Tránsito: en la provincia hay 490 inhabilitados

A pesar de que estaba funcionando el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (REPAT), todavía no se había instrumentado un sistema para realizar el control en la calle. Ahora seis funcionarios y agentes de la administración de Santa Rosa tendrán clave de acceso para controlar los 490 inhabilitados judiciales para conducir que hay en la provincia de La Pampa.
Este paso se alcanzó luego de la última reunión del Consejo Municipal de Tránsito. Hasta ahora no estaba instrumentado un sistema de consulta al REPAT, y después de la presión y los reclamos de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito se logró que el Registro tenga una aplicación y consulta real al menos para las autoridades santarroseñas, la ciudad capital, que presenta el parque automotor más importante de la provincia.

De esta manera será la primera ciudad que utilizará la base de datos del REPAT para determinar si un conductor está inhabilitado por la Justicia para conducir.

El caso de Héctor Tomaso (condenado por la muerte de Lucila Martín a tres años de prisión y ocho de inhabilitación), quien apareció conduciendo y con su licencia de conducir, puso en el tapete la falta de rigor de la Justicia a la hora de aplicar las condenas en temas de tránsito y los baches de la política de tránsito municipal.

Reuniones mensuales

Silvia González, de la Red de Familiares de Víctimas del Tránsito, dijo que "lo más importante del Consejo Municipal de Tránsito es que todos los meses nos vamos a reunir. Serán los primeros miércoles de cada mes. Y segundo, se fijaron políticas conjuntas con la Policía provincial, que era muy necesario".

En esa reunión el director del REPAT, comisario Eduardo Torres, solicitó una nómina de seis personas que tendrán acceso a la base de datos. "Antes la postura era no dar la información. Nosotros reclamamos y presionamos para que se pueda efectuar la consulta. La postura era que por la Ley de Hábeas Data no se podía disponer ni difundir la información", dijo.

La Red empezó a cuestionar esta postura: "Si esto era así, ¿cómo un funcionario hace para cumplir con su deber cuando está ante un conductor inhabilitado? No podíamos creer esta postura, pero finalmente se trabajó a nivel legal para despejar esas dudas", afirmó González.

Este sistema posteriormente se extendería a otras municipalidades a partir de la instrumentación del REPAT.

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