Titular de Crese admite tácitamente su culpabilidad

Eduardo García presentó un recurso a la Justicia, por el cual solicita llevar a cabo tareas comunitarias y pagar 30 mil pesos para resarcir a la empresa perjudicada en la incineración de un emprendimiento inmobiliario. La acción no lo inculpa legalmente, pero sí demuestra ausencia de convicción íntima de inocencia.

Ayer se confirmó lo publicado por este medio el pasado martes, sobre una nueva jugada del socialista Eduardo García para evitar, en medio de la campaña electoral, el juicio por la incineración de un restaurante en el Parque de las Naciones.

En una acción que legalmente no lo inculpa pero en términos de convicción íntima de inocencia sí, pidió la posibilidad de hacer tareas comunitarias y pagar parte del daño para no ser juzgado.

"Es verdad que la ley impide que se tome este recurso legal como indicio de reconocimiento de culpabilidad, pero indudablemente hay una cuestión de convicciones: nadie paga lo que no debe y nadie ofrece pagar lo que no ha roto", dijo a LV2 el abogado querellante, Julio Deheza.

Las declaraciones del letrado se sucedieron luego de que se supiera que Carlos Hairabedian, flamante defensor del presidente de Crese (Miguel Ortiz Pellegrini se apartó de la causa apenas notificado de la elevación a juicio), había presentado ante la Cámara 8ª del Crimen el pedido del beneficio de suspensión de juicio a prueba del imputado.

La acción apunta a trocar una más que probable condena -basada en pruebas filmográficas y fotográficas ya peritadas donde aparece García en acción incendiaria- por trabajo en organizaciones sociales.

También se puso a consideración de los camaristas una oferta de $ 30 mil para resarcir económicamente a Jorge Floridia, titular de African Forest, la empresa perjudicada.

En los próximos días, la Justicia deberá expedirse sobre la petición. Técnicamente tiene pocas chances de prosperar, puesto que el derecho invocado por el acusado comprende a todos los ciudadanos, a excepción de los funcionario públicos.

En tal sentido, cabe recordar que el 10 de noviembre de 2002, fecha en que se consumó el hecho delictivo, García era diputado nacional por el Partido Socialista.

"Es un artilugio del actual presidente de Crese para demorar la iniciación del juicio, porque es causal de suspensión. No obstante, no le corresponde el beneficio que solicita, porque él era funcionario público a la fecha de los hechos y esa figura no es destinataria del beneficio de juicio a prueba; están excluidos los funcionarios públicos", aseguró Deheza a la radio.

La Justicia y Giacomino

Lo beneficioso para el dirigente socialista es que aunque el

artilugio presentado ayer sea rechazado por la Cámara, se abrirá la posibilidad de introducir un recurso de casación y, eventualmente, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

No obstante, las pruebas son contundentes, y el final del proceso probablemente concluiría con la carrera política de ex diputado, dado a que las causas caratuladas como "daño calificado contra bienes del Estado" tienen sanciones inhibitorias para ejercer funciones públicas.

Igualmente, los ritmos judiciales podrían otorgarle al hombre el tiempo suficiente para perpetuarse en la presidencia de la recolectora municipal, si es que el intendente Daniel Giacomino tiene la tozudez de sostenerlo.

El jefe comunal ya fue laxo al mantener al funcionario, aun cuando éste terminó apoyando la alianza del socialismo con el juecista Frente Cívico, en el congreso que realizó esa fuerza política el 25 de abril pasado.

Comentá la nota