ex coordinador general de Bibliotecas y Archivos, Miguel Cáseres; y el ex director de Administración General de ese ministerio, Diego Larrán Solá. Por parte de la empresa, en tanto, hizo lo propio con Daniel Moreno, empresario de Plumada.

La acusación contra estos ex funcionarios surgió a partir de un reporte sospechoso de la  Auditoría de la Provincia, la cual había puesto los ojos en la  millonaria contratación que Altube, Caséres y Larrán Solá impulsaban.

La investigación penal se abrió en abril de 2010 tras una promoción penal impulsada por la fiscal penal María Inés Loyola, quien acusó a Altube, Cáseres, Larrán Solá y Moreno por el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública”, acusación que prevé una pena de uno a seis años de prisión.

La causa, según lo investigado, tenía que ver con el pago de una suma de 3.113.000 pesos, correspondiente a un 30% de adelanto, por un servicio de digitalización de documentos históricos, tarea que la empresa facturó a un precio máximo.

Desde la fiscalía se puso en duda que los ex funcionarios hayan recorrido los caminos legales y administrativos para dicha contratación, lo cual saltó a luz a raíz de la documentación. En un principio, la causa recayó en manos del juez Dubois, en ese entonces, juez de instrucción formal 2. Este magistrado impulsó la investigación de manera tal que en un lapso de un año, el expediente sumó varias diligencias probatorias.

En esas circunstancias, sin embargo, la Corte de Justicia de la Provincia intervino y tras aducir un supuesto problema de competencia, desplazó a  Dubois de la causa y puso en su lugar al ex juez de instrucción formal 1, Martín Pérez, quien en dos meses sobreseyó a los ex funcionarios romeristas, en septiembre de 2011.

El sobreseimiento de Altube, Cáseres, Larrán Solá y Moreno llamó mucho la atención, pues las pruebas obtenidas por Dubois dejaban a los acusados seriamente comprometidos. Para todos en la ciudad judicial, la intervención del juez Martín Pérez habría sido, según una alta fuente de ese sector, una maniobra del ex gobernador Romero, a través de su alfil Gustavo Ferraris, en ese entonces juez de Corte, para salvar a sus ex funcionarios.

A partir de una apelación de la fiscal, Emma Puente, el juez Dubois apeló los sobreseimientos de dos ex funcionarios romeristas, entendió que existían suficientes pruebas que incriminaban y prueban la actuación delictiva de los acusados, y por ende resolvió procesarlos. El procesamiento de los cuatro acusados fue ratificado por los jueces Enrique Grana y Edgardo Albarracín, del tribunal de Impugnación.

Falta de legitimación

Tras este revés judicial, la empresa Plumada S.A. inició un nuevo planteo a fin de evitar la devolución de más de tres millones de pesos, según lo había resuelto el gobernador.

Lo que la firma aducía en realidad era el hecho de que la provincia no estaba legítimamente para actuar en consecuencia, y por ende solicitó que la Corte deje sin efecto la devolución de más de tres millones de pesos.

Lo que hizo ayer el alto tribunal fue casualmente desechar el pago de ese dinero, a la vez reafirmó que la Provincia se hallaba en perfectas condiciones legales de exigir la devolución del dinero en cuestión.

Tras el papelón suscitado con el caso del vocero de Romero, la Corte ahora busca mostrarse mucho más ágil, sobre todo en las causas de corrupción vinculadas a Romero, investigado en ocho causas penales.

Lo que no informa Guillermo Posadas, ni tampoco sus periodistas, es que la causa en cuestión lleva ya un tiempo prolongado en las oficinas de la Corte, siendo ésta una práctica habitual de los jueces de ese alto tribunal.

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