El conjunto de las mejores ofertas recibidas estuvo un 33% por debajo del presupuesto estimado para las principales obras. Para determinar los ganadores de la licitación, se analizará la mejor combinación de las ofertas para cada corredor que, en su conjunto, representen un menor costo para el Estado. Cada oferente podrá ganar hasta dos corredores.

“Hoy confirmamos que estamos recorriendo en el camino correcto. No sólo se reconfirmaron las 32 ofertas, lo cual demuestra que hay confianza y que en Argentina se puede apostar al largo plazo, sino que además tuvimos mucha competencia en los precios, fruto de un proceso transparente, que va a permitir que podamos hacer obra a 15 años a menos precio del que habíamos estimado. Las PPP demostraron ser una herramienta sólida para que podamos hacer las obras que el país necesita para seguir generando en empleo, para crecer, para desarrollarse y, fundamentalmente, para mejorar la seguridad vial y terminar con las rutas de la muerte”, señaló Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

Alrededor de 200 personas estuvieron presentes en la apertura, entre ellos representantes de las empresas que participaron de la licitación. Por parte del Gobierno nacional estuvieron el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; el titular de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno; y el subsecretario de Participación Público Privada del Ministerio de Finanzas, José Luis Morea.

La adjudicación de los corredores se realizará en junio y se estima que en julio las empresas tomarán posesión de los corredores para comenzar con las primeras obras en octubre de este año.

“Son ofertas muy competitivas, desde el gobierno estamos muy contentos con los resultados de este sistema. Estos proyectos de Participación Público Privada (PPP) nos permiten empezar a saldar la deuda de infraestructura que tenemos los argentinos al mismo tiempo que seguimos cumpliendo con las metas de reducción del déficit fiscal. Es la forma más conveniente, segura, eficaz y transparente de desarrollar este plan de infraestructura que es el más ambicioso de nuestra historia”, indicó Luis Caputo, ministro de Finanzas de la Nación.

El Plan general de la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras se divide en tres etapas de licitación, con una inversión total superior a los 12.500 millones de dólares para los primeros 5 años y superior a los 4.200 millones de dólares durante los siguientes 10. A lo largo de las tres etapas se intervendrán alrededor de 7.277 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 1.610 kilómetros de autopistas, 3.310 kilómetros de ruta segura, 324 kilómetros de obras especiales y 26 kilómetros de variantes; en total, 5.270 kilómetros. Los restantes 2.077 kilómetros serán intervenidos a través de obras de mejoras y mantenimiento de la red vial existente.

“Esta instancia es una muestra más de la sinergia público-privada que estamos logrando y que va a dar un impulso inédito a la infraestructura vial de la Argentina. El interés de empresarios nacionales e internacionales es la consolidación de un rumbo que va a modernizar las rutas argentinas, dándole un salto de calidad que de otro modo hubiera llevado años. Hablamos de obras que salvan vidas y que este mecanismo permite comenzar a hacerlas ahora”, explicó Javier Iguacel, administrador general de Vialidad Nacional.

Licitación de la Primera Etapa

La primera etapa de obras para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras incluye la concesión de los nuevos corredores viales conformados por más de 3.300 km de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

El plan de obra nueva para estos corredores implica obras en más de 2.500 km a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades. La inversión total estimada para estos corredores de la primera etapa será superior 8.000 millones de dólares en total, 6.000 millones de dólares durante los 4 primeros años y más de 2.000 millones de dólares durante los 6 a 15 años subsiguientes en obras complementarias y de mantenimiento.

Cada oferente presentó dos sobres con documentación: el primero, que se abrió en abril, certifica la calidad y la viabilidad del oferente (consorcio) para participar del proceso licitatorio, mientras que el segundo, abierto hoy, corresponde a la oferta económica presentada por corredor vial.

Financiamiento del proyecto de participación público privada

El nuevo proyecto del Gobierno Nacional se financiará principalmente con una parte del impuesto al gasoil (para las obras) y con el ingreso por peaje (para el mantenimiento y operación del corredor). Para el pago de estas obras de la Etapa I, que comenzará a realizarse en 2021, no se han creado nuevos impuestos, debido a que serán utilizado recursos existentes que antes se destinaban a otros gastos, entre ellos el subsidio de los corredores actuales.

El modelo de Contrato PPP a implementar genera previsibilidad para los emprendedores privados. Este proyecto permite tanto a inversores locales e internacionales, así como al sistema financiero en su conjunto, invertir en obras de infraestructura y de esta manera trabajar junto al Estado Nacional de manera colaborativa para el desarrollo de la infraestructura del país.

Además, la fuerte inversión prevista durante la primera etapa se realizará sin afectar los recursos y el presupuesto público nacional, al correr el financiamiento por parte del sector privado.

Principales beneficios

Las obras previstas en las distintas Etapas, permitirán disminuir considerablemente el número de siniestros viales en torno al 70 %, gracias a la construcción de nuevas autopistas y obras de seguridad y tendrá incidencia en el ahorro de los costos operativos y de tiempos de viaje en las rutas más transitadas del país. Se estima que durante el plazo de las obras se generarán más de 50.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta en el país.

Mediante el sistema de licitación tradicional el Estado Nacional por la envergadura de las inversiones involucradas tardaría más de 12 años en concluir el plan de obras si lo tuviese que afrontar con el pago de las obras directamente de su presupuesto propio de la Dirección Nacional de Vialidad, comprometiendo a tal fin una gran cantidad de fondos. Con la alternativa de financiamiento prevista en el Proyecto PPP, los usuarios podrán utilizar las obras 7 años antes (las mismas se ha previsto ejecutarlas en 5 años) lográndose de esta forma un importante ahorro de costos operativos y tiempos de viaje para los usuarios y el transporte en general.