El radicalismo mendocino ha salido a pedir explicaciones a las autoridades provinciales por la tragedia de la ruta 7 ocurrida el viernes pasado. A través de un pedido de informe en la Bicameral de Seguridad, la UCR quiere que el Gobierno considera que existen responsabilidades políticas y no sólo operativas que hubieran evitado el siniestro. Además, el intendente Alfredo Cornejo hizo hincapié en una nota de opinión donde pone como ejemplo el accidente protagonizado por el camión y el colectivo como uno de los problemas de gestión en el Estado provincial.

La bicameral visitará el jueves el comando del CEO. En esa oportunidad, los radicles pedirán al ministro de Seguridad Leonardo Comperatore que explique una serie de detalles de lo ocurrido porque "consideran que existen no sólo responsabilidades operativas, sino políticas ante la falta de acción que permitiera evitar la catástrofe que enlutó a la provincia".

"Queremos saber si la Policía cuenta con protocolos de actuación y, si los tiene, que nos los informe para saber si se adecua a la realidad que se vive en las rutas mendocinas", señalaron los legisladores de la oposición.

¿Qué es lo que quieren saber desde el radicalismo puntualmente sobre el choque que produjo la muerte de 17 personas?

-Cuántos llamados se realizaron al 911 y denuncias presenciales con la intención de evidenciar al causante de la tragedia y cuál fue la respuesta de las autoridades pertinentes.

-Registros de audio de las novedades de 911 en relación al camión y la transmisión respectiva a las frecuencias policiales.

-Registros visuales captados por el sistema de cámaras de seguridad del Ministerio.

-Qué funcionarios estaban a cargo del Centro Estratégico de Operaciones para atención de llamadas al 911, despacho de las fuerzas de seguridad y sistema de video cámaras de seguridad. Asimismo, que informe los responsables operativos del CEO del 7 de febrero en adelante y qué medidas se implementaron.

-Qué protocolo de actuación ante llamados al 911 se utiliza, como así también para el despacho de los helicópteros y ante la detección de supuesto delito o infracción a través de las cámaras seguridad.

-Cuántos efectivos policiales y móviles estaban presentes en la ruta 7 el día de la tragedia y que adjunte datos georeferenciados provenientes del Sistema Tetra.

-Cuánto personal de la Policía Vial se encontraba en tareas operativas en Guaymallén, a cargo de quiénes y qué función cumplían.

-Cuántos puestos de la Policía Vial habían en el Acceso Este desde la Virgen hasta Desaguadero y en el Acceso Sur desde la Virgen hasta Zapata.

-Quién estuvo a cargo de la Dirección y mando de las tareas operativas, qué recursos se destinaron al tratamiento de la novedad y a qué hora, adjuntando datos del GPS de las movilidades que intervinieron.

-Cuáles son las medidas de prevención y seguridad vial en épocas de intensa actividad turística en la Provincia. Esto es: alcance territorial, efectivos destinados y autoridades responsables.

-Qué variación de personal ha tenido la Policía Vial durante estos últimos cinco años y cuántos uniformados con función operativa-administrativa se desempeñan en esta área, como así también la cantidad vehículos (motos, bicicletas, grúas, etc.) que posee en funcionamiento.

-Qué cantidad de alcoholímetros y de radares de velocidad se encuentran operativos con homologación.

Cornejo: "Más gasto público pero menos Estado"

El intendente de Godoy Cruz volvió a cuestionar la ineficiencia en los recursos del Estado provincial. Alfredo Cornejo además apuntó directamente a la responsabilidad política del gobernador Francisco Pérez al sostener que tiene una agenda con "asuntos triviales", como los artistas que vendrán a la Vendimia.

"Los casos de Luciana y el accidente de la ruta 7 ejemplifican los problemas de gestión del Estado de Mendoza. Estas muertes evitables que han sensibilizado a los mendocinos, tienen un denominador común: se gestionan mal las herramientas existentes.

Diagnósticos superficiales, respuestas tardías, protocolos deficientes o que no se cumplen, indican que, probablemente, casos de similar gravedad vuelvan a suceder, ya que si no ocurren más a menudo, es producto del azar y no porque haya una planificación seria, gestionada correctamente, en pos de la eficiencia y de la prevención.

En el caso de Luciana queda de manifiesto que no existen protocolos de acción para casos de violencia intrafamiliar o están y no se cumplen. Si a esto se le suma la desidia en los procesos de acción de quienes tienen que intervenir, esto se torna más grave y complejo.

En el caso del accidente del camión con el micro se pueden señalar muchas acciones de indolencia. El 911 y la Comisaría 25 ni siquiera actuaron como el sentido común lo indica, mucho menos, entonces, pensar en la ejecución de un protocolo de acción, sin supervisiones precisas que indiquen y corroboren su implementación.

