Tráfico de información sobre víctimas de accidentes de tránsito

Un abogado presentó un recurso para que los casos se juzguen en Villa Mercedes. En abril de este año, el Colegio de Abogados denunció el tráfico de datos y la derivación de casos de accidentes de tránsito a un estudio jurídico de Buenos Aires.
En abril de este año, el Colegio de Abogados de Villa Mercedes denunció el tráfico de datos y la derivación de casos de accidentes de tránsito a un estudio jurídico de Buenos Aires. En esa oportunidad, el que era presidente de la entidad que agrupa a los letrados de la ciudad, Osvaldo Andreotti, apuntó directamente a una mediadora de Seguridad Comunitaria -identificada como Ruth Moleker y que hacía las veces de nexo entre las víctimas y los abogados de la Capital Federal-, al personal del Policlínico Regional y Policía de la Provincia.

El caso se transformó en un escándalo y produjo que el responsable de Accidentología del policía fuera removido de su cargo, mientras que la protectora comunitaria fue dada de baja como beneficiaria del Plan de Inclusión Social. A ocho meses de lo sucedido, una denuncia particular podría conseguir que la causa sea tratada en la Justicia de Villa Mercedes.

El abogado Gustavo Correa representa a una persona que fue demandada por un accidente de tránsito en la intersección de la Rioja y avenida Perón, e instado a pagar, por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 13, una demanda de más de cien mil pesos: “A mi cliente le llegó una cédula ley de un juzgado de Capital Federal, donde se lo notificó de la demanda por daños y perjuicios. Se le adjuntó la demanda y se le consigna el monto del capital reclamado, de 104 mil pesos. Hice un planteo de inhibitoria, o sea, una acción judicial en el juzgado del doctor Calderón”, explicó el letrado.

“El planteamiento lo hice –agregó Correa-, basado en dos elementos según el código de procedimiento: en el lugar del hecho, que fue en Villa Mercedes, y en el domicilio del demandado. Esos dos elementos determinan la competencia de un juez. Además, de acuerdo a lo arreglado por el artículo 5 inciso cuarto del Código Procesal, Civil, Comercial y Minas, las acciones personales derivas de los delitos y cuasidelitos como en este caso, es juez competente el del lugar del hecho o del domicilio del demandado a elección del actor. En esta dirección la agente fiscal opina que es procedente la inhibitoria”, comentó.

Correa está esperanzado que el magistrado de Buenos Aires se excuse y le deje la competencia del caso a los tribunales de Villa Mercedes: “Hay un precedente que lo cito. Tengo entendido que hay un sinnúmero de casos. Ahora el juez de Capital Federal tiene que resolver. O mantiene su competencia o se inhibe. La práctica forense indica que cuando un juez le reclama la competencia a otro se inhibe. También es posible que no, entonces se formara una contienda positiva. Como entramos en feria, habrá novedades para febrero”, aclaró el abogado.

“También hay una cuestión de federalismo, de respetar la jurisdicción de los jueces provinciales. La organización federal es preexistente a la nacional. No está claro que un juez de la Nación tenga que intervenir para dilucidar los intereses o controversias que se hayan suscitado entre ciudadanos de otras provincias. Hay una intromisión, no voluntaria sino que se ha formado un sistema muy aceitado que llevó a eso”, disparó Correa.

Cuando el caso del tráfico de datos y la derivación de accidentes de tránsito a un estudio jurídico de Capital Federal estalló, Andreotti dejó en claro que la derivación espuria de información a Buenos Aires “le genera un gran perjuicio a los demandados”, porque implica entre otras cosas conseguir abogados en esa ciudad, por lo que los costos son más elevados, y que toda la carga probatoria también deba ser trasladada, como testimonios o peritos técnicos.

Las palabras del ex presidente del Colegio de Abogados entraron en sintonía con Correa quién aseveró que el sistema que se había creado perjudicaba tanto al demandante, como al demandado: “Acá hay una organización impresionante. Hay un estudio en Capital Federal que tiene un conjunto de gente que se encarga de tomar esos casos. Lo grave que acá hay instituciones que manejan esta información. En el fondo los dos son los damnificados, porque valiéndose de un estado de necesidad captan el cliente. Ahí es donde actuaba esta organización y hasta el momento no se le había encontrado la solución jurídica. Se creía que era permitido. Aconsejo a que los particulares acudan a los abogados de su confianza que son los que van a saber canalizar los casos, porque ellos conocen el derecho”, dijo el abogado.

Comentá la nota