"No venimos a discutir acá la necesidad de contar con una empresa hidrocarburífica de bandera, pues consideramos imperiosa la presencia del Estado en materia estratégica de energía", dijo.

Recordó que YPF fue creada en 1922, bajo un Gobierno radical, y que su sector se opuso en 1992 a la privatización. "El oficialismo sostiene que YPF es hoy el 'futuro del país'. Ya en 1992 planteábamos nuestra preocupación por el futuro de la soberanía hidrocarburífica de nuestro país".

"Tenemos hoy la obligación de determinar si el precio a pagar corresponde o no al valor de la empresa, y si la determinación del mismo, siguió los pasos que establece la ley de expropiación. Es decir, se tasó y se negociación en base a esta tasación", expresó. Para Torroba, se acordó el precio con la empresa y después se adecuó la tasación a ese precio. Fue, a su criterio, el primer incumplimiento de la ley de tasación. "Por otro lado, estamos convencidos de que el precio, conformado por la suma del capital y los intereses, casi 12 mil millones de dólares, sobrevalúa el precio de la empresa", dijo.

Los intereses que el Estado nacional, y los Estados provinciales petroleros se obligan a pagar, exceden ampliamente las tasas internacionales, agregó. Bolivia coloca deuda al 4% a 30 años, México al 5% a 100 años, Brasil al 4,3 a 12 años. "Además, al decir del ministro de Economía (Axel Kicillof), la empresa expropiada estaba 'muriendo'", recordó. La producción petrolera había caído un 44% desde 1997 a 2011, y la gasífera un 55% a partir de 2004. Por otro lado, las reservas petroleras, habían caído un 50%, y las gasíferas en un 55%.

"Era una empresa en vaciamiento con la complicidad y responsabilidad del Estado Nacional. Era una empresa que distribuía entre el 80 y el 90 por ciento de sus ganancias, y sólo reinvertía entre el 10 y el 20 %. Era una empresa en franca retirada de la Argentina. Era la única empresa petrolera a nivel internacional despreocupada por renovar sus niveles de reservas", dijo. "La única preocupación de esta empresa, que hoy debemos indemnizar, era el reparto de utilidades con la complicidad del representante del Estado Nacional en el directorio de la empresa, quien votaba por el reparto de utilidades y la desinversión de dicha empresa. Si esa tendencia permanecía en el tiempo, la empresa tenía fecha de cierre".

"No solo indemnizamos a una empresa que tiene las mencionadas características, sino que también nos hacemos cargo de los pasivos ambientales, legales y fiscales que, a nuestro entender, están subvaluados. Una petrolera, cuya única finalidad, y siguiendo las reglas establecidas por el gobierno nacional, era el reparto de ganancias, sin duda minimizó la inversión en seguridad medioambiental", sostuvo.

"Se debió haber acordado con Repsol la responsabilidad de ésta sobre los pasivos ambientales, legales y fiscales que ahora pesan sobre YPF. Como se trata de una operación de largo plazo, se debieron haber mantenido bonos en caución como prevención a posibles contingencias", manifestó. "Nada de esto se hizo en salvaguardia de los intereses nacionales. Los mencionados pasivos, son una verdadera caja de Pandora".

"Por último, como diputado de una provincia petrolera, que debe asumir una parte de la indemnización a Repsol, quiero dejar constancia del desacuerdo por la ausencia de los Estados provinciales en esta negociación. Fueron verdaderos convidados de piedra. El federalismo, ausente una vez más", finalizó.