Ex trabajadores de la DEJ siguen penando por el Programa de Propiedad Participada

La empresa de energía fue privatizada en los 90 pero aún no se da cumplimiento a esta disposición de la ley, que se pensó como un beneficio para los empleados. Pedido de informes entró a la Legislatura.
Ex trabajadores de la Dirección provincial de Energía (DEJ) solicitaron a diputados de la Comisión de Trabajo de la Legislatura que realicen las gestiones necesarias para que se dé a cumplimiento a una disposición de la ley de privatización del organismo, que confiere al personal el derecho al Programa de Propiedad Participada.

La ley data de 1995 pero hasta ahora nunca ha sido posible instrumentar el programa, dijo en la última sesión de la Cámara la legisladora Alejandra Mollón (Lyder).

Mollón presentó un proyecto de pedido de informes dirigido al fiscal de Estado de la Provincia con el objeto que dé a conocer cuál es el estado de ejecución e implementación del Pograma de Propiedad Participada dispuesto por el artículo 6° de la Ley 4879/95.

En particular, Mollón quiere saber cuál es la autoridad de aplicación dispuesta por el Poder Ejecutivo, los métodos de control y registro de las utilidades o divididendos de las empresas EJESA y EJSEDSA y su cumplimiento con el depósito correspondiente al 10 por ciento de la Propiedad Participada.

Otras cuestiones como la entidad financiera, cuenta, montos, fechas de depósitos por tales conceptos desde 1996 hasta la fecha, también son requeridos.

El pedido de informes finalmente solicita que el fiscal especifique cuál es la sede legal del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial creado por los decretos 286/95 y 445/95 que cita el artículo 11 de la Ley 4879/95 de privatización de la DEJ, el funcionario que lo representa y una memoria de la labor desarrollada a partir de su puesta en marcha.

En los fundamentos de la iniciativa, la diputada de Lyder advirtió que luego de la privatización de la empresa de energía, se estableció por el artículo 6 ° de la ley 4879/95 el Programa de Propiedad Participada "que beneficia a quienes fueron empleados de la ex empresa del Estado, con las utilidades generadas por la nueva empresa privada. Hasta la fecha -agregó- no se conoce la implementación de la norma y las causas que motivaron la falta de cumplimiento".

Recordó que en el ámbito legislativo se creó oportunamente la Comisión de Análisis, Verificación y Seguimiento de la Privatización de la DEJ, que también obró a favor de la puesta en vigencia del mencionado programada, tarea pendiente en el marco del proceso privatizador.

"En la Provincia existen alrededor de 350 retirados y despedidos de la empresa privatizada que, tenienfo edad de trabajar, vienen exigiendo con justificada razonabilidad la efectiva vigencia de sus derechos, sin lograr hasta ahora el acceso al capital accionario y sus consecuentes beneficios. La espera se torna irrazonable debido a que la privatización se dispuso en 1995 y todavía no se ha resuelto la cuestión, pese a las audiencias de conciliación efectuadas con el Ejecutivo en el año 2008 y a las diversas presentaciones efectuadas ante este poder Legislativo", explicó.

También suscribió el proyecto la legisladora radical Clara de Falcone (UCR), presidenta de la Comisión de Trabajo, ámbito en el que los ex trabajadores hicieron conocer su reclamo.

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