El hecho de que se priorizara la burocracia o que un llamado al 911 fuera atendido por un operador que desconocía la ubicación del Acceso Este, me recuerda una anécdota personal: un familiar denunció un incendio a la altura del Aeropuerto y le preguntaron dónde quedaba. Esto, conlleva a varias preguntas inevitables: ¿Quién capacita al personal policial?, ¿quién lo supervisa?, ¿quién elabora los protocolos? y ¿quién o quiénes son los responsables de hacerlos cumplir?

Por otro lado, los controles viales de rutina son inexistentes y los que se hacen consisten en mirar cómo pasan los autos deteniendo uno cada cien. Los efectivos policiales no cuentan con las herramientas tecnológicas existentes en la actualidad, el otorgamiento del carnet de conducir es un trámite sin mayores evaluaciones, ni condicionamientos y es habitual ver cientos de automóviles sin luces y en pésimas condiciones para circular por las rutas. Las revisiones técnicas no se hacen y si se hacen son mínimas sin seguimientos de posteriores y pueden seguir varios etcéteras al respecto.

Seguramente se debatirán y se anunciarán nuevas normas y reglamentaciones pero, lo concreto, es que el Gobierno no le brinda capacidad al Estado y no cumple con las normas existentes ni con los recursos económicos disponibles para intervenciones moderadas.

El Gobierno Provincial tiene una agenda ajena a estos problemas de gestión. Quiero creer que tiene un diagnóstico acertado sobre que el sistema de educación no funciona bien, el de salud mucho menos y el de seguridad da pena. Su respuesta, si este diagnóstico es compartido, es colocar más dinero en los sistemas, sin preocuparse por la gestión diaria o por el funcionamiento cotidiano. Así ha venido funcionando en los últimos años: se coloca cada vez más dinero en sistemas que no funcionan bien y se malgastan recursos diariamente sin tomar medidas que mejoren la gestión.

No se eliminan gastos sin sentido, ni se estudia cómo invertir mejor los recursos existentes.

La otra opción es que el gobierno considere que estos sistemas funcionan muy bien. Y ahí tendríamos un problema mayor: una lectura distorsionada de la realidad. Sin embargo, mi presunción es que saben cuáles son las falencias, pero les resulta más fácil o menos trabajoso seguir pidiendo dinero sin preocuparse por cómo optimizar los recursos.

Paralelamente, el gobernador Francisco Pérez se preocupa por tener una agenda que no hable de esto, porque cree que puede influir en la ciudadanía imponiendo asuntos y debates triviales como quiénes son los artistas que vienen a la Vendimia o qué megaespectáculos se pueden realizar en Mendoza (siempre a costa del Estado y sin riesgo para privados).

La agenda del Estado provincial y del gobierno debe tener como prioridad que los sistemas de educación, salud y seguridad sean mucho más eficaces en sus objetivos y eficientes en sus gastos y atiendan los problemas cotidianos y permanentes de todos los mendocinos. De lo contrario, tendremos muchos más casos Luciana y accidentes como los de la ruta 7, que van a seguir sucediendo si no se gestiona con responsabilidad, y vamos a continuar debatiendo sobre las normas y no sobre las soluciones a esos problemas.

Propongo acciones mucho más prácticas: que se priorice en la agenda de gobierno la gestión de esos sistemas, que se implementen sin burocracia, que los protocolos de funcionamiento sean precisos en la comunicación y en las responsabilidades específicas en cada uno de los servicios y que los funcionarios se ocupen día a día para poder garantizar su buen funcionamiento.

Si se retoma ahora y se mejora la administración de las herramientas que tiene el Estado y se trabaja para que los sistemas de controles sean eficientes, probablemente en los próximos años tengamos una calidad de vida colectiva e individual mucho mejor. Podríamos evitar, así, golpes tan duros como las muertes evitables y también, la creciente falta de credibilidad a las instituciones como estamos observando hoy.

Es esto, en síntesis, lo que planteamos a la hora de discutir el Presupuesto, porque el gobierno quiere gastar más para seguir haciéndolo mal y endeudando a la Provincia y a las próximas generaciones. El gasto público ha crecido en los últimos 6 años más del 650%, superando ampliamente a la inflación. El resultado: peores servicios de seguridad, de salud y de educación.

O sea, tenemos cada vez más gasto público pero paralelamente menos Estado, lo cual es contradictorio con lo que se pretende mostrar.

No puede ser que, con avisos previos, no se pueda detener a un camionero ebrio ni a un maltratador de menores.

Necesitamos mejor gestión para que el Estado funcione".