Sin el tope jubilatorio, viene un retiro en masa de los jueces

En la Corte de Justicia hablan de impulsar una medida para que nadie se vaya hasta que tenga reemplazante.
En un hecho inédito en la historia provincial, quedó firme la posibilidad de que una importante cantidad de funcionarios y magistrados de la provincia -se habla del 40 por ciento- puedan acceder al beneficio jubilatorio bajo el régimen del 82 por ciento móvil y queden exceptuados del techo salarial que existía hasta ahora, que era el principal freno que esgrimían para retirarse.

Es porque el pasado 30 de diciembre fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación el decreto que la presidenta Cristina Fernández firmó el 22 de diciembre, aprobando el acta complementaria entre la Provincia de San Juan y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Esa acta habla de que los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de San Juan podrán adherirse a los beneficios jubilatorios de la Ley Nro. 24.018, que establece que podrán jubilarse con el 82 por ciento móvil de lo que percibían en el cargo que ocupaban al momento de la cesación en el servicio.

Hasta ahora existe un tope salarial fijado por ley y reglamentado en los '90 que establece un techo de unos 3.500 pesos para los jueces jubilados, que es una cifra muy por debajo de los casi 19.000 pesos que gana hoy, por ejemplo, un cortista.

En otras palabras, ahora los magistrados no se van porque con el tope ganarían una jubilación equivalente a un tercio de lo que cobran en el cargo, aproximadamente.

Como se trata de una cantidad de integrantes del Poder Judicial que se podrían retirar en forma casi simultánea, complicando la prestación del servicio de justicia, fuentes de la Corte anticiparon que estudian emitir una resolución, que podría ser una acordada general, para mantener a los jueces jubilados en convocatoria, es decir en sus puestos, hasta tanto se completen las vacantes que se produzcan por vía de la jubilación.

Para optar por el nuevo régimen jubilatorio, los integrantes del Poder Judicial tienen plazo hasta el 22 de marzo próximo, cuando se cumplen los 90 días desde la firma del decreto.

Recién a partir de esa fecha tope se disparará el sistema para que los jueces se jubilen. Y si bien no hay un cálculo del tiempo que demandará, si se sabe que todo el proceso tendrá lugar durante la actual gestión del Gobierno Provincial.

El proceso de selección de los reemplazantes de los funcionarios judiciales tiene dos etapas. La primera es en el Consejo de la Magistratura, órgano constitucional integrado por 2 abogados, un legislador, que es el justicialista Víctor Muñoz Carpino, un cortista y el ministro de Gobierno, Emilio Fernández. El organismo eleva una terna para que defina la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene amplia mayoría.

Según cálculos aproximados que manejan en la Corte de Justicia, hay un 40 por ciento de personas en condiciones de retirarse contando a los fueros civiles, penales, laborales, de menores y de paz, más la Corte de Justicia.

En ese diagnóstico estimativo de la planta actual de jueces en condiciones de retiro se menciona a 3 de los 5 cortistas, 7 de los 9 camaristas penales, todos los camaristas laborales que son 6, 2 de los 3 camaristas de paz y 7 de los 9 camaristas civiles.

Como se trata de un cambio de sistema, los magistrados tendrán que actualizar sus aportes desde el 1º de enero de 1996, fecha en que la provincia transfirió a la Nación la Caja de Jubilaciones. Por lo tanto, así como estarán habilitados para acceder el 82 por ciento móvil de lo que cobran al momento de jubilarse, tendrán que realizar aportes diferenciales para poder concretarlo. Para pagar esa diferencia, en la Corte dijeron que han hecho gestiones para que de la misma jubilación se les pueda ir descontando una parte proporcional hasta cubrir la deuda.

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