Antes de emprender el regreso hacia Buenos Aires, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dialogó con Página/12 en el hotel de Lima donde se celebra la 18ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo. “Los datos aparecidos en el informe de la OIT miden otra cosa, incluyen al heterogéneo sector de los independientes”, indicó de entrada al referirse al polémico documento que estimó que la informalidad en la Argentina llega al 46,8 por ciento. “Quienes se toman de esos datos para presentar una situación de catástrofe buscan asustar para ajustar”, completó en sintonía con la Presidenta, dando una interpretación política a la lectura que se hizo del informe desde algunos medios. El jefe de la cartera laboral admitió que “la Argentina crece menos, pero el Gobierno lleva adelante políticas anticíclicas para contrarrestar las consecuencias sobre el mercado de trabajo”, enfatizó. En ese sentido, destacó la disponibilidad de herramientas en poder del Estado para amortiguar el impacto del enfriamiento económico.

–La OIT difundió un informe donde estimó que la tasa de informalidad en la Argentina alcanzaba al 46,8 por ciento. ¿Cuál es su opinión?

–En primer término, ratifico la medición del 33,1 por ciento de asalariados no registrados, o sea del trabajo informal que refleja una mejora de 17 puntos porcentuales desde 2003. Este dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares y es el que todos utilizamos siempre porque da cuenta de la evasión a las normas laborales en las relaciones de trabajo. Los datos aparecidos en el informe de la OIT miden otra cosa, incluyen al heterogéneo sector de los independientes. Esto nos lleva a otro fenómeno. En el primer caso, al trabajador se le impone la precariedad de no registrarlo, lo que significa pérdida de derechos laborales y de la seguridad social. En el segundo, nos referimos a profesionales y técnicos que no cumplen sus obligaciones tributarias, diversos sectores vulnerables, microemprendedores, entre otros. Quienes se toman de esos datos para presentar una situación de catástrofe buscan asustar para ajustar. Nosotros apostamos a un encuadre integral y sistemático para combatir el trabajo no registrado. No se puede arrancar y frenar. La definición contra la informalidad debe ser muy fuerte. Ya no está legitimado.

–La experiencia argentina evidencia que el crecimiento económico constituye una condición necesaria para reducir la informalidad. ¿Cómo afectará el escenario de desaceleración sobre las iniciativas del Gobierno para combatir al núcleo duro de la precariedad laboral?

–El crecimiento económico es una condición necesaria, pero no es suficiente. Tuvimos muchas experiencias de crecimiento donde el trabajo no registrado también crecía. Hace falta un mayor ritmo del nivel de actividad, ése es un problema, pero no creo que hayamos perdido definitivamente la posibilidad de crecer. La informalidad muchas veces se convierte en una vía de refugio durante los períodos de menor crecimiento. Pero estoy convencido de que tenemos terreno para reducir la informalidad aun en estas condiciones macroeconómicas. Eso es así porque todavía hay empresas formales que tienen trabajadores no registrados y porque el 50 por ciento de las pymes donde inspeccionamos y detectamos trabajo no registrado vuelve a mostrar irregularidades cuando volvemos. Además el Repsal, el registro de infractores, va a visibilizar a las empresas que incumplen con la legislación laboral. Pero no sólo vamos por el lado de una mayor inspección. Nosotros nos metemos por todas las vías. Es un abordaje integral. Nuestra ley también ofrece subsidios a las cargas patronales para todas las empresas con cinco o menos trabajadores. En el corto plazo va a ser prácticamente gratis para los pequeños empresarios hacer emerger a los trabajadores como registrados. Si 50 mil empresas registran un trabajador que ahora está informal mejoraría un punto el trabajo no registrado. En la reunión de la OIT hay un juego en el que se anotan todos. Dicen que para que haya trabajo decente debe haber empresas sostenibles. Yo lamento decir que los sectores empresarios defienden empresas que son sostenibles con trabajo no registrado y precario.

–¿Comparte las advertencias realizadas por la OIT a lo largo de la semana sobre las “implicancias inevitables” de la desaceleración económica global sobre el mercado de trabajo?

–Lo que escuchamos en boca de la OIT es la profunda preocupación por la desaceleración de la economía mundial, la irreversibilidad de la situación y los efectos que puede tener sobre el empleo en toda América latina. La región crece mucho menos de lo que lo hacía y nosotros tampoco lo hacemos como antes. Argentina también sufre los efectos de una economía mundial que no logra recuperarse de la crisis que arrancó en 2008. La crisis financiera se solucionó, luego el mundo entró en una crisis económica y tengo la sensación de que ahora se va hacia una crisis de empleo. En ese sentido, Argentina lleva a cabo políticas para contrarrestar las consecuencias sobre el mercado de trabajo con medidas contracíclicas.

–¿El impacto en Argentina de la crisis en 2009 fue más fuerte que la desaceleración actual?

–Sí. Hoy en términos laborales no vemos una crisis. En 2009 éramos bomberos, se caía una empresa por día. Fue un momento difícil. Este año no sucede eso. En aquel momento, nueve meses después del estallido de la crisis estábamos sosteniendo 140 mil puestos de trabajo con los subsidios del Repro, el equivalente a un punto porcentual del desempleo, y en la actualidad no llegamos a los 50 mil. Sólo dimos 10 mil Repro adicionales en los últimos meses. No hay una situación de masividad en la afectación de la actividad. Hay casos como de las terminales automotrices y su derrame sobre toda la industria metalmecánica o el impacto de las heladas sobre la región de Cuyo. Pero son fenómenos que se explican por sí mismos. Es cierto que hay menos nivel de actividad pero el impacto sobre el empleo todavía lo podemos atender bien con el Repro. Tenemos espacio y voluntad para desplegar una política más amplia si fuera necesario.

–Las centrales sindicales, tanto la CGT como la CTA, advierten que el poder adquisitivo de los salarios se verá afectado por el nivel de inflación y por eso sostienen que sería oportuno negociar adicionales antes de fin de año.

–En septiembre y octubre se cobra, en el 90 por ciento de los convenios, el segundo tramo de los acuerdos escalonados. Me parece que no hay condiciones todavía para decir que se verán afectados los salarios reales. No creo que los reclamos de bonos de fin de año se traduzcan en demandas sectoriales. Lo que puede ocurrir es lo que ha pasado en otros momentos, donde algunas empresas que están en condiciones frente al requerimiento acuerdan esos pagos adicionales. En otros casos ya están instalados como una práctica habitual.