Tomada acusó a empresarios de preferir leyes inconstitucionales

Un documento oficial acusa tres veces a los empresarios de pedir cambios por decretos que serían inconstitucionales. Califica de penoso los planteos de la UIA
El decreto que incrementa las indemnizaciones por accidentes laborales tensó aún más la relación entre el Gobierno y el empresariado, desgastada desde los últimos meses producto de la falta de respuestas oficiales a sus reclamos y de la creciente conflictividad. Ante el unánime rechazo de siete entidades de diversos sectores a la nueva norma por considerar que no reducirá el nivel de litigiosidad y que pone en peligro la existencia de las pymes, el Ministerio de Trabajo reaccionó y los acusó de "intransigentes" y de defender "inconstitucionalidades" que les dan "seguridad jurídica". Además, aseguró que "en la mesa de negociación, nunca se preocuparon por las pymes".

Mediante un comunicado, la cartera que preside Carlos Tomada consideró que las críticas empresarias al decreto no deja de sorprenderlos. "No fue eso lo que manifestaron cuando nos reunimos para consensuar la norma que se firmó en estos días", expresó el funcionario. La versión del establishment es otra. Según ellos, los cuestionamientos planteados en ese último encuentro no fueron tomados en cuenta por el Gobierno. "Para ellos, consenso implica imposición", apuntó el ministro.

Tomada aclaró en el texto que la Justicia cuestionó la Ley sancionada en los ’90 por inconstitucional; fue así como muchísimos trabajadores que obtuvieron sumas irrisorias de indemnización iniciaron la respectiva demanda civil a fin de cobrar un monto mayor. Ello generó una gran cantidad de juicios, que crece año tras año y que atenta contra las pymes. Según expresó el ministro, el Poder Ejecutivo tomó nota de la decisión de la Corte Suprema y comenzó las reuniones con los distintos sectores involucrados. "Fueron cientos de encuentros y, penoso es decirlo, la mayor intransigencia siempre la expresó la UIA", remarcó, con gran dureza. "Para ellos, la ley sancionada en los ’90 les otorgaba seguridad jurídica. Para la Justicia no. El sector empleador siguió defendiendo esas inconstitucionalidades porque le daban seguridad jurídica", manifestó Tomada.

El decreto firmado por el Gobierno aumenta las prestaciones dinerarias únicas 150% para los casos de incapacidad mayores al 50%, elimina el tope indemnizatorio y fija un piso de $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad. En la cartera laboral están convendidos de que estos incrementos atenuarán la litigiosidad, pero desde las entidades empresarias consideran que al no existir la garantía de la "opción excluyente", los juicios se harán por montos mayores, con el agravamente de que las ART subirán los costos del seguro para hacer frente a mayores indemnizaciones.

En Trabajo aseguran que la norma "no incrementa necesariamente los costos laborales", ya que la Superintendencia de Seguros y Riesgos del Trabajo deben trabajar en reducir los costos del sistema y se controlará un eventual trato diferenciado con las pymes. A su vez, aclara el comunicado, "se ha promovido la creación de mutuas" para bajar precios.

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