El fiscal de Estado dijo: “Lo primero que expusimos fue el antecedente de San Luis desde que el gobernador dio la instrucción para iniciar este juicio que fue pionero, a nivel de provincia, planteando la necesidad de dejar sin efecto el absurdo aumento del 2000%. Además nosotros pedimos que se hiciera para todos los usuarios, no solo para los residenciales, sino también, para las Pymes y el comercio. Así fue dado por el juzgado federal de San Luis estableciendo un grado de racionabilidad del aumento de un 70% que tomaba como base un 35% de la inflación de este año proyectada más una suma igual de aumento. Propusimos entonces que se tomara este criterio para los años sucesivos, para ir haciendo aumentos progresivos”. 

“Por otro lado, reclamé que se tuviera para el futuro cuadro tarifario en pie de igualdad a las provincias y a la Capital Federal. Hoy por hoy la Capital Federal y lo que es el cinturón metropolitano están pagando tarifas que son el 400% o el 500% menos de lo que pagamos en el interior. Es decir, todo el interior está subsidiando en la tarifa del gas a la Capital Federal”, continuó el fiscal.  

Allende reflexionó: “También hablé de las tarifas dolarizadas porque es muy raro que desde las petroleras, pero también desde el Estado nacional, se propusiera continuar con esta política de aumento del 2000% en dólares. Entonces, yo decía que todo este problema que tenemos hoy con las tarifas del gas viene derivado de la década de los 90´cuando tuvimos una moneda supuestamente equiparada al dólar y cuando hubo que salir de esa paridad todas las empresas tenían contratos dolarizados y generó la intervención del gobierno para pesificar toda la economía. Hoy, después de unos días de festejar la Revolución y la Independencia Argentina estamos dejando sin efecto la Independencia Económica porque volvemos a depender, para las tarifas de un servicio público de una moneda extranjera”.

En cuanto a la receptividad que espera que la audiencia pública tenga en el gobierno nacional, el fiscal declaró: “Esperemos que la audiencia pública realmente tenga eco. En la medida que las propuestas que se han hecho acá no sean tomadas, obviamente, que esto se va a judicializar porque habrá sido sin sentido la audiencia. Pero hay un tema más grave, que lo planteaba cuando hable, que es que no teníamos un estudio cierto o una auditoria de cuales son los costos de producción. Tanto del gobierno nacional como de las petroleras tomaron como valor del gas el que piden las petroleras. Es una barbaridad que al mismo interesado le estamos pidiendo que ponga las tarifas”. 

A lo que agregó: “Entonces para hablar con transparencia de las tarifas en boca de pozo del gas, que es lo que condiciona todo el precio posteriormente, debería hacerse una auditoria no solo de parte del Estado nacional, porque ya vemos que está manejado por el ministro (Juan José Aranguren) y por gente que viene del sector energético y de las empresas líderes petroleras, sino que tendría que tener representación de los usuarios, de todo el arco de los consumidores, incluyendo a las Pymes y a los comercios también”.

En cuanto a la posibilidad de volver a hacer otra audiencia pública por la cuestión del transporte y la distribución el fiscal comentó: “La Corte dijo que había que definir todos los tramos del costo del gas pero la audiencia tenía por objeto definir no solo el valor del gas en boca de pozo, sino también los costos de transporte y distribución”. 

Para finalizar, y en cuanto a la situación vivida por el diputado provincial, Juan Larrea, el último viernes acotó: “La verdad que es parte de la bronca de mucha gente que no ha podido participar de la audiencia. A lo que añadió: “Es una lastima la cantidad de gente que ha quedado afuera, como el diputado Larrea”.