Toman créditos para comprar aviones: u$s 1.080 millones

• Surge de la ley de presupuesto 2010, promulgada el viernes.

• Los administrará el ministro De Vido

El presupuesto de la Administración Pública para 2010, que fue promulgado el viernes al publicarse la ley y el decreto correspondiente en el Boletín Oficial, autoriza al Ministerio de Planificación a realizar operaciones de crédito público por $ 4.500 millones y u$s 1.200 millones.

Este financiamiento avalado por el Estado dependerá de las ofertas que se verifiquen y el Ejecutivo determinará hasta el monto global autorizado, la asignación de recursos entre determinadas inversiones. Pero el uso de esta autorización deberá ser informado a ambas cámaras del Congreso dentro de los 30 días de efectivizada la operación.

En la medida en que se perfeccionen esas operaciones de crédito, el jefe de Gabinete queda facultado a realizar las ampliaciones presupuestarias para posibilitar la ejecución.

Según la ley, los recursos se destinarán a «inversiones prioritarias» para el desarrollo del transporte, la generación de energía, la infraestructura educativa y la cobertura de viviendas sociales.

En el detalle del destino de los fondos, surge que el 90% del monto autorizado en dólares -esto es u$s 1.080 millones- se destinará a inversiones en aviones de Embraer y Airbus para la flota de Aerolíneas Argentinas. El plazo mínimo de amortización de este crédito será de 5 años.

De esta manera, se confirma la intención del Gobierno de cerrar la negociación con el grupo español Marsans -que sigue siendo dueño de las acciones de Aerolíneas aun con la estatización- haciéndose cargo del contrato que esa empresa tomó para proveer aviones de Airbus a Aerolíneas.

El 36% del monto en pesos, equivalente a $ 1.620 millones, se destinará al inicio de las obras hidroeléctricas de Condor Cliff-Barrancosa en Santa Cruz, Chihuidos en Neuquén, Los Blancos en Mendoza y Punta Negra en San Juan. No queda claro si el Gobierno espera que el resto del financiamiento lo consiga el sector privado que se ocupe de las obras, o que los costos se repartirán en sucesivos años, según el avance de las obras.

Inversión

Se afirma que sólo la construcción de la represa de Cóndor Cliff exigiría una inversión de $ 3.500 millones de pesos. El criterio es que los créditos, tanto públicos o privados, se terminarán pagando con la energía generada, pero esto requiere continuidad de la obra para evitar sobrecostos por demoras en los pagos y para empezar a generar lo antes posible. Por las postergaciones en los pagos y por costos adicionales no evaluados en un primer momento para las relocalizaciones de la población afectada, Yacyretá terminó siendo tan cara que resulta difícil precisar cuánto fue el costo verdadero.

El plazo mínimo de amortización de los títulos o préstamos públicos para las nuevas centrales hidroeléctricas será de 3 años, lo que supone que en esa fecha deberán estar terminadas y operando. El 10% de los fondos autorizados en pesos, esto es $ 420 millones, se destinarán a la central a carbón que se está instalando en Río Turbio, y en este caso el período mínimo de amortización se estima en 6 meses.

Para el plan de obras de AySA (Aguas y Saneamiento Argentinos SA), se destinará el 35% de los fondos en pesos ($ 1.575 millones) a amortizar en un año. Otro 25%, $ 1.125 millones, serán para construir acueductos en Santa Rosa, Chaco, Santa Fe, Bahía Blanca, y Puelén Chacharramendi. Por último, el 20% del volumen en pesos ($ 900 millones) se destinarán a infraestructura ferroviaria.

Llamativo

Un dato llamativo es que el monto autorizado en pesos es de $ 4.500 millones, pero se prevé financiar obras por $ 5.640 millones. En dólares, además del 90% para aviones, el 10% se calcula para el sistema satelital argentino (ARSAT), y el 25% para adquirir material ferroviario a China, con lo cual quedarían $ 1.140 millones y u$s 300 millones sin financiamiento, si bien el anexo del presupuesto, indica en cada caso «máximo porcentual del monto global autorizado en dólares».

Según el presupuesto «los proyectos y obras incluidos en el programa (del Ministerio de Planificación) se considerarán un activo financiero y serán tratados presupuestariamente como adelantos a proveedores y contratistas hasta su finalización». Esta aclaración implicaría que los desembolsos para el programa que concretará el ministro Julio De Vido no serán computados como egresos.

Sorprendió que dentro del programa de Planificación no haya aportes o créditos para generar energías renovables, ya que algunos empresarios contaban con esa posibilidad. En ese sentido, el Gobierno postergó hasta mediados de este mes la presentación de las ofertas para generadores por hasta 1.000 megavatios con fuentes renovables, presumiéndose que hay cierta desconfianza de los interesados en que el adicional sobre el precio actual de la energía, prometido para esos 1.000 megavatios, resulte suficiente para cubrir los costos.

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