Lo hizo con la intención de imponer algo de sosiego político en la Argentina, que no se cumplió: el procesamiento de Amado Boudou por el escándalo Ciccone y el pleito abierto con los fondos buitre acosan al Gobierno y dan del mejor pasto a la oposición. A esos avatares Cristina Fernández pareciera estar más aclimatada, sin embargo, que a otros que prometen profundizarse si la economía mantiene el rumbo actual.

La conflictividad social, anárquica, irrumpió también con vigor esta semana en el teatro nacional.

Como sucede muchas veces, la visión del periodismo se enreda en exceso, quizá, con la coyuntura. Los piquetes de lunes y martes (ayer con cortes en la Panamericana, el Puente Pueyrredón; Callao y Corrientes) que demandaron la intervención de la Gendarmería y de agentes policiales, llamaron la atención pública. Pero el fenómeno tiene antecedentes bien cercanos. Habría empezado a incubarse con la caída de la actividad económica y la destrucción del empleo, que todavía no posee registro en las cifras del INDEC. De acuerdo con un trabajo de la consultora Diagnóstico Político, durante el primer semestre del 2014 ya se registraron el 61% del total de piquetes sucedidos en el 2013. Además, tomando como base el mes de junio, se contabilizó la mayor cantidad de cortes desde el 2009. Los distritos más conflictivos resultaron Buenos Aires y Capital Federal. Los menos conflictivos, San Juan y San Luis.

Una mirada similar acerca de la agitación social en el mundo, derivada de las desigualdades sociales y las crisis económicas, realizó en los últimos días el semanario británico The Economist. Dividió el planeta en cuatro rangos posibles e hizo la siguiente evaluación. Entre los países de bajo riesgo de conflictividad en la región señaló, por ejemplo, a Chile y Uruguay. Entre los de mediano riesgo a Ecuador y Colombia. Entre los de alto riesgo a Brasil y México. Y entre los de muy alto riesgo a la Argentina, Bolivia y Venezuela.

La ahora matizada agenda nacional, que de ninguna manera alcanza para ocultar el lastre de Boudou ni la negociación de Axel Kicillof con los fondos buitre, mutó en las últimas horas los rostros de los principales protagonistas del Gobierno.

Sergio Berni, el secretario de Seguridad, se colocó a la par del ministro de Economía. Capitanich quedó varios pasos atrás. La Presidenta está ausente de la escena por su nuevo problema de salud.

Berni estuvo a la cabeza de todos los desalojos del lunes y el martes por obstaculización de rutas y de calles. Aprovechó para echarle combustible a un debate apagado: el del proyecto para regular las protestas sociales, que Cristina había lanzado en marzo, cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso. El secretario descargó responsabilidades únicas por ese vacío legal en los dirigentes de la oposición. Omitió decir, claro está, que son también los legisladores del FPV quienes nunca se entusiasmaron con aquella iniciativa.

“Los diputados miran todo como si fuera una cosa normal. Y transmiten un mensaje desalentador para la sociedad”, señaló. Berni prefiere no recordar que fue el kirchnerismo de esta década, sobre todo a través de sus movimientos sociales, el que hizo recrudecer el piqueterismo como una herramienta de protesta en la Argentina. El recurso había aparecido tímidamente a fines de los 90. Se consolidó con el derrumbe del 2001.

Entre un verdadero enjambre, algunas de sus palabras no podrían pasar inadvertidas. Berni apuntó contra los legisladores de la izquierda dura, Néstor Pitrola (Partido Obrero) y Christian Castillo (Frente de Izquierda de Buenos Aires), a raíz de los problemas generados ayer en Puente Pueyrredón y la Panamericana.

“A los diputados les pagamos el sueldo para que trabajen. No para que compliquen la vida de los ciudadanos”, dijo desafiante. Esa referencia pudieron haber constituido una casualidad o un brote de enojo, tal vez, circunstancial. Aunque existe una historia que convendría ser refrescada. Hace pocos días, en Salta, gobernada por el pejotista Juan Manuel Urtubey, la Legislatura de esa provincia impuso una sanción al diputado del PO, Claudio Del Pla, por participar de una movilización de protesta docente –por cuestiones salariales– frente al Palacio Legislativo. ¿Se atreverían los K a hacer valer su mayoría parlamentaria para establecer un castigo parecido contra Pitrola?

No existen noticias, por el momento, de que aquel proyecto para reglamentar las protestas piqueteras esté cerca de alcanzar la luz.

Los desacuerdos son múltiples.

Dentro del oficialismo existen posiciones encontradas: el CELS, que respalda las políticas de Cristina, alertó sobre los riesgos de avanzar con el tema. Expresadas de otra manera, sus apreciaciones se asemejan mucho a las opiniones opositoras. Estas denuncian la intención de criminalizar la protesta.

La única convergencia posible entre los bandos sería la de pedir la libertad y el indulto de todos los manifestantes que permanecendetenidos a raíz de protestas o que poseen algún procesamiento judicial.

Nada que tenga relación con el reclamo de Berni sobre la ley antipiquetes.

Probablemente la figura del secretario de Seguridad continúe en el futuro a la par de la de Kicillof o Boudou. La recesión de la economía, admitida por el INDEC por segundo trimestre consecutivo, vaticinaría un aumento de los conflictos sociales. En especial si se tiene en cuenta que el organismo de estadísticas oficiales vuelve a distanciarse, como en los mejores tiempos de Guillermo Moreno, delos índices inflacionarios aproximados a la realidad.

Es cierto que las cuestiones de inseguridad o las acciones piqueteras, a las cuales dedica Berni su tiempo, no arrojan con facilidad rédito político. Todo lo contrario. Pero es el campo que le toca al funcionario transitar y jamás lo hace sin notoriedad. Con un afán de ese tipo encaró la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe, donde logró mejorar el humor colectivo aunque los resultados de su tarea de fondo sean todavía un enigma. Muchos crímenes –de orígenes imprecisos– siguen sucediendo en Rosario.

Berni pretende, como buen kirchnerista, algún cobijo en la política a partir del 2015, cuando cese en el Poder Ejecutivo. Un cargo legislativo sería la meta soñada. Se encarga, para ello, de acumular méritos que resulten sensibles a Cristina.

¿Qué otra intención habría tenido su sorpresiva y cerrada de Boudou por Ciccone?

Su voz sonó con fuerza, muy sonora, en medio del extendido silencio kirchnerista por aquel escándalo.