Todas las miradas apuntan a la Cámara de Diputados

El asueto administrativo de hoy acorta los plazos legislativos para buscar consensos que permitan en la sesión de este miércoles abordar la enmienda del artículo 75 de la Constitución provincial, sin embargo los bloques políticos se verán las caras mañana pasada las 18:30 en la comisión de Asuntos Constitucionales donde tendrían que definir despacho que permita llegar con algo de claridad a la reunión parlamentaria de la semana, situación que desde el justicialismo ven sumamente complicado y advierten que la posición de la Alianza hace presumir que el 4 de noviembre fracasaría el tratamiento de la enmienda.

Si bien este es un tema trascendente, las miradas también están puestas en la Cámara de Diputados, porque se espera una definición respecto del veto a la ley de bosques (ver aparte), el proyecto que modifica la escala salarial del Poder Judicial y el Presupuesto Legislativo para el año próximo.

La reforma

constitucional

Para que finalmente se produzca el tratamiento de la reforma constitucional los diputados tendrán que acordar un texto definitivo que contemple el acuerdo entre el gobierno y los gremios estatales, pero que también aglutine la posición de la Alianza y otros sectores sindicales que no comparte uno de los artículos del compromiso efectuado y firmado por el Ejecutivo. De no existir esto no habrá enmienda alguna a partir de que una reforma constitucional se debe dar por unanimidad de los miembros de la Cámara de Diputados, es decir 32 legisladores, por lo que no solamente es determinante que estén todos los diputados presentes, sino conseguir unanimidad de criterios, algo que por ahora aparece muy lejano.

El justicialismo en todo momento asegura que pretende votar la enmienda que los gremios estatales acordaron con el gobierno, pero en forma inmediata tiran la responsabilidad a la Alianza sosteniendo que son ellos los que restan tomar una definición. En tanto la oposición ratificó que hay aspectos del acuerdo con el que no coinciden, especialmente porque entienden que las garantías previsionales son para los empleados estatales actuales y no se trasladan a las futuras incorporaciones.

Lo que el gobierno acordó con los gremios es que el artículo 75 deje expresamente establecido que "el sistema previsional de la Provincia es intransferible al Estado Nacional o a entes públicos, privados o mixtos de cualquier naturaleza. Su administración y recaudación no podrá otorgarse a terceros, quedando a cargo de un organismo con autonomía económica y financiera integrado por representantes del Estado Provincial, trabajadores activos y pasivos y síndicos con igual participación, aplicándose el sistema de reparto con asistencia del Estado".También resalta que "la ley asegurará jubilaciones móviles e irreductibles y pensiones de igual carácter a los beneficiarios de las mismas a quienes garantizará los siguientes derechos: Haber mensual de la jubilación ordinaria móvil de cómo mínimo el 82 por ciento de las remuneraciones actualizadas, siendo su movilidad automática.

Haber jubilatorio inicial determinados a partir de las 120 mejores remuneraciones actualizadas. Compensación de años de servicios con edad en la proporción de dos años de servicios con aportes excedentes por un año de edad faltante. Mantenimiento, como máximo, de los requisitos de acceso a los beneficios establecidos en el régimen diferenciado existente para el personal docente. Mantenimiento de las condiciones de acceso a los beneficios establecidos en el régimen especial para el personal policial".

Asimismo determina que "los empleados públicos a la fecha de incorporación de este artículo a la Constitución que accederán a la jubilación ordinaria móvil a la edad máxima de 60 años, con 30 años de aporte y 20 como mínimo al organismo previsional de la provincia".

Por último el texto de enmienda dispone que "la provincia reconoce la existencia de cajas y sistemas de seguridad social para profesionales. Además que el funcionamiento del sistema previsional se reglamentará mediante una ley específica que garantice el financiamiento y la sustentabilidad del mismo".

Casi la totalidad de este texto sería acompañado por la Alianza, pero pretenden se modifique el párrafo donde se expresa que "los empleados públicos a la fecha de incorporación de este artículo a la Constitución que accederán a la jubilación ordinaria móvil...". Aseguran que con esta incorporación lo que hace es garantizar el blindaje previsional para los que hoy forman parte de la planta permanente del Estado y hacen aportes al Insssep, pero no para las incorporaciones a futuro sobre quienes dicen pesará la armonización.

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