Al referirse a la convocatoria a un paro general por 24 horas efectuada por la CGT disidente para el próximo jueves 28 de agosto, Tomada dijo que se trata de “una expresión de un grupo de organizaciones sindicales, pero el derecho a la protesta está afortunadamente garantizado en nuestro país, producto de estos 30 años de democracia, y en todo caso veremos qué ocurre”.

El ministro formuló declaraciones tras un encuentro con los integrantes de la CGT que lidera Antonio Caló, que se realizó en la Casa de Gobierno encabezado por el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en cuyo transcurso se anunció para el 29 de este mes la realización de una reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

“No creemos que el conjunto de los temas que hemos analizado hoy con la CGT no puedan ser tratados en el marco del diálogo o buscando soluciones y alcanzando consensos. Lo hemos venido haciendo desde hace 11 años y creemos que podemos seguir avanzando por ese camino, pero quienes han optado por otra opción, ahí tienen su posibilidad”, señaló.

Tras señalar que el impuesto a las ganancias alcanza “al 10 por ciento de los trabajadores registrados”, indicó que “esto, precisamente, da cuenta además de la naturaleza del problema, porque no podemos considerar de ninguna manera que esto sea el reclamo del conjunto de los trabajadores”.

Por ello, agregó el ministro de Trabajo, “lo atendemos como el reclamo de una parte de un sector de los salarios más importantes y por lo tanto lo vamos a analizar en el marco de alguna de las conversaciones que venimos manteniendo con la CGT”.

Tomada consideró “lamentable” que “se utilice el tema del empleo como una justificación para el abroquelamiento destinado a resistir el tratamiento” de la ley de abastecimiento, y evaluó que el proyecto “reproduce las mejores tradiciones de los gobiernos que han defendido los intereses nacionales y populares”.

“Concretamente estamos hablando de tres leyes que van en dirección de proteger a los sectores más débiles de la cadena productiva y a los consumidores, quienes al día de hoy tienen solamente un reconocimiento constitucional a través del artículo 42, pero no leyes concretas que permitan defender sus derechos como consumidores”, aseveró.

Comparó esta situación con lo que ocurrió “durante el primer gobierno del General Perón, cuando para proteger a los trabajadores se creó el ministerio de Trabajo y tribunales laborales”, y dijo que “en este caso se generan las instancias administrativas y ocho tribunales para atender los problemas de estos sectores de la cadena productiva y de todos los consumidores”.

Tomada recordó que “en el fuero laboral rige el principio de que ante la duda, se está a favor del trabajador, y ahora en este ámbito va a regir el principio de que ante la duda, se está a favor del consumidor. La idea, el espíritu, sigue siendo siempre el mismo: generar derechos y que estos derechos se puedan ejercer”.