La tormenta perfecta

El negocio de las AFJP sólo es compatible en la Argentina con un Estado que asuma todos los costos y rescate a todos los heridos. Pero el Gobierno minimizó los riesgos de una jugada fuerte. Por: Maximiliano Montenegro
El negocio de la jubilación privada en la Argentina sólo puede sostenerse con el Estado bobo como socio. Así fue diseñado a mediados de los noventa por Domingo Cavallo y un grupo de banqueros como asesores. Los trabajadores derivan sus aportes (11% del salario) a las cuentas de capitalización y dejan de financiar al Estado, que paga las jubilaciones. El Estado emite deuda (a tasas elevadas), bonos, que compran las AFJP con los recursos que antes el Estado recibía sin costo alguno. Las AFJP cobran una comisión, que llegó a ser entre un tercio y la mitad del aporte –lo cual disminuye sensiblemente la jubilación futura– por actuar de intermediarios. Se les paga del salario del trabajador para que adquieran bonos emitidos para financiar el agujero que las propias AFJP causaron. Lo que ahorran las AFJP es lo que desahorra el Estado. En esa calesita, un solo participante se lleva la sortija.

Hay quienes equiparan lo acumulado en la cuenta individual a un ahorro bancario. Es una confusión peligrosa, que el Gobierno no se preocupó por despejar. Como explica el juez Luis Herrera, miembro de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, “el afiliado no puede disponer de los fondos como si fuera una caja de ahorro o un plazo fijo. Sólo constituye un fondo para una cobertura futura de jubilación. Lo que está en juego aquí no son derechos patrimoniales sino previsionales”. Para el camarista, lo importante es determinar si el derecho jubilatorio que le reconoce el Estado en el sistema de reparto es igual o superior al que obtendría de la AFJP. Sólo si fuera inferior habría lugar para el reclamo por verse afectado un derecho previsional. El juez Herrera está lejos de avalar las políticas kirchneristas: considera que la recientemente sancionada fórmula de movilidad “es inconstitucional”.

Por ejemplo, 51 mil pesos en la cuenta individual no significan un ahorro que se pueda retirar total o parcialmente un día, ni siquiera en el momento de jubilarse. En realidad, ni siquiera ese dinero es real: el 55% de ese monto está invertido en títulos públicos que las AFJP pueden anotar a su valor técnico –porque se supone que el Estado va a pagar–, pero hoy valen en el mercado un quinto. Como sea, el saldo de la cuenta es la cuota parte de una jubilación de… $283 mensuales.

Preguntas:

1) ¿Qué es más seguro: una jubilación en una AFJP o en el sistema de reparto?

En el mejor de los casos para el sistema privado, podría decirse que el riesgo es el mismo. Ante una crisis en la Argentina, el golpe se sentiría por igual en los dos esquemas. Ante una situación de default (cesación de pagos), el Estado jamás dejó de pagar salarios y jubilaciones. Tampoco dejaría a la deriva a la jubilación privada, que vería evaporarse la mitad de los fondos. Pero, en un ejercicio extremo de salvese quien pueda, los “acreedores” siempre quedarían en segundo lugar.

2) ¿Quiénes les van a pagar a los afiliados a las AFJP que no aportan regularmente?

De los 9,5 millones de afiliados a las AFJP, sólo 3,6 millones aportan regularmente. Esa gran mayoría de empleados en negro o aportantes intermitentes no va a tener derecho –en los papeles– a ninguna jubilación en el futuro. Pero todo el mundo descuenta que será el Estado quien tenga que rescatarlos y ofrecerles un seguro social o una jubilación mínima, pese a que las AFJP cobraron las comisiones sobre los escasos fondos que aportaron y el Estado fue igualmente desfinanciado.

3)¿Por qué el Estado garantiza también la PBU (prestación básica universal, 326 pesos) a todos los que aportan al sistema privado? ¿Por qué a los 33 mil jubilados de AFJP a los que ya se les agotaron totalmente sus cuentas el Estado les cubre la totalidad de sus haberes? ¿Por qué a 179 mil jubilados de AFJP de un total de 445 mil el Estado les paga un complemento para que su haber no sea inferior a la jubilación mínima garantizada?

La respuesta en todos los casos es la misma: porque es un derecho previsional, que debe asistir a todos los trabajadores. No se trata, como decía Cavallo, de que cada uno ahorre en su cuenta un derecho de salvación personal. Los trabajadores con mejores sueldos y mayor capacidad de ahorro pueden aportar voluntariamente a un seguro de retiro que complemente su jubilación. Y extraer esos ahorros anticipadamente –abonando una tasa de descuento que hoy ronda entre 5 y 7%– en el momento que deseen.

Muerte de las ideologías. Cristina tiñe todo anuncio de una épica revolucionaria. Sin embargo, lejos de definir un rumbo ideológico, últimamente en las decisiones oficiales hay puro pragmatismo. Con el mismo tono presentó el pago al Club de París y la renegociación de deuda con los holdouts, que ideológicamente iban en el sentido contrario. Ambas políticas buscaban ahuyentar el fantasma del default y naufragaron en el tsunami que desató el crack de Wall Street.

