Todos los días la Justicia falla contra el Ipross.

La Justicia resuelve un amparo por día para exigir al Ipross que cumpla con prestaciones para sus afiliados. Una mayor cobertura de medicamentos, prótesis y rehabilitación conforman las principales acciones que llegan a los estrados judiciales.
El incremento de los amparos se transformó en una preocupación gubernamental y judicial. Múltiples facetas derivaron en el reclamo ciudadano ante el Poder Judicial por un cumplimiento de servicio público, mayor cobertura y garantía estatal. Esta derivación queda claramente expuesta en las acciones contra el Ipross.

Un informe de la obra social rionegrina consigna que en un sólo semestre del año pasado se recibieron 135 resoluciones de amparos exigiendo cierta prestación en favor de un afiliado.

Cuatro de cada diez acciones se originan en requirimientos por una cobertura superior en relación con medicamentos. Otra participación porcentual similar pertenece a la provisión de prótesis. El resto se reparte entre las presentaciones por rehabilitación integral, cierta "cobertura especial" o reintegros.

El Ipross admite que los amparos se constituyeron en un canal prestacional y, consecuentemente, de erogaciones imprevistas. Esta característica exige su propia evaluación y resolución.

Así, el secretario Técnico de la obra social, Sergio Wisky, acepta que un alto porcentaje de los amparos puede corregirse internamente en el instituto. Acepta que puede solucionarse "con respuestas administrativas", explicó. El funcionario precisó que esas falencias del Ipross se advierten en los amparos por medicamentos y rehabilitación integral.

En la Justicia se coincide frente a las respuestas gubernamentales. Con marcado asombro, un miembro del Superior Tribunal de Justicia advertía hace algunos meses que se había recepcionado un amparo en tribunales con un reclamo para la provisión de pañales para un enfermo.

Hace algunos días, el próximo presidente del STJ, Luis Lutz exhortaba a un "uso racional del muy noble instituto del amparo" -que se establece de los artículos de 43 a 45 de la Constitución Provincial- y "evitar la desnaturalización". Advertía incluso que se llega a elegir ciertos magistrados para la propia presentación. Este juez siempre expone una posición crítica cuando la justicia debe asumir funciones o acciones producto de las falencias del poder administrador.

Simultáneamente, la conducción del Ipross -a cargo de Alcides Pinazo- reconoce la necesidad de mejorar esas respuestas desde la obra social, como también, la regulación de la cobertura para restringir esas acciones judiciales. Todavía el instituto no tiene cuantificado qué costo representan los amparos que exigen prestaciones adicionales.

La Defensoría del Pueblo también utilizó este instrumento frente a incumplimientos del Ipross. Por caso, ante una presentación de la defensora Ana Piccinini, el STJ actuó cuando en Viedma no existía atención en consultorios porque no había convenio entre la obra social y el Colegio Médico.

Comentá la nota