Toma del Concejo: los hermanos Puche se negaron a declarar

Los imputados fueron identificados por testigos, tras la observación de las filmaciones de los disturbios que protagonizaron, que fueron realizadas por medios locales y nacionales. El viernes el fiscal Moyano indagará a otra de las personas involucradas.
Concurrieron a Tribunales pero, amparados en el correspondiente derecho constitucional, se negaron a prestar declaración indagatoria ante el fiscal Mariano Moyano los hermanos Marcos Augusto y Pablo Salvador Puche, de 28 y 32 años respectivamente, ambos integrantes del Movimiento Atahualpa. Los hermanos Puche están imputados junto con otras cinco personas, entre ellos una mujer, por los hechos de violencia registrados el pasado martes 20, durante la toma del Concejo Deliberante.

El viernes declararía otra de las personas que fueron identificadas por los testigos, tras la observación de las filmaciones de los disturbios que fueron realizadas por medios locales y nacionales.

Según lo estableció en principio el fiscal Moyano, a cargo de investigación en esta causa, en todos los casos a los siete responsables de estos hechos se les endilgan los cargos de "lesiones, lesiones graves, daño agravado por tratarse de una dependencia pública y turbación de la posesión o tenencia".

Como estaba previsto los hijos de Mario Puche, líder de Atahualpa y presidente de la asociación vecinal de fomento del barrio Jorge Newbery, se presentaron pasadas las 10 en la Fiscalía del octavo piso de Tribunales. Concurrieron acompañados por el abogado Pablo Gelemur, quien ya había adelantado antes de ingresar a la dependencia judicial que sus clientes no declararían por el momento.

Explicaciones del defensor

Gelemur comenzó por explicar que "apenas fueron notificados de que habían sido citados por el fiscal, se presentaron en la Jefatura Distrital Centro para conocer que tipo de requerimiento se les hacía".

Y añadió: "por lo tanto, van a presentarse demostrando una fehaciente convicción de someterse a las resoluciones judiciales y eventualmente, si hay alguna discusión al respecto, hacerlo dentro del marco de ese expediente".

Sostuvo que "esto se hizo muy rápido. Fue una marcha demasiado pronta, teniendo en cuenta a lo que nos tiene acostumbrados el Poder Judicial".

También, Gelemur adelantó que en esta oportunidad no prestarán declaración, pero que "eventualmente, lo harán más adelante cuando esta defensa realice un análisis pormenorizado de la causa. En esa ocasión, haremos un pedido para que se les tome declaración".

Gelemur al contextualizar la conducta de sus pupilos señaló que "estamos inmersos en un debate y en una demonización que se realiza respecto de los luchadores sociales, de sus organizaciones y movimientos que se vienen manifestando en la República Argentina en contra de este sistema".

"Esta forma que viene desde Jujuy a Mar del Plata, pasando por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consiste en criminalizar y judicializar de manera sistemática la pobreza", prosiguió.

Los hechos del martes 20

El pasado martes, lo que parecía una protesta de rutina de grupos que se movilizan ante el Palacio Municipal por sus reivindicaciones, derivó por acción de un grupo de ellos en una violenta toma del edificio.

Integrantes de cooperativas vinculadas a movimientos que militan en diferentes barrios ingresaron por la fuerza a la Municipalidad, subieron hasta el recinto del Concejo Deliberante y se encerraron varias horas allí bloqueando todos los accesos.

La protesta estuvo protagonizada por alrededor de 200 personas cuyos líderes dijeron representar a unas 35 cooperativas que realizan trabajos públicos y cobran un subsidio nacional por ello, aunque en realidad los autores de los desmanes se identificaron como pertenecientes al citado movimiento Atahualpa que lidera apenas un puñado de cooperativas.

Lo concreto fue que en la irrupción por la fuerza y en el raid hasta el Concejo actuaron con suma violencia, agrediendo a personal de seguridad del municipio y a empleados. Esta organización es una de las más activas en el reclamo de una porción de los subsidios para cooperativas que distribuye la Nación y que, presuntamente, aquí en Mar del Plata les estarían negando o por lo menos demorando, en favor de otros grupos.

De todos modos la distribución de esos fondos no tiene que ver con las autoridades locales sino que responde a la discrecionalidad de quienes organizan el programa de las cooperativas en Desarrollo Social de la Nación. Representantes de Atahualpa exigen que el Ejecutivo municipal sea garante de un acuerdo que les asegure la asignación de nuevos trabajos por el plazo de un año, ya que el convenio anterior está vencido.

Con estos argumentos fue que impulsaron la toma del HCD el pasado martes, y provocaron las lesiones y destrozos que está investigando la Justicia.

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