La crisis financiera castigó las cuentas de capitalización de los futuros jubilados en las AFJP, es cierto. Pero el proyecto de estatización, que venía discutiéndose hace dos años en la ANSES, no es un rescate de urgencia de jubilados en riesgo, a los que igualmente el Estado socorre desde hace rato. Apunta en otra dirección. De prosperar la reforma, el Estado recuperará ingresos previsionales por 15 mil millones de pesos en 2009, recursos que de otro modo irían a las cuentas de capitalización. Por otro lado, de los $5.500 millones de pesos anuales necesarios para solventar los haberes de los 445. mil jubilados en las AFJP, el Estado costea $4.000 millones por diversos conceptos. Así que el gasto adicional será menor. El saldo a favor irá a engrosar el Fondo de Sustentabilidad de las Jubilaciones, que actualmente acumula unos 20 mil millones de pesos.

De los casi $98 mil millones de pesos acumulados en el sistema privado, el 55% son títulos públicos. Si la ANSES toma control de esos recursos, lo primero que hará es refinanciar (canjear por otro título del Tesoro) los vencimientos de Préstamos Garantizados de los próximos dos años –alrededor de 3.000 millones en 2009, y otro tanto en 2010– para despejar el horizonte de la deuda, algo que igualmente ya se negociaba con las AFJP.

El Fondo de Garantía de las Jubilaciones, que maneja la ANSES, no puede desviarse para otros gastos que no sean el pago de jubilaciones, de la movilidad o la liquidación de juicios previsionales. Sin embargo, el Fondo –según la regulación que establezca el Congreso para la administración de sus activos– podría suscribir títulos del Tesoro para que éste financie obras de infraestructura u otras inversiones. Kirchner está convencido de que sólo se puede gobernar un Estado con dinero en la caja. La caída de los precios de las exportaciones, junto con la desaceleración de la economía, obligaban a ajustar las cuentas en el año electoral para garantizar el superávit y afrontar los compromisos de la deuda. El Fondo de las Jubilaciones, única fuente de financiamiento disponible, modifica la ecuación.

Riesgos del país. No habría nada peor para el Gobierno que creerse las versiones conspirativas que el periodismo K difundió en los últimos días para explicar el derrumbe de la Bolsa, el hundimiento de los títulos públicos, la salida de depósitos y la corrida al dólar.

Que hay especuladores y financistas que apuestan en contra no es novedad. Pero la crisis financiera internacional es una tormenta perfecta que mantiene en vilo a las economías de casi todo el mundo. Y desde la Casa Rosada minimizaron los riesgos de una medida de alto impacto en una sociedad donde la credibilidad de la política oficial cotiza en baja, sobre todo en una amplia franja de la clase media. Fue un error no acompañar el anuncio de la reforma previsional de un detallado informe de cuáles serán los próximos pasos de la política económica, si es que existe algo parecido a un plan. O, por lo menos, definir qué cambiará y qué seguirá igual en el manejo de los fondos de las AFJP. Así se dejó que la desconfianza se esparciera como un reguero de pólvora en todos los niveles. En los últimos años, las AFJP participaron del 45% de las operaciones de apertura del capital accionario de las principales empresas del país en busca de fondos. La cotización de los papeles de esas empresas –aquí, en España o en Nueva York– se desplomó por el temor a que el Gobierno fuera a intervenir en el control de esas compañías. A las apuradas, el Gobierno salió a negarlo. Del mismo modo, las administradoras poseen depósitos a plazo fijo por $7.000 millones en los bancos, y a nadie se le ocurrió salir a explicar en conferencia de prensa que esas colocaciones no serían trasladadas al Banco Nación, ni se modificaría, por ahora, su distribución. Más del 30% de esos fondos están depositados en dos entidades privadas de capital nacional –una muy cercana a los K– cuyas acciones también fueron en picada.

Si los Kirchner quisieron enviar el mensaje de que no habrá default por sobre todas las cosas, los tenedores individuales e institucionales de bonos de la deuda interpretaron justo lo contrario. El Boden 2012 –con vencimientos el año próximo– rinde 60% en dólares: eso significa que si alguien creyera que el Estado cumplirá los próximos tres años, podría conseguir una renta anual de ese porcentaje. Aun así, la mayoría siguió desprendiéndose de papeles argentinos.

En el Gobierno restan importancia a los humores del mercado de capitales local, porque, después de la estatización de las AFJP, dejará prácticamente de existir. En teoría será la ANSES, a través del Fondo de Jubilaciones, el nuevo financista de los proyectos. Sin embargo, el riesgo de contagio de la desconfianza a los bancos es el gran peligro, si los afiliados a las AFJP piensan –erróneamente– que la nacionalización del sistema es equivalente a una incautación de depósitos. El Gobierno debe explicar una y otra vez la reforma.

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