El conflicto de la toma de Lugano que lleva más de tres meses podría recaer en la Corte Suprema como consecuencia de las maniobras del PRO y el kirchnerismo, que intentan sacarse el tema de encima.

El terreno situado en Pola y avenida Cruz, que fue tomado la noche del 24 de febrero pasado por vecinos de la Villa 20 y fue bautizado “barrio Papa Francisco”, no fue desalojado porexpreso pedido del Sumo Pontífice, por lo que la Ciudad quiere que el Gobierno nacional se haga cargo.

En ese sentido, esta mañana se realizó la audiencia oral y pública para resolver el planteo de incompetencia del fuero Penal, Contravencional y de Faltas porteño efectuado por la fiscalía general de la Ciudad, que considera que debería ser la Justicia Nacional la que intervenga.

El Fiscal General, el macrista Martín Ocampo le quiere transferir a Berni y el Gobierno nacional la resolución del conflicto, para que el secretario de Seguridad deje de cruzar a la justicia contravencional y a los fiscales porteños que dependen del hombre del Tano.

Ocampo envió esa directiva desde Miami, donde se fue de fiesta con el presidente de Boca, Daniel “Tano” Angelici.

En medio de la audiencia de hoy, la jueza María Gabriela López Iñiguez, titular del juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, informó de un llamado de la Corte preguntando si ya se había resuelto la incompetencia.

Fuentes que participaron de la audiencia señalaron que a la Corte “le interesa el tema” y que el conflicto podría terminar en el Máximo Tribunal. Es que pese a que la jueza quiere quedarse la causa, la fiscalía general hará lo posible para que la justicia nacional se haga cargo del problema.

Si López Iñiguez decide que tiene competencia para llevar el caso, la fiscalía apelará; y si la jueza dice que no tiene competencia quien apelará será la Defensoría General, controlada por el kirchnerismo, que manifestó la intención de que el tema se mantenga en la justicia porteña.

Se trata de un caso de “contienda negativa de competencia”, en el que dos jurisdicciones se declaran incompetentes y no tienen superior común. Como el único superior común a todos los jueces es la Corte, luego de las consecuentes apelaciones, el tema recaerá en el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti.

La audiencia

La audiencia de esta mañana inició con el anuncio por parte de la jueza López Iñiguez, de la ausencia de la defensa de Marcelo Chancalay (el puntero de Unen que es el único detenido de la causa), y de la presentación por parte del abogado Pedro Dattoli, de un escrito sobre la incompetencia planteada por la fiscalía.

Seguidamente, el fiscal Carlos Rolero expuso los argumentos sobre la incompetencia local para entender en la causa, fundando dicho planteo en que la materia que se investiga cuadraría con una "asociación ilícita" (delito de competencia nacional) y no una "usurpación" (delito de competencia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y por el cual se encuentra imputado y detenido Marcelo Chancalay).

El defensor General Adjunto Luis Duacastella y al abogado patrocinante de Marta Yané, Juan Manuel Di Teodoro, expusieron su oposición a que la causa abandone el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, centrando su posición en "la falta de prueba" para fundar los delitos que la fiscalía señala, en el riesgo a la pérdida del "juez natural" y en la inexistencia de un decreto de determinación de los hechos en el cual el Ministerio Público Fiscal señale la comisión de delitos de competencia nacional.

La jueza López Iñiguez solicitó la participación de la Subsecretaria Legal y Técnica de la Defensoría del Pueblo, Mónica Reina, para que informe al tribunal los avances en la causa que tramita en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, en relación al plan de saneamiento del predio para su posterior urbanización, y los resultados obtenidos del censo efectuado por la Defensoría del Pueblo y el IVC el pasado domingo, que arrojó que en el barrio Papa Francisco vivirían unas 1800 personas.

La magistrada también expuso posiciones encontradas entre el plan de desalojo elaborado por la Policía Metropolitana y la opinión de la Policía Federal, resaltó su interés por conocer en detalle los resultados del censo y el avance concreto para dar cumplimiento a la Ley 1770, e informó a las partes de la recepción en su juzgado de un llamado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación consultando sobre la resolución del planteo de incompetencia.

La jueza dispuso un cuarto intermedio que se retomará el próximo miércoles a partir de las 10.30 en los tribunales ubicados en Tacuarí 138.

Para dicha fecha se dispuso la convocatoria del Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, y del Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, a efectos de informar los avances para una solución pacífica del conflicto, en su calidad de miembros del Comité de Crisis creado en el marco de la causa por incumplimiento de la ley 1770 por la jueza Elena Liberatori.