La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) monitorea el operativo político de la Legislatura para echar al defensor general de la provincia Gabriel Ganón. "Es motivo de preocupación, estamos trabajando en el asunto", reveló su presidente, James Cavallaro, ante una pregunta de Rosario/12. "Es fundamental que los defensores públicos tengan autonomía e independencia y no sean removidos de ninguna manera de sus cargos o atacados por defender los derechos humanos", dijo. Lo escuchaba la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien coincidió: "Todo defensor tiene que trabajar con absoluta autonomía y libertad. Si es perseguido por motivos políticos o porque no es obediente a los fiscales o porque molesta, eso es incorrecto y no debe ser".

Cavallaro, Martínez y Ganón participaron ayer en las V Jornadas Nacionales de Defensa Pública que concluirán hoy en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. La convocatoria reúne a defensores de todo el país. Y si una imagen dice más que las palabras, la foto que ilustra esta nota es reveladora.

El presidente de la CIDH y la defensora general de la Nación admitieron estar al tanto del tercer intento para destituir a Ganón que promovió el senador por la UCR, Lisandro Enrico. Esta vez consiguió las firmas de los diputados Norberto Nicotra del PRO y Oscar Pieroni, del socialismo. --El puñado de imputaciones parece un montaje ante la defensa de Ganón de los derechos humanos y sus denuncias de casos de tortura y desaparición de personas en la provincia. Hay denuncias en la CIDH-, le recordó este cronista.

--Sí y la CIDH está trabajando el asunto -contestó Cavallaro. Lo que sí le puedo decir es que es fundamental que los defensores públicos tengan autonomía e independencia y que no sean de ninguna manera removidos de sus cargos o atacados por defender los derechos humanos. Son temas básicos. Justamente es una preocupación de la CIDH el tema del doctor Ganón, hemos recibido informaciones y estamos trabajándolas", sorprendió.

"La Argentina tiene que garantizar la independencia y la autonomía de los defensores públicos en todas las provincias. A veces, la Defensa depende de la Fiscalía y no puede ser, hay que garantizar la independencia. Y garantizar que de ninguna manera la defensa de los derechos humanos puede constituir una base para la remoción de un defensor", enfatizó Cavallaro.

Ante preguntas sobre el hostigamiento a Ganón o la doble vara con el Ministerio de la Acusación, Cavallaro evitó las precisiones. Habló en términos generales. "En un caso hipotético, no puede haber injerencia para limitar la autonomía de la Defensa pública, mucho menos cuando se trata de la defensa de los derechos humanos", razonó.

--¿Y si hay persecución ideológica?

--No puede haber persecución política, pero desconozco los hechos.

Martínez explicó que la tarea de Ganón en Santa Fe se ajusta al paradigma que plantea la Organización de Estados Americanos. "Los defensores estamos obligados a denunciar y formar observatorios o bancos de datos sobre la tortura. Lo dice la última resolución de la OEA que pone en cabeza de los defensores públicos la obligación de relevar los datos de tortura. Si un defensor conoce estos hechos y no los denuncia" incumple su deber.

"Todo defensor tiene que trabajar con absoluta autonomía y libertad. Si es perseguido por motivos políticos, porque no es obediente de los fiscales o porque molesta, esto es incorrecto y no debe ser", insistió Martínez. "El trabajo del defensor es que el inocente sea absuelto y que el condenado sea justamente condenado y con la condena que le corresponde. El verdadero defensor es proactivo, ya no es el que firmaba y aceptaba todo lo que hacía el juez. El rol que se plantea en toda América está avalado por cinco resoluciones de la OEA, la mayoría impulsadas por Argentina, que quiere un defensor que luche por los derechos humanos de los acusados y de las víctimas, que garantice la justicia. Si alguien no entiende ese nuevo perfil, le aconsejo que por favor lea las cinco resoluciones de la OEA", concluyó Martínez.