Que la falta de vivienda atraviesa –de distin­tas maneras, con di­ferente intensidad– a las clases bajas y me­dias de la Ciudad, es algo que por repetido no pierde actualidad. En la última década la población se mantuvo estable, en menos de tres millones de habitantes, aun­que las viviendas aumentaron un 5,3%. Esto no ayudó a aliviar la si­tuación del más de medio millón de personas con problemas habi­tacionales. Por el contrario: según el Diagnóstico Socio-Habitacional del Consejo Económico y Social, en ese período aumen­tó el hacinamiento un 162%, la cohabitación se triplicó (de 44.541 a 116.893 hogares), los inquilinos pasaron de ser el 22,2% al 30%, y la cantidad de personas que vive en asentamien­tos o villas creció por lo menos un 52% hasta alcanzar los 163.000. Es un cálculo optimista: la ONG Techo dice que superan las 300 mil personas. Los sin techo –quie­nes ya no pueden pagar ni siquie­ra el alquiler en una villa– están condenados a peregrinar entre los paradores y la calle.

si creció el número de vivien­das construidas pero la gente vive hacinada, está claro que tiene que haber muchas casas desocupa­das: unas 340 mil según el Cen­so 2010.

En la Comuna 8, que integran Villa Lugano, Villa Soldati y Vi­lla Riachuelo en el sur de la Ciu­dad, la situación es dramática: los problemas de vivienda afectan al 33% de los habitantes. El desalo­jo del (ahora) ex barrio Papa Fran­cisco –¡ni su nombre lo salvó!– fue una muestra de la encerrona en la que viven los sin techo. La úni­ca alternativa que el gobierno les ofrece fue mandarlos a paradores transitorios, una solución de corto plazo y que separa a las familias. La mayoría prefirió volver al haci­namiento en casas de parientes o realquilar a precios astronómicos una pieza en la Villa 20.

Desde muchos sectores se acusó a los ocupantes de haber sido instigados por punteros polí­ticos, que sacaron una tajada im­portante de dinero con la com­pra-venta de los lotes usurpados. Lo cierto es que, más allá del ori­gen de la toma, ésta sirvió para que muchas familias aprovecha­ran la oportunidad para escapar de su condición de inquilinos en la Villa 20, donde pagaban hasta dos mil pesos por una piecita para una familia entera.

En la Villa, la situación tampo­co es buena: el 80% de las man­zanas no cuenta con conexión re­glamentaria al servicio de agua, el 90% de las cloacas conectadas al sistema pluvial son precarias y el 77% está colgado de la luz, se­gún un informe del sitio La Fábri­ca Porteña. ¿Por qué se paga un valor exorbitante en relación con lo que se ofrece? Porque si al­guien no tiene garantía propieta­ria y recibo de sueldo en blanco es imposible alquilar. Y sólo el 8,7 de la población activa de las villas tie­ne un trabajo formal.

Otras deudas

En 2005, se aprobó la ley que ordenaba urbanizar las villas, in­cluida la 20. El predio tomado iba a ser parte de esa urbanización. La ley nunca se cumplió. “Acá se invierte la carga de la prueba: los funcionarios tenían que cumplir una ley para garantizar viviendas dignas y no lo hicieron. Y cuando esa gente, desamparada, vivien­do en condiciones paupérrimas, toma un terreno, entonces son los culpables”, dice el legislador de Nuevo Encuentro, José Cruz Campag­noli, golpeado el día del desalojo.

El fenómeno que los urbanistas llaman gentrifica­ción está en su auge en la Ciu­dad. Los desplazamientos de los barrios siempre se dan de abajo hacia arriba: el Estado invierte en infraestructura en un barrio pos­tergado, sube el precio de la tie­rra, sube el valor de la renta y los alquileres; los propietarios ven­den y los inquilinos se van a un barrio más barato. El círculo que comenzó en la gentrificación ter­mina impactando también en los espacios disponibles en las villas, que empezaron a crecer en altura. Simultáneamente, comenzó a de­sarrollarse un vertiginoso merca­do inmobiliario. Los de más abajo, como siempre, son los que pagan el precio de la crisis.

Subejecución

Los números son elocuentes. El porcentaje destinado a las po­líticas de viviendas pasó de repre­sentar el 3,67% del presupuesto en 2008 al 2,56% en 2014.

Y la subejecución fue un comportamiento frecuente. Sal­vo en 2009 y 2012, el gobier­no porteño gastó mucho menos de lo presupuestado: el 67% en 2008, el 64% en 2010 y el 40% en 2011.

El gobierno también fragmen­tó las políticas de vivienda. El Ins­tituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) fue desligando responsa­bilidades en la Corporación Bue­nos Aires Sur y en la Secretaría de Hábitat e Inclusión. Esto también se refleja en los números. Si en 2008, el IVCrecibía el 3,65% del presupuesto, en 2014 ese porcen­taje se redujo al 1,60%.

Un informe de Nuevo Encuen­tro señala que entre 2008 y 2013, la Legislatura le aprobó un pre­supuesto de 223 millones de pe­sos destinado a la construcción de infraestructura en villas. Es de­cir, urbanización. Sólo se ejecuta­ron poco más de 100 millones, el 45% del total. “La inversión por cada habitante de las villas duran­te esta etapa fue de $514,64, to­mándose una población total es­timada en 200 mil personas”, indica el informe.

 Un desalojo sorpresivo

Tras siete meses de ocupación, negociacio­nes frustradas e idas y venidas judiciales, el ba­rrio Papa Francisco, donde vivían 700 familias, fue desalojado. Fue por sorpresa. El operativo se realizó en la madrugada del sábado 23 y fue llevado a cabo por la Policía Metropolitana, con el apoyo de la Gendarmería Nacional. La jueza María López Iñíguez dispuso el desalojo luego del crimen de una joven cerca del predio. En un comunicado calificó el accionar de las fuer­zas policiales como “exitoso” y destacó que no hubo “pérdidas humanas que lamentar”. En cambio, legisladores de izquierda y kirchneris­tas denunciaron hechos de violencia y una fuer­te represión. Si bien la mayoría de las familias abandonaron el barrio, unas 60 personas conti­nuaban –al cierre de esta edición– acampando frente al predio a la espera de una solución.