Torta y peaje

Una denuncia colectiva habla del proceso ilegal en la administración de fondos del Estado, que estaban destinados a la ayuda social por medio de empleo. La idea es que tales dineros lleguen a quienes están en peores condiciones, pero siempre se quedan en los que saben cortar la torta.
Hay movimientos sociales en los que las personas continúan depositando la confianza, y en general se trata de aquellos en los que, francamente, un sector reclama por los derechos que considera que le corresponden y no le son respetados. Hay otras acciones en las que ya casi nadie cree, y son aquellas en las de los que tienen la profesión de gritar, la especialización práctica en ser líder social de los sectores populares, sin que haya una actividad de base que justifique una vida social y laboral propia, más allá de su condición de reclamante.

Hay quienes permanentemente asumen la posición de reclamar al Estado por más o menos todo, como si hubiera una paternidad no ejercida, como si alguien estuviera negándoles la participación en unos bienes que previamente hubieran sido pagados. Como si el solo hecho de pertenecer a una clase desprotegida significara un pase permanente al mundo de los que hacen cola para presentar el carnet. Nadie cree en esto ya. Porque no suena a sociedad solidaria sino a régimen de reparto de la torta de acuerdo con la capacidad de presión y de representación de lugares en la plaza que cada uno pueda presuponer.

Y en general, esta responsabilidad no parece caberle a los sectores más altos del gobierno, sino que suena a estrategia –o al menos eso es lo que siente la sociedad-, a acción de cuadros intermedios que buscan trazar una ruta de ascenso a la política, administrando a su gusto fondos que en efecto no le pertenecen.

Esta semana hubo algunos extraños movimientos. Reapareció “Chacho” Berrozpe, cuando la sociedad creía que estaba ocupado devolviendo favores o peleando sitios de boleta. Hubo una toma en las instalaciones de Acción Social, a la espera de una respuesta que no es más que una negociación y no el ejercicio de un acto solidario. No se han visto tomas en pedido de apoyo a las familias que están por efectivizar un trasplante en un hijo. Ni por solicitar colectivos hacia el Hospital Materno Infantil para los barrios más lejanos, ni para alimentar las salas de salud de los sectores periféricos. Las tomas comienzan con “Nosotros exigimos”: ¿quiénes son “nosotros”? ¿A quién le exigen?

Hay militantes de diferentes partidos políticos acampando frente a la Municipalidad por lo menos tres veces al año. ¿Por qué? ¿Hay de por medio únicamente la enorme preocupación -loable, indudablemente respetable- por los que menos tienen, o la cuestión es ver qué hacemos con una torta que cada vez es más grande y se llama recursos de planes sociales especiales?

Los dueños

La primera cosa sería saber quién decide en cada sector de la sociedad cuáles son las personas que más ayuda necesitan, y cómo se las va a ayudar. Debería ser esta la base de cada plataforma electoral. Porque el Estado nacional destina una nómina de fondos para que, de manera descentralizada, cada municipio decida cuáles son sus prioridades en la ayuda a quienes más lo necesitan. La torta se rifa después.

En este caso se habla de un personaje que es quien dentro de la Municipalidad de General Pueyrredon tiene el don de decidir quién es el que necesita la ayuda que el país ha dispuesto para los más desprotegidos. Se llama Agustín González. Y uno de sus principales blasones es el de ser el novio de una de las hijas de Lucía Branderiz, actual esposa del intendente Gustavo Pulti. Al menos eso dicen en los pasillos.

El joven aparece mencionado en la causa que han iniciado grupalmente una serie de damnificados por lo que consideran un reparto irregular de los fondos a través de pseudo cooperativas de empleo, las cuales fueron puntualmente seleccionadas por González: “Las cooperativas beneficiarias de los planes de empleo fueron puntualmente seleccionadas por este funcionario de extrema confianza del intendente municipal; de esta manera quedaron asegurados los retornos a los funcionarios”.

Se trata entonces del acuerdo que la Secretaría de Desarrollo Social ha hecho con diferentes cooperativas de trabajo a las que se destinan fondos públicos, que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación asignó, a fin de dar ejecución al programa de Inversión Social PRIS.

Varios denunciantes de la situación se presentaron con el patrocinio de Andrés Barbieri y destacaron lo siguiente: “(Ellos) son los directos damnificados del desvío y de la malversación de los fondos públicos, puesto que no reciben el dinero asignado por el Estado nacional debido a las maniobras que llevan a cabo quienes están al frente de las cooperativas, nefastos personajes que se encuentran amparados por funcionaros públicos”.

Dijeron ante el fiscal Rodolfo Pradas que nadie en la comuna rinde cuentas por los fondos entregados por el Estado nacional a un minúsculo grupo de personas que tiene vinculaciones con los funcionarios encargados de controlar el plan. Se trata de quienes se han adueñado literalmente del dinero correspondiente a los aportes del programa de empleo. Pero las autoridades competentes no toman ninguna medida para regularizar la situación.

Los damnificados afirmaron, además, que cada vez que alguien cuestiona esta distribución irregular resulta arbitriamente apartado de su puesto de trabajo, amenazado o intimidado por los poderosos para que desista de sus legítimos reclamos. ”Los Puche son las personas que manejan los fondos asignados por el Estado nacional con la complicidad de la municipalidad a la cooperativa La Unión Ltda; ellos son los que liquidan los pagos a los asociados”, dijeron en su presentación.

Las truchas

Denunciaron además que se han creado una serie de cooperativas falsas que en general no realizan ninguna tarea específica, sino que son únicamente utilizadas para extraer o blanquear los fondos del programa de empleo. Tal es el caso, por ejemplo, de la Cooperativa de Trabajo, Capacitación, Gestión y Trabajo Limitada, que se encuentra integrada por hijos y familiares de los dirigentes gremiales de la UOCRA, donde funciona la Asociación Civil Trabajar, también integrada por directivos de ese sindicato.

Como se recordará, este semanario se ocupó de brindar información acerca de la manera en la que la Asociación Civil Trabajar había realizado maniobras indebidas con el cobro de fondos para la construcción del Plan Dignidad, destinado a las familias que provenían de la erradicación de la villa de Paso. Se probaba en aquella documentación que los directivos gremiales no estaban estatutariamente habilitados para recibir dinero en nombre de la UOCRA, que era la aparente entidad de respaldo, y de hecho no habían terminado en tiempo y forma ninguna de las etapas de la construcción.

Éste tampoco es el único de los hechos que posicionan a la cooperativa como una entidad de dudosa conducta civil, ya que estuvo involucrada también en un fraude millonario por la construcción de un plan de viviendas para afiliados en Miramar, que puso en foco a los principales nombres detrás de los papeles: los hermanos César y Jorge Trujillo, quienes se repartían las funciones del poder, uno desde el Honorable Concejo Deliberante y el otro desde la máxima dirigencia sindical en la UOCRA. La lista de responsables menores era larguísima, pero incluía administradores y tesoreros, más una serie de auditores, que obviamente habían hecho la vista gorda a la hora de supervisar el destino de los fondos del Instituto Provincial de la Vivienda.

Así son las cosas: el problema no es la falta de dinero, sino la falta de llegada del dinero. El problema real no es la pobreza, sino los peajes. Cada uno quiere una porción de la torta si se pretende pasar por su vereda. Y como en general se las dan, o no queda torta para el beneficiario, o quedan apenas unas migas y la promesa de que en su próximo cumpleaños, sí o sí, va soplar las velitas y va a ser muy pero muy feliz. Palabra de funcionario.

Coment� la nota