Torroba autorizó la colocación de las cámaras de videovigilancia

La empresa que ganó la licitación para el servicio de videovigilancia en la capital pampeana comenzó hace una semana a colocar las instalaciones que albergarán las cámaras filmadoras en el microcentro, frente al barrio Matadero y en la esquina de Raúl B. Díaz y 1º de Mayo.
El intendente Francisco Torroba dio el okey para la implementación del servicio, a pesar de la resistencia que había en el bloque de concejales oficialistas y la oposición del viceintendente socialista Guillermo Di Liscia. La ubicación de las cámaras es estratégica, apunta a la salida de los bancos y los boliches bailables, pero también al paso de barrios considerados conflictivos y estigmatizados por la cuestión de la inseguridad como Zona Norte y Matadero (ver aparte).

El proyecto comenzó a rodar durante la gestión del ex ministro Juan Carlos Tierno, al principio del gobierno de Carlos Verna, en 2007. Pero el sucesor, Rodolfo Mauricio Gazia, lo mantuvo en pie y se llegó a adjudicar la licitación. En General Pico ya está en marcha.

Torroba confirmó ayer a El Diario que autorizó la colocación de la nueva tecnología en seguridad e invocó como respaldo un dictamen del Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. También dijo que hay una ordenanza en vigencia, de la época cuando el actual gobernador Oscar Mario Jorge era intendente, que habilita la utilización del espacio público de la ciudad para este fin. "Esa ordenanza lo autoriza", le dijo a El Diario.

De esa manera, Torroba esquivó el camino de pedir que el Concejo Deliberante actual vote una ordenanza. Desde allí ya se habían escuchado voces del oficialismo, a mitad de año, en contra de la iniciativa. Por otro lado, Torroba y sus colaboradores venían planteando la preocupación por la inseguridad y la falta de policías en la ciudad desde hace un par de meses.

"La fijación de cámaras hoy está expandida en el mundo y en gobiernos de distintos signos políticos. La Municipalidad de Rosario tiene un gobierno socialista y tiene cámaras de videovigilancia y también las tienen gobiernos conservadores", argumentó el jefe comunal.

"A mi entender, el problema no son las cámaras sino la utilización de la información. Como dice el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que dictaminó a favor de la implantación de las cámaras en Pico y Santa Rosa", le dijo a El Diario. "Esto es claro. El problema no son las cámaras. El problema es el aspecto normativo y jurídico en la utilización de las grabaciones. Lo que tienen que proteger los santarroseños es la utilización de la información, que esté adecuada a la normativa nacional", indicó.

- ¿Considera que eso está garantizado? -se le consultó.

- Si se toman los recaudos y la Provincia respeta las normativas nacionales, no va a haber inconvenientes. En eso debe estar atento el municipio. Hay que preocuparse por cómo funcionan, la utilización, no la existencia de las cámaras.

- El viceintendente Di Liscia y la concejala Iribarren se habían expresado rotundamente en contra del sistema.

- Podemos estar a favor o en contra. Sí tengo en claro que el problema no son las cámaras. En Rosario hay un gobierno socialista y están funcionando las cámaras de videovigilancia. Mi preocupación es la utilización de la información. No hace muchos días, en La Plata, las videocámaras salvaron la vida de un chico. También se pueden utilizar para espiar, eso es lo que tenemos que reglamentar y trabajar, para que no sirvan para esa finalidad. También la Policía puede servir para hechos no deseados. En un país con veinticinco años de vida democrática, esto no debiera ser un obstáculo para su buen funcionamiento.

- ¿Su expectativa es que mejorará la seguridad en la ciudad?

- La política de seguridad está en manos del Gobierno Provincial. Para mejorar el tema hace falta más trabajo, menos pobreza, más educación, más familia. No adhiero a que con más patrulleros resolvemos el problema. Pero el monopolio de la política de seguridad está en la Provincia. Uno pretende no impedir la articulación para un trabajo conjunto. La seguridad pasa más por ese lado, no pasa por más patrulleros o mayores penas.

- ¿Poner cámaras ayuda?

- Las cámaras son un complemento. No resuelven nada. Es una política articulada. La Cámara de Diputados acaba de poner cámaras y libera personal, en vez de tener dieciséis efectivos lo resuelven con tres. Es una contribución. Pero si no avanzamos en todos lados, lo que significa más educación, más trabajo y menos pobreza, no va a cambiar nada por más que pongamos las cámaras.

- ¿Habló con los concejales del FrePam antes de autorizar esto?

- Sí. Hay concejales que están a favor y otros que están en contra.

- ¿Igual avanzó?

- La ordenanza está en vigencia desde hace años, desde el gobierno de Jorge. No es el Ejecutivo el que autoriza. Hay una ordenanza. Y el dictamen de Derechos Humanos hace recomendaciones sobre la utilización de las cámaras. Si están bien utilizadas, es una contribución. Si se utilizan de otra forma, habrá que exigir que las desmonten.

- ¿Está de acuerdo con la ubicación de las cámaras?

- Pedimos modificar algunos lugares. Eran importantes los accesos por las rutas nacionales, para saber quiénes entran y salen. Pedimos incorporarlas en la zona de la laguna, una zona donde tenemos desmanes. Pero nos dijeron que en esta primera etapa no. Para nosotros controlar el ingreso a la ciudad es importante y controlar la zona de la laguna también, porque todos los fines de semana tenemos hechos de vandalismo.

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