“La tragedia de Tartagal se podría haber evitado”.

“La tragedia de Tartagal se podría haber evitado”.
La Defensoría del Pueblo desmintió así la exaltación de obras y millones que Cristina hizo al anunciar más planes para la ciudad salteña.
La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer que su gobierno y antes el de su marido invirtieron 400 millones de pesos para obras de infraestructura en Tartagal. Y anunció más planes de ayuda para la ciudad arrasada por un alud de lodo. Lo hizo con cifras contradictorias respecto de las que desplegaron una hora más tarde sus ministros De Vido y Massa en conferencia de prensa (ver recuadro). No fue el único traspié: la Defensoría del Pueblo y referentes sociales de la localidad salteña denunciaron que la mayoría de las obras “no se hicieron” y que eso contribuyó a la catástrofe. Hasta el vicegobernador kirchnerista de la provincia norteña admitió que las iniciativas oficiales estaban “paralizadas”.

“La tragedia de Tartagal se hubiera evitado si los gobiernos nacional y provincial hubieran cumplido con los compromisos asumidos luego del desastre hídrico de fines de 2005, que incluían un extenso listado de obras inconclusas y el freno a los desmontes indiscriminados.” Así lo asegura un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, fechado el 12 de febrero último, al que Crítica de la Argentina accedió en exclusiva.

“Si continúan desmontando a este ritmo, Salta será un desierto en menos de 20 años y va a haber tantos tartagales como pueblos existan a la orilla de los ríos”, afirmó el ombudsman Eduardo Mondino.

La investigación se abrió a principios de 2006, a raíz de una denuncia realizada por el Obispado de Nueva Orán. “Reclamaron que investigáramos la responsabilidad de los organismos del Estado en aquella situación y lo que hicimos fue cursar pedidos de informes a todos los entes y dependencias involucrados”, explicaron desde el área de Medio Ambiente de la Defensoría.

El 23 de agosto de 2006, la Comisión Regional del Río Bermejo, que depende del Ministerio del Interior, elevó un informe a la Defensoría del Pueblo donde concluye que “es urgente dotar de la protección adecuada para el cruce provisorio de la Ruta 34, sobre el río Seco, y reacondicionar el canal del río Tartagal”. La nota añade que “sería conveniente evaluar la posibilidad de erradicación de la población en los lugares de mayor riesgo de deslizamientos de suelos”.

“Lamentablemente esto no se hizo y por eso la historia se repite tres años después, y esta vez con consecuencias aún más trágicas”, se lamentó Mondino. Pero no fueron los únicos incumplimientos.

El 30 de octubre de 2006, la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación firmó convenios con el gobierno salteño para llevar a cabo las siguientes obras:

- Control de erosión y estabilización de cauce del río Tartagal.

- Desagües pluviales en Villa Güemes.

- Defensas contra erosión hídrica en Villa Tranquila y Barrio San Cayetano, de General Mosconi.

- Estudio hídrico integral para la sistematización de escurrimientos superficiales y provisión de agua potable en la zona afectada por la crisis.

- Desagües pluviales en la localidad de Aguaray.

“Si las obras se hubieran hecho en tiempo y forma, esto no debería haber ocurrido, de lo contrario quiere decir que las previsiones de ambos gobiernos fueron equivocadas”, remarcó el defensor del Pueblo.

Todo esto se suma a las recientes declaraciones del vicegobernador salteño, Andrés Zottos, quien admitió que “las obras de ampliación de la boca del canal por donde corre el río Tartagal no pudieron concluirse”.

POBRES HABRÁ SIEMPRE. A causa de nuevas inundaciones que se registraron en la zona durante marzo de 2008, la Defensoría requirió informes al Ministerio de Desarrollo Social sobre la situación habitacional de los pobladores. La contestación oficial fue tan cruenta como realista: “La mayoría de las viviendas son ranchos de adobe con techo de paja y adobe y piso de tierra suelta. Todas las calles de la localidad son de tierra y los barrios carecen de desagües y/o servicios básicos domiciliarios como agua, luz y gas”.

El 22 de abril de 2008, el gobierno salteño reclamó a la Nación “la construcción de 225 viviendas sociales en Rivadavia Banda Sur y 300 viviendas sociales más en Embarcación y la realización de obras hídricas necesarias para evitar que en el próximo período estival vuelvan a ocurrir similares acontecimientos”.

Para Mondino “como las autoridades eran conscientes de esta realidad, son doblemente responsables de la tragedia, porque debieron haber instrumentado mecanismos de asistencia social más eficientes antes de que ocurriera un nuevo desastre hídrico originado por las intensas lluvias”.

LA UNIVERSIDAD TAMBIÉN LO ADVIRTIÓ. Un informe elaborado por ingenieros de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y publicado en 2006 también alertaba sobre los riesgos de que ocurrieran nuevas catástrofes en Tartagal como la que se produjo el lunes pasado. La investigación, que lleva por título “Diagnóstico y Evaluación de la cuenca del Río Tartagal y área de influencia” y que fue elaborada por Claudio Cabral y Gloria Plaza, aseguraba que en la cuenca alta del río Tartagal “la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada”, lo que había favorecido la erosión y los daños severos que sufrió la población del norte de Salta a fines de 2005 y principios de 2006. El informe, que fue elevado en aquel momento a la Municipalidad de Tartagal, apuntaba fundamentalmente a la apertura de caminos y habilitación de tierras para obras y plataformas por parte de las empresas petroleras que favorecen la erosión en masa, al “aprovechamiento forestal no planificado bajo pautas de manejo sustentable del bosque” que también realizaban apertura de caminos y, en menor medida, a la ganadería extensiva aunque también a la extracción de áridos a la altura de la ciudad de Tartagal.

El informe, que fue publicado ayer por el Nuevo Diario de Salta, sostiene además que “la vulnerabilidad de la cuenca del río Tartagal a nuevos eventos catastróficos es altamente probable que se repita”. La advertencia de que podía ocurrir una nueva tragedia también incluía la posibilidad “de establecer de prevención y alerta de la población y la diseminación de mecanismos y oportuna alerta temprana para agilizar la respuesta ante eventos catastróficos”.

Las confusas cuentas de Cristina

La Presidenta quiso ayer despejar las dudas sobre la predisposición del Gobierno para asistir económicamente a los damnificados de Tartagal. Pero la matemática kirchnerista dejó como saldo dudas y contradicciones. Cristina Fernández anunció que el Ejecutivo enviará 103 millones de pesos en “asistencia social directa”. Y detalló: 8,3 millones ya fueron enviados en alimentos y vestimenta, prometió 25 millones de pesos más en ese rubro y otros 50 millones de pesos en equipamiento para el hogar. La suma da 83,3 millones, 19,7 millones menos de lo que sumó la jefa de Estado.

Fernández de Kirchner también se ocupó de defender su gestión de aquellos que acusaron al Gobierno de desatender a Tartagal. Dijo que la inversión en infraestructura, desde 2003, es de 410 millones de pesos: 187 millones ejecutados y 223 millones en ejecución. El ministro del área, Julio de Vido, echó confusión a la contabilidad oficial. Afirmó que el ejecutado en los últimos seis años asciende a 222 millones.

No hubo fisuras, en cambio, en el anuncio de ayer: prometieron 159 millones de pesos adicionales para reconstruir 627 viviendas, caminos y las redes de cloacas y gas.

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