Todavía no se sabe si tendrán lugar las PASO en Entre Ríos

Todavía no se sabe si tendrán lugar las PASO en Entre Ríos

Faltan sólo cuatro meses y aún no se hicieron las reformas legales para que en las elecciones provinciales se pueda aplicar un sistema de internas similar al del orden nacional. La promesa lleva más de un año. Sin las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, se complica el armado opositor.

Cuando terminó el mes de marzo, en el microclima político de Entre Ríos se dio por caída la posibilidad de que el gobernador Sergio Urribarri convocara a elecciones anticipadas en la provincia. No hubo un hecho concreto, una medida formal que lo acredite, sino una mezcla de contexto político y agotamiento de plazos que así lo hizo suponer. La idea se fue consolidando con sucesivas declaraciones de dirigentes de la primera línea del oficialismo afirmando que se vota todo junto (cargos nacionales, provinciales y municipales) en la fecha nacional: 9 de agosto primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y 25 de octubre elecciones generales. 

Ya en la segunda semana de abril y cuando restan menos de cuatro meses para las PASO de agosto, en la provincia se da por hecho que no hay desdoblamiento, pero persiste otra incertidumbre muy importante: con qué reglas de juego se harán las primaras entrerrianas. 

La reforma política es una asignatura pendiente que lleva décadas en la provincia y que involucra a la dirigencia de los partidos que ostentaron poder en Entre Ríos desde 1983. La lógica ha sido en todos estos años que el partido en el gobierno ha dispuestos de su mayoría legislativa para fijar las reglas de juego electorales según convengan a sus intereses. 

Así fue, por ejemplo, que a mitad de la década pasada nació la tan cuestionada Ley Castrillón, de internas abiertas y simultáneas. Esa construcción legal, redactada por el ex diputado del PJ, Emilio Castrillón (actual vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos), fue mandada a hacer por el entonces gobernador Jorge Busti para cuidar los intereses de su delfín, Sergio Urribarri, a quien había elegido como su sucesor para la “continuidad positiva” del bustismo en el poder, como se decía por esos años, ya que Busti no podía ser reelecto. 

La norma complicaba el armado de la competencia interna en el PJ que había nacido al calor de la fuerte resistencia a la bendición de Urribarri como sucesor, de parte del denominado Grupo Talleres, un importante conjunto de dirigentes del PJ que avaló la fórmula Julio Solanas – Enrique Cresto. Esas reglas de juego hicieron que por primera vez el PJ se fracture y Solanas compitiera en las elecciones de 18 de marzo de 2007 por afuera del partido, con lo que se llamó la Lista 100. 

La evocación de este hecho reciente, con actores políticos vigentes, sirve como ejemplo de lo dicho: las leyes electorales se han adaptado a los coyunturales intereses de la mayoría. Por eso suena razonable que desde la oposición se sospeche de las verdaderas intenciones del oficialismo cuando dice y repite que quiere adecuar las primarias entrerrianas a las PASO nacionales. 

Algunos sectores de la oposición temen que en la reforma política el oficialismo deje en pie el núcleo de la Ley Castrillón, que regula internas abiertas simultáneas en las que la competencia se da al interior de los partidos y no entre partidos. Y que, en todo caso, permite alianzas que se traducen en la reserva de distintos cargos en la lista para la general. No es, precisamente, un marco adecuado para un acuerdo opositor como el que buscan para los órdenes provinciales y locales la UCR, el PRO, el Frente Renovador, el GEN y en algunas jurisdicciones también el Partido Socialista. 

Alcance. 

Urribarri anunció la reforma política en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del 15 de febrero de 2014. Hace un año y dos meses. Y en todo este tiempo desde el oficialismo siempre se planteó que la reforma a la tan cuestionada ley electoral provincial sería simplemente una adaptación de la legislación provincial a la nacional que regula las PASO. 

De este modo se evitarían algunas distorsiones del proceso electoral que se percibieron en las elecciones de 2011, cuando no todos los postulantes a gobernador se presentaron a las PASO, porque la legislación provincial no obliga a competir en internas al partido que presente lista única. 

Aquella vez, las elecciones provinciales fueron simultáneas con las nacionales y eso hizo que las diferencias en las respectivas legislaciones se notaran con claridad. 

Uno de los puntos más políticamente relevante de la reforma pendiente es la posibilidad de que se garantice por ley la representación de las minorías partidarias en las listas de candidatos. La otra alternativa es que se deje a consideración de cada partido. Pero este no parece ser un tema que interese al oficialismo. 

Tiempos.

 Esta semana, diputada Rosario Romero, que desde que abandonó las filas del bustismo hace un par de años, ha pasado a ocupar un lugar importante dentro de las filas del oficialismo en la Legislatura, estimó que la demorada reforma podría tratarse en mayo o junio, y que el oficialismo contará con los consensos para introducir las modificaciones a la Ley Castrillón para adecuarla a las PASO. 

Además del borrador que el año pasado hizo circular el oficialismo y que nunca se convirtió en un proyecto en condiciones de obtener estado parlamentario, lo último que hay sobre el tema en Diputados es una iniciativa de Enrique Fontanetto.

El proyecto de ley del legislador del Encuentro Amplio Entrerriano tiene sólo tres artículos que echan por tierra la ley de internas abiertas de la provincia para adherir, sin más, a la norma nacional que plantea la obligatoriedad de competir en las PASO para la selección de candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales en la Provincia de Entre Ríos. 

Fontanetto señaló que el proyecto tiene por objeto derogar la Ley Castrillon y adherir a las Paso nacionales, “en virtud de las múltiples expresiones de los diferentes partidos y líderes tanto del oficialismo como de la oposición, que han expresado y expresan la necesidad y oportunidad de unificar criterios con Nación, con el único objetivo de crear certezas, reglas de juego claras, transparentes, con metodologías prácticas y accesibles para la ciudadanía”. 

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