Todos apuntan a las zonas rentables

Todos apuntan a las zonas rentables
El sistema está concentrado en diez entidades que ubican sus agencias en pocas provincias, zonas donde se encuentran los sectores de mayor poder adquisitivo. Así ignoran el carácter de servicio público de las prestaciones bancarias.
El "país abanico" que describía Alejandro Bunge se reproduce en el sistema financiero: el 85 por ciento de las sucursales de los diez bancos más grandes están concentradas en sólo cinco provincias. En Buenos Aires –incluyendo la Capital–, donde reside alrededor del 46 por ciento de la población, se ubica el 64 por ciento del total de las filiales. Córdoba, Santa Fe y Mendoza cierran el selecto grupo. En el resto del territorio nacional la presencia de los principales bancos es muy limitada, con pocas sucursales ubicadas en las ciudades más ricas. La actividad financiera en esas provincias es cubierta, en algunos casos, por otras entidades financieras más pequeñas y la banca pública. Catamarca, Formosa y La Rioja son las que cuentan con menos sucursales de bancos que encabezan el ranking realizado por la autoridad monetaria. La desaparición de la banca regional –estatal, privada y cooperativa– y la discriminación geográfica son consecuencias de la Ley de Entidades Financieras. La legislación vigente no establece ninguna especificación acerca de la presencia mínima de las entidades en las distintas zonas del país. Algunos sectores proponen modificar la Ley de 1977, pero en el Banco Central y en el Ministerio de Economía existen dudas sobre la conveniencia de avanzar sobre cambios en esa legislación.

La reforma realizada por José Alfredo Martínez de Hoz eliminó las preferencias territoriales establecidas por la normativa anterior, pasando de un sistema regional a otro nacional. La concentración geográfica de las sucursales fue el resultado de la desaparición de los bancos regionales y la desconfianza tras las sucesivas crisis bancarias y financieras desde 1980. Esta situación redujo significativamente la proporción del crédito destinada a las economías regionales y condicionó el acceso de las pymes a través de elevadas tasas de interés. Reciben una proporción menor a un costo mayor. Así, los bancos privados más grandes –Santander, Francés, Galicia, Macro, Standard, Patagonia, Citibank y HSBC– concentran sus operaciones en las regiones y actividades más rentables. A su vez, a partir de la desaparición de las bancas estatales provinciales (por fusión, adquisición o quiebra) trece provincias poseen como agente financiero –depositario de sus recursos– a una entidad privada, condicionando así sus decisiones de política económica.

Las provincias del noroeste y el noreste no reciben la atención de las entidades. En conjunto esos diez distritos no reúnen alrededor del 10 por ciento del total de esas sucursales. En cambio, los elevados salarios en las provincias petroleras como Chubut y la renta sojera atraen a los grandes bancos. Pero incluso en esas localidades la banca privada no promueve el crédito productivo sino que se concentra en las operaciones más rentables: consumo, financiamiento de tarjetas de crédito y comercio exterior. El déficit en esas localidades es cubierto, en parte, por la banca pública y cooperativa. El diputado y dirigente cooperativista, Carlos Heller, señaló a Página/12 que así "se deja con una prestación bancaria nula o insuficiente a gran cantidad de localidades que requieren los servicios bancarios, tanto de pagos como de intermediación financiera, para mejorar su desarrollo local, situación que resulta no sólo injusta, sino ineficiente desde el punto de vista económico y social". El proceso de concentración comenzó a observarse desde la crisis bancaria de 1980, se profundizó con la crisis del Tequila en 1995 y continúa en la actualidad.

Según Heller, "esta situación está vinculada con la falta de una regulación que entienda a la actividad bancaria como un servicio público y que debe garantizar prestaciones mínimas en todas las localidades". Actualmente, las herramientas con las que cuenta el Estado para direccionar el crédito son muy débiles y acotadas. A su vez, ni las autoridades reguladoras ni los bancos se muestran interesados en modificar esa situación. "Las entidades privadas fijan sus objetivos por la máxima ganancia, y por lo tanto se ubican en las localidades donde esa ganancia se pueda maximizar. Esta actitud concentra las filiales en las zonas ricas, y deja desprovistas de servicios a las zonas menos desarrolladas", explica el diputado.

Para el especialista del Cefidar, Rodrigo López, "los únicos bancos que pueden garantizar presencia a lo ancho y a lo largo del país son los públicos y los cooperativos, que son instituciones colectivas y democráticas donde el crédito es organizado en función de intereses sociales de los pobladores locales. La banca privada no está en los pueblos porque no tiene nada para darles, salvo atención de pagos de servicios, pero para eso hay locutorios que lo hacen muy bien". La presencia de los bancos en las regiones discriminadas no asegura una mejora en la distribución del ingreso ni facilita el acceso al crédito.

Para lograr esos objetivos y limitar el proceso de concentración, desregulación, privatización y extranjerización es necesario modificar la Ley de Entidades Financieras vigente desde la última dictadura militar y, fundamentalmente, voluntad política. En ese sentido, Heller propuso impulsar desde su banca de diputado una nueva Ley de Crédito Productivo y Cobertura Universal de Servicios Financieros: "Para que el ahorro de la población se oriente al financiamiento de la producción en condiciones adecuadas, y para que todos puedan utilizar los servicios financieros, independientemente del lugar en el cual habiten o trabajen".

Por otro lado, el sistema financiero actual genera una suerte de fuga de capitales intrafrontera crónica. Como sucede a escala global, las grandes entidades captan fondos en las distintas provincias periféricas que luego son destinados a financiar operaciones en las localidades centrales. Según López, "la presencia de la banca privada es perversa porque magnifica las disparidades en la distribución del ingreso regional. Si hay sucursales, son para captar depósitos que son girados a la casa central de Buenos Aires, donde se toman las decisiones con el dinero ajeno. El fomento vigoroso del crédito no vuelve a los pueblos. Se disocia la generación de valor con la acumulación".

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