Se trabó la cesión del ex Heca al gobierno provincial

La última sesión del año del Concejo Municipal estuvo signada por las trabas: a la polémica generada por el presupuesto 2009 se sumó ayer la controversia centrada en la cesión gratuita a la provincia del 40 por ciento del predio que ocupaba el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) para levantar el nuevo edificio de la Justicia Penal. Finalmente, la presión opositora y las diferencias oficialistas hicieron que la iniciativa vuelva a comisión para tener tratamiento en la reunión extraordinaria fijada por los ediles para el 19 de febrero próximo.
Los tironeos, que hicieron que la sesión de prórroga comenzara pasadas las 19.30, detonaron con la decisión del socialismo de aprobar por mayoría simple (12 votos) la cesión gratuita del predio a la gestión de Hermes Binner.

Pero la oposición recordó que la ley orgánica fija que los concejos deben autorizar con los dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros "la enajenación o gravamen de los bienes raíces del municipio que no sean de uso público". Y hasta amenazó con ir a la Justicia en caso contrario.

A lo largo de la tarde se multiplicaron las reuniones a puertas cerradas en varios despachos. Las señales fueron escasas y predominaron los rostros adustos entre los oficialistas.

Entonces tomó fuerza el proyecto presentado por los ediles Arturo Gandolla y Osvaldo Miatello, del Frente para la Victoria (FPV-PJ), y Daniela León, de la UCR, planteando como compensación por la entrega de la manzana del ex Heca que la provincia construya en la ciudad rampas para discapacitados por un monto equivalente al de la tasación, de unos 5.000.000 de pesos (según el Banco Municipal).

La iniciativa parecía haber allanado el camino, pero desde la Casa Gris le restaron chances. Otra alternativa, desestimada previamente, la había constituido el proyecto de María Eugenia Bielsa y Fernando Rosúa (Encuentro por Rosario), quienes respaldaron la cesión pero instaron a la provincia a transferirle a Rosario el valor de la proporción del terreno "para formar parte del Fondo Municipal para la Prevención Social del Delito".

También generó polémica, aunque de menor voltaje, el pedido de la gestión de Miguel Lifschitz para endeudarse a través de un préstamo externo destinado a cien cuadras de pavimento en Rosario.

Si bien la oposición consideró inapropiado el pedido por existir un fondo especial para obras públicas, sus pares de la rosa roja se escudaron en una ley nacional, impulsada por el Ministerio de Planificación nacional, que habilita al municipio para ese fin.

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