El tope del 50% ya está vigente por ley

Lo establece el pacto entre Provincia y municipios por el que éstos refinanciaron deudas. Y Córdoba adhirió en 2005.
La consulta popular que el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, pretende realizar el domingo 28 de junio servirá para medir con cuánto respaldo ciudadano cuenta en la batalla contra el gremio de los municipales.

Pero lo cierto es que la pregunta de si uno está de acuerdo o no con destinar al pago de salarios hasta un máximo de 50 por ciento de los recursos propios y coparticipados podría quedar en retórica pura: ese tope ya existe por ley y, de más está decirlo, el municipio lo está incumpliendo.

Se trata de la ley 8.864, sancionada por la Unicameral el 5 de julio de 2000, que aprobó el Acuerdo Económico, Financiero y Fiscal entre la Provincia y las comunas, firmado en diciembre de 1999, conocido como Pacto de Saneamiento Fiscal.

Fue impulsada por el ex gobernador José Manuel de la Sota y fue un salvavidas para numerosos intendentes. Al menos la mitad de los 427 municipios y comunas estaba asfixiada por deudas con proveedores, bancos y el propio Estado provincial, tenía déficit fiscal in crescendo y atraso de sueldos.

La Provincia les reprogramó y refinanció deudas hasta 16 años de plazo (luego se amplió a 25) y dispuso que la Caja de Jubilaciones y el ex Ipam retuvieran los aportes a la seguridad antes de girar los fondos a los intendentes. A cambio, los municipios prometieron eliminar tributos distorsivos, no endeudarse para gastos corrientes y acotar el gasto salarial.

El título 12 de la adenda de ese convenio dice que "los importes monetarios de los cargos previstos en el presupuesto cuyo titular fallezca, renuncie o se jubile deberán ser eliminados hasta que el límite máximo del total de remuneraciones (personal permanente y transitorio) y sus correlativas cargas sociales y previsionales no supere el 50 por ciento del presupuesto anual". Estaba en marcha ya el plan de jubilación anticipada para reducir personal.

Córdoba fue una de las que, en su momento, no firmó: De la Sota y Germán Kammerath ya estaban peleados. Por el mismo enfrentamiento político, De la Sota le demoró la firma a Luis Juez del Pacto de Saneamiento. Pero al final, el acuerdo se hizo: fue el 5 de agosto de 2005, un año en que el gasto en personal se llevó "sólo" 51 por ciento del presupuesto.

"Los municipios del interior no han reventado porque han cumplido; si no, estaríamos todos como Córdoba", resume Alberto Giménez, intendente de Mina Clavero y uno de los que participó en las discusiones del Pacto.

El secretario de Participación Ciudadana de la ciudad, Guillermo Luque, alegó que muchas cosas no se cumplen, como el llamado a concurso. "Eso no fue aplicado cuando se firmó; estamos tratando de encauzar las cosas", dijo.

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