Tragamonedas: avanza la investigación por convenio con la UNLP

Tragamonedas: avanza la investigación por convenio con la UNLP

El actual presidente de Lotería amplió la denuncia por irregularidades en los controles desde la Facultad de Informática en las 44 salas de bingos bonaerenses durante 2003-2015. Habría un faltante de 10 millones de pesos y suman indicios de connivencia para favorecer recaudaciones ilegales.

 

El actual presidente de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Melitón Eugenio López, presentó en las últimas horas una nueva denuncia sobre las presuntas irregularidades cometidas en la gestión anterior a partir del convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que debía controlar las casi 24.000 máquinas tragamonedas de las 44 salas de los bingos bonaerenses.

Un vocero judicial le adelantó a este diario que “se habría detectado un faltante de 10.000.000 pesos” y que “este año creció la recaudación por el juego oficial en un 45 por ciento”, lo que indicaría que los controles durante 2015 sufrieron interrupciones sospechosas.

El expediente judicial revela al menos una doble estafa por el incumplimiento de controles y por los millones que se derivaban desde Lotería a la Universidad, de acuerdo al convenio con el Cespi (Centro Superior para el Procesamiento de la Información), por el que la alta casa de estudios platense se llevaba el 0,7 por ciento de todo lo recaudado por las máquinas bingueras.

De acuerdo a la fuente judicial, el gobierno de Daniel Scioli habría destinado en el lapso 2003-2015 cerca de 50 millones de pesos al pago por auditorías mensuales a los bingos. Y la Justicia investiga la ruta del dinero que ingresó a la Universidad y que pudo haber derivado en forma de retornos hacia la política de esos años.

“Fue un fraude y se acusa tanto a los anteriores directores de Lotería como a las autoridades  de la Universidad de La Plata de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, reveló una de las fuentes judiciales que investiga la causa que tramita en la UFI nº11 de La Plata a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

Tanto el convenio como los anexos de los documentos están firmados por el exinterventor del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Luis Alberto Peluso; su expresidente Jorge Norberto “Piedrita” Rodríguez y autoridades de la UNLP.

Lo que hizo Melitón Eugenio López, fue una ampliación de la denuncia que radicó la legisladora Elisa Carrió en junio pasado, en la que indicaba las “cajas políticas” sciolistas, entre las que mencionó a Lotería. 

Servicio suspendido

La nueva gestión en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos suspendió en febrero pasado el contrato con la UNLP y dio a conocer a la Justicia detalles del oneroso contrato, y denunció que esos controles no se habrían realizado. 

Fue así que el fiscal Garganta pidió un oficio a Lotería para que informe si hubo un incremento de la recaudación desde que están ellos. Y, efectivamente, en lo que va del año se evidenció un incremento del 45%.

La sospecha es que existía connivencia entre los auditores de la UNLP y las entonces autoridades de Lotería para no controlar las máquinas tragamonedas durante distintos horarios. 

Así, los dueños de las empresas del juego recaudaban millones sin tener que pagar impuestos. Y se presume que luego, por ese “gran favor”, retribuían a los funcionarios del gobierno de Scioli con dinero, conformando así otra de las “cajas negras” de la política.

“Las autoridades de la UNLP están comprometidas porque deberían haber denunciado las irregularidades, y todo parece indicar que miraron para otro lado”, explicó uno de los investigadores.

Admiten que detectaron desconexiones

Desde la Universidad Nacional de La Plata, ante una consulta de este diario, indicaron que el dato de que durante este año se haya incrementado en un 45 por ciento la recaudación oficial por impuestos a través de las máquinas tragamonedas obedece a la inflación. “Si lo comparamos con una moneda bastante fija como es el dólar, la gente juega por año más o menos lo mismo”, aseguró el vocero de la alta casa de estudios.

“El control del juego es un poder indelegable del Estado provincial. Lo que hacía la Universidad a través de la Facultad de Informática era realizar auditorías. Esos informes eran confidenciales y mensuales”, explicó el vocero.

Desde la UNLP admitieron que detectaron algunas máquinas de bingos desconectadas, pero que esas irregularidades fueron informadas a las autoridades de Lotería.

En teoría, los controles sobre las máquinas tragamonedas se hacían para evitar los delitos: la subfacturación o el lavado de dinero, es decir, para informar si se facturaba algo distinto de lo que realmente se ganaba. 

 

Caído el convenio con la UNLP, ahora, las auditorías sobre las casi 24.000 máquinas tragamonedas en la Provincia las hacen el mismo Instituto Provincial de Lotería y Casinos, dijeron desde la sede académica.

Millonarios fondos transferidos a universidades, en la mira

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció ayer a 52 universidades nacionales, entre ellas la de La Plata, exigiendo que se investiguen los millonarios fondos transferidos a las casas de altos estudios de todo el país por parte del Gobierno kirchnerista.

“Todos y cada uno de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito”, reclamó en su denuncia. Apuntó contra las universidades de Buenos Aires, Catamarca, las del centro de la Provincia de Buenos Aires, Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, General San Martín, General Sarmiento, Jujuy, La Matanza, La Pampa, La Plata, Del Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Patagonia San Juan Bosco, Quilmes, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Del Sur, Tecnológica Nacional, Tucumán, La Rioja, Lanús, Tres de Febrero, Villa María, Patagónica 

Austral, De las Artes, Chilecito, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chaco Austral, Villa Mercedes, Avellaneda, Del Oeste, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Moreno, Arturo Jauretche, José C. Paz, Comechingones, Hurlingham, Alto Uruguay y Rafaela. En el dictamen, el fiscal sostuvo que “la complejidad de las maniobras podrían sumar otras calificaciones legales”, pero por ahora las mismas habrán de investigarse como “malversación de caudales públicos”.

Una causa investiga la novela de Andrea del Boca, por ejemplo, a raíz del convenio que se hizo a través de la Universidad de San Martín con el Ministerio de Planificación, subrayaron las fuentes.

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